Medina Mora, el fiscal de la guerra antinarco, elevado a la Corte mexicana

El Senado mexicano ha nombrado este lunes a un antiguo fiscal general del Gobierno calderonista como magistrado de la Suprema Corte de Justicia para los próximos 15 años. La designación de Eduardo Medina Mora (Ciudad de México, 1957), aprobada en la Cámara Alta después de que el presidente Enrique Peña Nieto presentara una terna de candidatos, ha estado plagada de críticas.

A lo largo de su carrera en la Administración pública, el hasta este martes embajador de México en Estados Unidos se ha desempeñado como Procurador General de la República (2006-2009), Secretario de Seguridad Pública Federal (2005-2006) y Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN (2000-2005), cargos ejercidos durante los Gobiernos panistas, la derecha en México. Al apoyo del gubernamental PRI se sumaron el sí del PAN, el Partido Verde y Nueva Alianza, con 83 votos a favor de un total de 118. Por su parte, el PRD registró un voto particular contra su elección y el Partido del Trabajo solicitó suspender el proceso por considerar que "la Comisión de Justicia incurrió en violaciones en el trámite parlamentario".

Tras los recientes casos de Tlatlaya (donde el Ejército acabó con la vida de 22 presuntos narcotraficantes en circunstancias que todavía están siendo investigadas) e Iguala (con la desaparición, a manos de la policía local, de 43 estudiantes), el nombramiento se produce en un contexto de crisis de confianza de los ciudadanos hacia el Estado. “La clase política hace juez a un señor que simboliza la arbitrariedad, la incompetencia y las violaciones de derechos. Esto deslegitimará más las instituciones”, ha asegurado en entrevista Alejandro Madrazo, profesor del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) y responsable de la petición contra su nombramiento en el portal change.org.

“Medina Mora ha sido uno de los capitanes de la guerra contra las drogas costosa e ineficaz del expresidente Felipe Calderón, arquitecto de la catástrofe que vive hoy el país y de sus sistemas de procuración de justicia”. El profesor señala también que su llegada a la PGR coincidió con una caída en la eficacia de la institución. “Antes, la Fiscalía consignaban entre el 40 y el 48% de las averiguaciones. Durante su gestión el porcentaje bajó al 25%, lo que refleja una enorme incapacidad para realizar las investigaciones. Además, estas dejaban mucho que desear”. El académico del CIDE pone como ejemplo dos casos: El Michoacanazo (la escandalosa detención de 38 funcionarios estatales y municipales en el Estado de Michoacán por vínculos con el narcotráfico, que finalmente fueron liberados) y el encarcelamiento de Alberta, Teresa y Jacinta (tres indígenas acusadas en 2006 por un secuestro que no cometieron y que estuvieron privadas de libertad durante cuatro años).

A través de una carta, Medina Mora refutó las acusaciones y aseguró que es falso que el deterioro y la descomposición de las instituciones de seguridad se deba a su actuación. Además, el diplomático difundió en la prensa un documento del Departamento de Justicia de EE UU que prueba que nunca fue informado por el Gobierno de Washington de la Operación Rápido y Furioso, que permitió el contrabando de armas a México para rastrear a capos del narcotráfico.

A Medina Mora lo persiguen también unas declaraciones de 2009 en las que reconocía  sus propias carencias. En una misiva revelada por WikiLeaks, expresaba ante el embajador de EE UU en México su opinión sobre su sustituto al frente de la PGR: “Él sí es un buen abogado, yo no. Yo fui un buen servidor público (…) Él traerá la capacidad jurídica que yo no tenía”.

Desde la organización Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) se observa con preocupación el nombramiento. La abogada Alma Beltrán destaca que el perfil del ya magistrado de la Corte carece de “perspectiva de género y de derechos humanos”. Siendo procurador, en 2007, Medina Mora presentó una acción de inconstitucionalidad contra la despenalización del aborto en el Distrito Federal.

En opinión del profesor Madrazo, Peña Nieto nombra ministro a un “amigo personal”, pero sobre todo, a “quien es responsable de la catástrofe de derechos humanos que vive México”. Un informe de la ONU reciente, por ejemplo, reconoce que las torturas son una práctica generalizada en el país. El académico del CIDE sostiene que muchos de estos casos llegarán a la Suprema Corte en los próximos años. “Medina Mora deberá entonces ser juez y parte”, sentencia.