El centro de torturas icono de la dictadura argentina será la sede del ministerio de Justicia

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Argentina resignifica sus espacios más oscuros. La Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), por donde más de 5.000 personas fueron encerradas, torturadas y asesinadas entre 1976 y 1983, será sede del ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En el edificio ya funciona el Museo de la Memoria, un archivo, un centro cultural y otra decena de espacios erigidos por el kirchnerismo para no olvidar a quienes murieron en sus sótanos. El gobierno de Mauricio Macri ha decidido ahora dar un destino oficial a una construcción del complejo que aún está vacía, el mismo donde estaba la discoteca donde los oficiales se divertían con “las chicas”, como llamaban a las detenidas que forzaban a participar de sus fiestas. Los organismos de Derechos Humanos, como Abuelas de Plaza de Mayo, pusieron reparos al traslado, pero finalmente han consensuado los términos.

La ESMA es un predio de 17 hectáreas y una treintena de edificios inaugurado en 1924 para, entre otras dependencias, ser la sede de un colegio técnico vinculado a la Armada. La escuela funcionó incluso cuando el casino de oficiales ya se había convertido en un centro clandestino de detención, al punto que algunos estudiantes fueron forzados a trabajar como custodios de los detenidos. Desde la ESMA, la Marina coordinó el secuestro y la desaparición de miles de opositores hasta convertir el lugar en icono del terrorismo de Estado. Contó con salas de tortura, celdas y unidades de “traslado”, eufemismo que refería al paso previo a la muerte. La mayoría de las víctimas fueron arrojadas vivas al Río de la Plata desde el aire. Una de las particularidades de la ESMA fue su maternidad, donde nacieron 34 bebés de detenidas desaparecidas que luego fueron entregados a apropiadores.

Con el regreso a la democracia el edificio fue un problema. Siguió en manos de los militares mientras los tribunales condenaban a los jerarcas del régimen y avanzaban sobre la “mano de obra” de la represión, es decir los autores materiales de los crímenes. En 1998, el presidente Carlos Menem, en nombre de reconciliación nacional, anunció que la ESMA sería demolida para construir en el lugar un parque. Pero supervivientes y familiares de desaparecidos se opusieron con el argumento de que se borrarían pruebas de eventuales investigaciones futuras. La justicia les dio la razón y la ESMA siguió allí, silenciosa tras las rejas que bordean la avenida Libertador en el norte de Buenos Aires, de espaldas al río.

Con el kirchnerismo el edificio se convirtió en lo que es hoy: un sitio destinado a la memoria de la dictadura, bajo control estatal y de las organizaciones de Derechos Humanos. Trasformar un centro de torturas en un lugar de encuentro no fue fácil. “Siempre hubo muchas posiciones entre nosotros, desde aquellos que quisieron que la ESMA esté vacía para siempre hasta los que decían que había que trabajar en un espacio de transmisión de la memoria. Esa fue la opinión que finalmente predominó, aunque aún subsistan 80 variantes. Muchos fuimos cambiando de opinión en el camino”, dijo Daniel Tarnopolsky, quien perdió en la ESMA a sus padres y a sus dos hermanos.

Macri ha decidido ahora que también funcione allí la sede del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo que garantizará más recursos para mantenimiento. Unas 350 personas abandonarán la sede actual de la cartera, ubicada en el microcentro financiero de la ciudad, entre ellas el ministro Germán Garavano, impulsor de la iniciativa. "Hoy estamos en un edificio muy disfuncional, con mucha gente. Y nos pareció que el hecho de que el ministro de Justicia, que también es de Derechos Humanos, esté en un lugar tan emblemático era una forma de ponerlo en valor. Las agrupaciones no pusieron reparos porque la intención es fortalecer el espacio", dice el secretario de Justicia, Santiago Otamendi.

Las organizaciones de Derechos Humanos mantienen con Macri una relación tensa, sobre todo desde que el presidente puso en duda la cifra de 30.000 desaparecidos por la dictadura militar. Por eso el Gobierno necesita su aval si pretende concretar la mudanza sin conflictos. Desde el ministerio de Justicia informaron de que ya se ha llegado a una solución de consenso y que el proyecto está en marcha.

Tarnopolsky, miembro del espacio Buena Memoria, no estuvo de acuerdo con la llegada de una oficina “dependiente de la política oficial del momento”, pero aceptó la idea para honrar el acuerdo cerrado por el resto de las organizaciones. “El ministro nos dijo que no va a haber secretarias y subsecretarias, sino sólo ciertas dependencias consideradas blandas. Nos prometió además que no habrá manifestaciones de ningún tipo y los problemas sindicales estarán en otro lado”, explica. En el fondo está la discusión sobre qué debe hacer un país con los sitios que ligan su presente con la muerte del pasado. Tarnopolsky lo tiene claro: “No debemos perder de vista que el objetivo es memoria, verdad y justicia. Y que la ESMA no debe ser un santuario o un cementerio”.