Las FARC inician el congreso para crear su partido político

Más de un millar de excombatientes de las FARC pasarán una semana en Bogotá. Lo harán sin armas, sin esconderse. La que hasta el 15 de agosto fuera la guerrilla más antigua de América Latina se reúne en la capital de Colombia para celebrar el Congreso del que saldrá convertida en un partido político. “Más de uno se va a asustar”, dice en tono de broma Iván Márquez, el número dos de la formación. Nunca, en el más de medio siglo que ha durado el enfrentamiento armado entre la ya exinsurgencia y el Estado, tantos farianos habían pisado esta ciudad.

Del 27 al 31 de agosto, un delegado por cada 20 exguerrilleros debatirá los estatutos del partido, el tipo de organización, los representantes, los principios que defenderán y el nombre con el que se presentarán a las elecciones presidenciales de agosto de 2018. Rodrigo Londoño, alias Timochenko, liderará el Congreso con el Estado Mayor, el máximo órgano de la formación. El líder de las FARC llegó a Bogotá el pasado 21 de agosto desde Cuba donde se recuperaba de una isquemia cerebral que sufrió en marzo.

Hasta el momento, los altos mandos de las FARC se han limitado a publicar en sus cuentas de Twitter algunos de los lemas que formarán parte del programa con el que construirán lo que denominan la Nueva Colombia: protección del medio ambiente, luchar contra la desigualdad, el diálogo como instrumento político, apoyo a la clase trabajadora y la convergencia y la unidad en torno a los acuerdos pactados durante casi cuatro años en La Habana. “Se requiere modernizar un Estado pseudofeudal”, asegura Pastor Alape, miembro del Secretariado. El partido que surja de este evento buscará una amplia coalición que “rebase las lindes de la izquierda”, en palabras del comandante. “Nuestro marco es la democracia liberal”.

El nombre del movimiento será clave para su pulso en las urnas. El pasado 15 de agosto, cuando se cerró el último contenedor de la ONU con las armas de las FARC, Iván Márquez anunció que la denominación elegida sería Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia. “Siento que una mayoría quiere mantener las siglas”, dijo dos semanas antes de que esa mayoría se sentara en un congreso. Pocos días después, Londoño abrió una encuesta en Twitter para sondear otras opciones: Nueva Colombia, FARC-EP, Esperanza del Pueblo y Nuevo Partido.

“Mantener las siglas es la respuesta a un proceso histórico de lucha campesina que se quiere respetar”, opina Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC y miembro de Izquierda Unida. “Cambiarlas sería abrirse a una nueva etapa que represente mucho más que la lucha armada”. Para Medina Gallego, de la Universidad Nacional, sería un desacierto comunicativo mantener la misma denominación: “Tienen que ganarse el electorado, ser incluyentes y tratar de desmarcarse de ese pasado que tanto daño causó. En las zonas rurales les puede ir mejor porque tienen unas bases sociales ganadas, pero en las ciudades la aceptación podría ser más difícil”.

Las FARC realizarán un tránsito hacia la vida política que ya hizo en Colombia el grupo guerrillero M-19 después de desmovilizarse en 1990. En la región tienen los ejemplos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de Salvador en 1994 y la coalición que dio lugar a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca en los ochenta.

Representación parlamentaria asegurada

En la Corte Constitucional se establecen las reglas bajo las cuales las FARC harán política. El acto legislativo que se pactó en La Habana para que el movimiento, una vez dejara las armas, incursionara en ese escenario, está en manos de los magistrados que deberán decidir si lo declaran o no constitucional.

Los acuerdos les otorgan cinco cupos fijos en el Senado y el mismo número en la Cámara, con la condición de que participen en la contienda electoral aunque no logren la votación mínima. Desde la Procuraduría han explicado que son escaños adicionales a los que existen y que en nada afectan la participación de candidatos de otros partidos políticos. El órgano de investigación a los funcionarios alega también que no es una figura extraña en el sistema político colombiano porque había sido prevista en un artículo transitorio de la Constitución de 1991.

El alto comisionado de paz, Rodrigo Rivera, ha defendido la propuesta reiterando que son medidas transitorias y excepcionales que se aplicarán máximo hasta 2026. Rafael Pardo, alto consejero para el Posconflicto, argumenta que los controles y prohibiciones establecidos para los otros partidos serán aplicables de la misma forma para el movimiento de las FARC. No habrá privilegios.

“Lo ideal para que entren con mayor legitimidad ante sus pares en el Congreso y ante la ciudadanía es que lo hagan gracias a los votos y no tengan que acudir a esa figura de escaños gratis que les otorga el acuerdo", razona Carlos Medina Gallego del Centro de pensamiento y seguimiento al proceso de paz de la Universidad Nacional.

El pacto de La Habana, además, deja abierta la posibilidad de que haya simultaneidad entre la participación política y el cumplimiento de penas. Ninguna sanción impuesta a los guerrilleros por la Justicia Especial para la Paz (JEP) generará inhabilitación. “El proceso con la justicia debió estar antes que la idea de hacer política. ¿Qué pasa si resulta elegido y después recibe una condena? Los electores deben tener la posibilidad de saber por quién están votando, conocer por qué delitos los juzgaron y si pagaron por ello”, cuestiona Frederic Massé, experto en conflicto armado y director del Centro de investigaciones de la Universidad Externado.