La Última Cena

No recuerdo una situación tan difícil de explicar como la que implica la captura del hermano del expresidente de Colombia y ahora senador Alvaro Uribe, el caballista Santiago Uribe, investigado por la conformación del grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles” y el homicidio del conductor Camilo Barrientos en 1994.

Este grupo es responsable de cientos de crímenes, en una de las épocas más oscuras de Colombia, cuando los paramilitares eran el brazo armado del poder civil y militar contra la guerrilla y sellaban con ellos pactos de sangre y coca para exterminar a la guerrilla, desplazar a sus supuestos colaboradores, llenar sus arcas, extender su control territorial y refundar la Patria.

Está siendo investigado hace casi 20 años. El proceso ha pasado por archivo por falta de evidencias, cuestionamientos sobre la credibilidad de algunos testigos hasta su reapertura hace 6 años y al llamado a indagatoria hace 3, luego de que el mayor en retiro de la policía Juan Carlos Meneses declarará desde el exilio contra Santiago Uribe. Aseguró que “Los 12 Apóstoles” se creó en la finca La Carolina, de propiedad del Santiago Uribe.

La Fiscalía pidió entonces a la Corte Suprema de Justicia todos los expedientes que mencionaran a Santiago Uribe y pidió interrogar a cinco exjefes paramilitares, tres de los cuales -alias don Berna, “don Mario” y el cabecilla de un bloque conocido como el Cacique Pipintá- dieron testimonios de que terceros, especialmente Vicente Castaño, el hermano del fundador de estas Autodefensas, les habían dicho de la relación con Uribe.

Los congresistas del Centro Democrático, la bancada de la oposición, reaccionaron como era esperable y como si Santiago Uribe fuera el Leopoldo López venezolano, acusaron al presidente Juan Manuel Santos de aplicar prácticas mafiosas por meterse con la familia del expresidente, llamaron a una rebelión contra la que calificaron como la dictadura del gobierno de Santos, advirtiendo que la Fiscalía ha dado suficientes muestras de haber cruzado el fundamento de la división de poderes y por lo tanto que el gobierno estaría detrás de la orden de captura.

Y en las últimas horas, el mismo expresidente Uribe salió a anunciar que hará una declaración para acusar al mandatario de manipular al poder judicial, someter con dinero al Congreso, condicionar alcaldes con el plebiscito con el que debe quedar refrendado el acuerdo de paz al que se llegue en La Habana. Y vía twitter dice que ahora irán por sus hijos.

La respuesta inicial del Gobierno fue la decisión de Santos de plantear una veeduría internacional para que dé garantías a Santiago Uribe y a su hermano el expresidente, quien días antes, había visitado la CIDH en Washington para denunciar una persecución política a su familia. Posteriormente y con el correr de las horas y en la medida en que los insultos uribistas lograban llenar de rabia y desesperación al gobierno, tres ministros salieron a defender las decisiones judiciales vía twitter con un lenguaje poco comprensible.

Adicionalmente, el presidente Santos exigió a todos los procesados del país, independientemente de sus inclinaciones políticas, acogerse como cualquier ciudadano a las decisiones judiciales y defenderse en el estado de derecho.

Es imposible creer los señalamientos de que este gobierno habla de paz y provoca una situación como esta. Especialmente porque radicaliza al país en momentos en que Santos está buscando lo contrario: unir y reconciliar. Es por eso que no resulta creíble que el mandatario colombiano, a pesar de su irremediable distancia con Uribe, se hubiera confabulado con el fiscal Eduardo Montealegre o el vicefiscal Jorge Perdomo.

La hipótesis del congresista Samuel Hoyos del CD en el sentido de que Santos está tratando de chantajear a Uribe para que él, su familia y sus funcionarios, -los que no están ya presos o sindicados-, se sometan a la Jurisdicción Especial de Paz no es sensata. Los uribistas no entrarán en la JEP y no porque los delitos que pudieran haber cometido no estén relacionados con el conflicto armado. Es porque no van a aceptar la comisión de esos delitos. Y si antes se pensaba en que podían en nombre de la reconciliación de todos, y se rumoraba sobre algunas visitas “a la isla de Fidel” para hablar con los guerrilleros de las FARC, pues con esa detención se cerraron todas las puertas.

Ahora bien, negar que la justicia debía investigar, que existe el material y los testimonios que hacen a Santiago Uribe, objeto de ser procesado, es imposible. Pero creer que la actual Fiscalía está actuando sin cálculos políticos es igual de impensable. Ha demostrado lo contrario y sus decisiones están marcadas por la soberbia de una lengua que justifica en el contexto y el aprendizaje alemán cada una de sus decisiones con las que termina crucificando al Gobierno, del que se dice amigo.

Ojalá el juez al que le toque este caso logre demostrar con pruebas el sentido de su fallo en un proceso tan delicado y que por el bien del país recupere la justicia el honor y la credibilidad. Si Santiago Uribe debe pagar, que sea con todo el rigor de la justicia. De todos los problemas que ha visibilizado la captura de Santiago Uribe, este es el peor de los males: que las decisiones de nuestra justicia no sean aplaudidas y respaldadas. Del caso Lula en Brasil, de Otto Pérez en Guatemala, Fifagate, alguna lección hay que aprender. Local o internacional, la justicia tiene que llegar.

Diana Calderon es directora de informativos y de @hora20 de Caracol Radio Colombia. Twitter @dianacalderonf