Correa busca la reelección indefinida

La Asamblea Nacional de Ecuador ha comenzado el proceso para cambiar en las próximas semanas, sin referéndum, la Constitución de 2008. El lunes se reactivó la comisión creada para tramitar las 16 enmiendas constitucionales planteadas en 2014 por el bloque legislativo de Alianza País, el movimiento político del presidente Rafael Correa, que tiene mayoría absoluta en el Legislativo. La medida más polémica es la que pretende permitir la reelección indefinida en el cargo de presidente.

La comisión presentará el informe para el segundo y definitivo debate a finales de noviembre, para que las enmiendas se aprueben antes de que termine 2015. Los asambleístas del oficialismo están cumpliendo con los plazos previstos para que la enmienda más polémica, la que permitirá la reelección indefinida de las autoridades de elección popular, surta efecto en las elecciones de 2017 y desbloquee la posible postulación de Rafael Correa, que ya ha tenido dos periodos presidenciales —una situación similar a la que se vive en Bolivia con el mandato de Evo Morales—. El Código de la Democracia es claro en esto y señala que cualquier reforma que afecte a un proceso electoral debe hacerse como mínimo un año antes.

Correa, sin embargo, ha negado tener interés en buscar nuevamente la presidencia, pero también ha dicho que estará donde su movimiento político lo requiera. A esta ambigüedad se ha sumado la sugerencia que ha hecho el mandatario a sus asambleístas en la última semana: incluir una disposición transitoria que impida que los posibles beneficiarios de la reelección indefinida se postulen en las elecciones generales de 2017. Si su petición es tomada en cuenta, él y muchos asambleístas que ahora mismo tramitan la enmienda constitucional no podrían optar a la reelección en los siguientes comicios.

Para muchos analistas la declaración del presidente es una maniobra de distracción y no tiene lugar en esta etapa del proceso. El legislador de la oposición Luis Fernando Torres califica la iniciativa del presidente de “un globo de ensayo” y argumenta que no se puede incluir algo que no fue parte del primer debate legislativo. Para el jurista y académico Farith Simon, “es una buena manera de bajar la presión política en vísperas del segundo debate”. Queda entonces por ver el tratamiento que dará el bloque oficialista a la petición del líder de su movimiento político.

Las otras enmiendas polémicas tienen que ver con el cambio del rol de las Fuerzas Armadas, que pasarían a ocuparse de la seguridad interna; la disminución de las competencias de la Contraloría, que dejaría de ver cómo se gasta el dinero público; y la declaración de la comunicación como un servicio público, que es leído como una estrategia para aumentar el control del Estado sobre los medios de comunicación privados.

Una parte de la ciudadanía se ha manifestado en contra de los cambios constitucionales y hay un consenso entre la oposición, que exige una consulta popular. La semana pasada hubo una marcha de rechazo a las enmiendas y habrá otra el próximo 24 de noviembre. En las redes sociales, además, circulan vídeos de personalidades que piden el archivo de las enmiendas.

En su defensa, los asambleístas del oficialismo insisten en que han socializado las enmiendas en las 24 provincias, que han hecho casi 170 reuniones y diálogos con varios sectores sociales, y que el país ha aprobado que la Constitución cambie. El aparato de comunicación del Estado se ha aplicado a fondo para difundir esto a través de una página web (enmiendas.ec) que explica, entre otras cosas, por qué no se hace una consulta popular y cuáles son los beneficios de cada uno de los cambios.