Petrobras, el escándalo que cimentó la caída de Rousseff
El escándalo en la petrolera no afecta directamente a la presidenta destituida, pero alcanzó a la cúpula de su partido y sus aliados
Dilma Rousseff ganó las elecciones de octubre de 2014 pasando de puntillas por el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, con 78.400 empleados y cuya capitalización bursátil es de 38.236 millones de euros. La investigación, en aquel momento, apenas alcanzaba a personajes secundarios y directores de la compañía y aunque Rousseff era parte del consejo de la petrolera en la época más lucrativa de la trama, sorteó todas las acusaciones que podían comprometerla apelando a una “honestidad” que incluso sus enemigos defienden hasta hoy.
La policía, sin embargo, continuó escarbando en los despachos y conforme los acusados delataron a sus compinches, el cerco fue cerrándose en torno a la presidenta y su Partido de los Trabajadores (PT), que sufrieron un inevitable desgaste. Las primeras manifestaciones populares contra el Gobierno, iniciadas al día siguiente de su victoria electoral y que tenían la lucha contra la corrupción como bandera, se alimentaron —hasta convertirse en las mayores de la historia democrática de Brasil— gracias a las filtraciones, a veces selectivas, de detalles de la investigación.
Una larga lista de políticos
Las pesquisas escalaron durante estos dos años hasta llegar a las altas esferas del PT. El tesorero del partido, João Vaccari, fue condenado a cárcel por blanquear los sobornos que exigía en nombre del partido; el líder del PT en el Senado, Delcídio Amaral, acaba de ser cesado tras su detención por obstaculizar la investigación; el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva es sospechoso de recibir regalos de las empresas involucradas en la trama y el creador de las campañas del partido desde 2006, el publicitario João Santana, aún está en la cárcel, acusado de recibir millones de procedencia ilegal para financiar las campañas electorales.
Hasta hoy, y a pesar de todo, no hay acusaciones de enriquecimiento personal contra Rousseff —aunque la fiscalía quiere que se investigue si obstaculizó las investigaciones—, pero sí contra los que articularon su destitución. Aécio Neves, su rival en las elecciones con el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), está bajo sospecha por recibir sobornos mensuales; Eduardo Cunha, el expresidente del Parlamento que propició el impeachment, está acusado de tener varias cuentas secretas y millonarias en Suiza, infladas con el dinero ilegal de Petrobras. El mismo presidente del Senado, Renan Calheiros, del PMDB, antiguo aliado del Gobierno, bate el récord de investigaciones a sus espaldas con 11 procesos abiertos; Romero Jucá, presidente nacional del partido y ministro en el recién estrenado Gobierno, tiene seis investigaciones.
La inocencia del actual presidente en funciones, el vicepresidente Michel Temer, del PMDB, también está en entredicho, aunque no está siendo investigada. Temer fue citado en las declaraciones de varios acusados de la trama por recibir sobornos de constructoras e intermediar en la adjudicación de cargos en áreas estratégicas de la petrolera que, durante años, sobrefacturó obras para llenar los bolsillos de todos los implicados.
Ayer, en su despedida, Rousseff, vestida de blanco impoluto, repitió un mantra que pretende que llegue a los libros de historia: “Nunca permití la corrupción, nunca recibí sobornos y no tengo cuentas en el exterior”.
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