Argentina quiere bajar la edad penal a 14 años tras un escandaloso asesinato

Un asesinato que conmovió a Argentina en el barrio de Buenos Aires donde nació y creció el Papa Francisco, Flores, ha servido como espoleta para remover un proyecto polémico que lleva tiempo rondando la política de este país: la reducción de la edad penal de 16 a 14 años. Argentina conserva aún unas cifras de muertos por robo menores que las de otros países latinoamericanos, pero es un problema creciente, sobre todo por el aumento del narcotráfico –el Papa llegó a hablar del riesgo de “mexicanización” de su país- y el Gobierno de Mauricio Macri lanza mensajes constantes de que está dispuesto a responder con mano dura. Hace dos semanas, un menor -15 años- y un adulto dispararon durante un robo a un coche en el que viajaba Brian Aguiñaco, de 14 años, y su abuelo. Brian murió con una bala incrustada en la cara y el barrio del Papa se movilizó para exigir mayor seguridad.

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Al lado de esta zona de trabajadores que fue de clase media está la villa 1-11-14, la más peligrosa de la capital, y precisamente allí vivían los ladrones. El menor se fugó a Chile, pero fue detenido allí por la Interpol. Ahora el Gobierno de Macri anuncia que va a introducir en el Congreso una reforma para bajar la edad penal a 14 años, algo que colocaría la legislación argentina entre las más duras de Latinoamérica. De hecho la mayoría de los países tiene la edad penal en 18 y no 16 como Argentina,que tiene una legislación de menores que viene de la dictadura. Hay 12 sentencias de cadena perpetua a personas que cometieron el delito cuando eran menores de 18 años.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, explica a EL PAÍS que se va a hacer una reforma completa y no en caliente de la legislación de menores. “Vamos a hacer un trabajo serio en base a lo realizado en 2016 con Unicef y jueces de todo el país”. Garavano confirma la intención del Gobierno de enviar un proyecto al Congreso a finales de año, después de las elecciones en las que se renovará buena parte del Parlamento, tras un debate en una comisión específica. Esa rebaja de la edad penal a 14 años, que el ministro confirma, “solo se plantea por crímenes muy graves: robo con armas, violaciones, homicidios, tráfico de drogas, armas o personas”.

Esto es, esa reforma afectaría directamente a casos como el de Brian, cuyo presunto asesino, también llamado Brian, miembro de una familia desestructurada con problemas con la justicia, tiene menos de 16 años. La decisión del Gobierno de promover esta forma de mano dura ha recibido múltiples apoyos entre una ciudadanía asustada por la inseguridad. Incluso el presidente del Colegio de Abogados de Buenos Aires, Guillermo Lipera, la respaldó: "Estoy de acuerdo porque no es lo mismo un chico de 14 hoy que hace 30 años, pero creo que debe ser un punto dentro de un conjunto de medidas".

Sin embargo, la diputada Margarita Stolbizer, que fue candidata presidencial aliada con los socialistas y apoya ahora al Gobierno de Macri en muchos asuntos, clamó contra una medida “populista y demagógica”. “Hubiera sido bueno que el Presidente empezara el año con el propósito de mejorar la escuela secundaria y no el de meter más chicos presos. ¿Y si prueban con educación igualitaria y de calidad en lugar de seguir con las cárceles que son la academia del delito? De ahí no salen mejores", se indignó.

También criticó el proyecto el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. "Esta medida solo profundiza la criminalización y estigmatización de los jóvenes", dijo en un comuncado de la Fundación Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) que dirige.

Emilio García Méndez, presidente de la Fundación Sur Argentina, dedicada a la defensa de los derechos de niños y adolescentes, explica que la actual legislación argentina, “un decreto que lleva la firma de [el exdictador] Jorge Rafael Videla”, deja en manos de los jueces qué hacer cuando es menor de 16. Por eso él rechaza bajar la edad penal, que implicaría tratar a los menores como adultos, pero propone “un régimen penal entre 14 y 18 años con penas diferenciadas”. “Todos los países de América Latina, menos Argentina, tienen sistemas de responsabilidad penal juvenil, la mayoría entre los 14 y 18 años, algunos como Brasil entre los 12 y los 18 y otros como Uruguay, entre los 13 y los 18. Como aquí los menores de 16 años no tienen derecho a un debido proceso, los adultos le tiran todos los crímenes a los menores”, señala. “Argentina es el país con más condenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por temas vinculados a los menores: cuatro entre 2003 y 2013. El problema es que los menores de 16 años si son pobres van presos y sin proceso y si no son pobres se los entregan a los padres”.