Una decisión del Supremo israelí aviva la tensión por el rechazo ultraortodoxo a hacer la mili

La Corte Suprema de Israel ha echado por tierra el actual sistema por el que los religiosos ultraortodoxos judíos en edad de cumplir con el servicio militar pueden quedar exentos siempre y cuando se cumpla la cuota mínima que el colectivo debe aportar al ejército, aprobada por el Gobierno israelí en el año 2015.

El Alto Tribunal hebreo considera que el acuerdo por el que el Ejecutivo de Netanyahu enmendó la ley vigente de 2014, reduciendo considerablemente esa cuota -y que fue ratificado entonces por la Knesset (Parlamento israelí)- tuvo como resultado una “ley inconstitucional, desproporcionada y que socava la igualdad”, según recoge el texto de la Corte Suprema del que se hacen eco varios medios israelíes.

Ocho de los nueve jueces votaron a favor de dejar sin efecto la norma. Además, los magistrados le dan al ejecutivo de Netanyahu un plazo de un año para encontrar otra fórmula que permita que los haredíes cumplan con la obligación de prestar el servicio militar, sin perpetuar la desigualdad vigente.

Una decisión que levantó una tormenta de críticas entre los socios de Gobierno de Netanyahu que ven en la exención del ejército de los ultraortodoxos una de las líneas rojas que el Ejecutivo israelí no debe traspasar. “Utilizaremos toda nuestra fuerza para enmendar esa ley y proteger el marco actual”, dijo el líder del Shas y Ministro del Interior, Aryeh Deri, investigado por la policía israelí por supuesto fraude, evasión de impuestos y lavado de dinero. Otro dolor de cabeza con el que tendrá que lidiar el primer ministro hebreo que estos días se encuentra de gira oficial por Latinoamérica.

El anterior Gobierno de Netanyahu, cuyo principal socio era el partido de centro laico Yes Atid -fundado por la estrella televisiva, Yair Lapid- logró acordar la incorporación progresiva de los haredíes a filas a través de un sistema de cuotas que se incrementaría anualmente, la conocida como Ley de Servicio igualitario de 2014, que sacó a miles de religiosos a protestar a la calle. Al año siguiente, con la salida del Gobierno de Lapid y la nueva celebración de elecciones, los partidos religiosos Shas y Judaísmo Unido de la Torá pusieron como condición para dar su apoyo al nuevo Gobierno de coalición de ultraderecha de Netanyahu, enmendar esa Ley, que apenas echaba a andar. Las cuotas fijadas para la incorporación a filas de haredíes se redujeron notablemente y el Supremo recibió cuatro apelaciones: tres por discriminación de los no haredíes y una por discriminación de los ultraortodoxos frente a otras minorías del país, como los árabes, exentas de ir al ejército.

Según los datos del Comité Tal -encargado del estudio para sustituir en 2012 la Ley Tal por la que los haredíes podían aplazar indefinidamente su entrada en el ejército- y de varias asociaciones Ultraortodoxas, el año pasado 74.700 ultraortodoxos retrasaron su alistamiento y de los 3.200 que deberían haberse incorporado a filas, de acuerdo con la ley enmendada tumbada ahora por la Corte Suprema tan sólo lo hicieron 2.800.

Este miércoles, el barrio ultraortodoxo de Meah Shearim, en Jerusalén, amanecía regado de pasquines en contra del ejército y en los que los líderes de la comunidad instaban a los jóvenes a no cejar en su empeño de “seguir estudiando la Torá a pesar de los demonios que tratan de desviaros del camino”. En estas comunidades -que según los datos oficiales engloban al 11% de la población israelí- suponen un desafío constante al estado hebreo. Las agresiones a policías y militares durante el reclutamiento de jóvenes haredíes son frecuentes, así como las protestas en las que suelen quemar y golpear monigotes con el uniforme del Tsahal -ejército- colgados en plena calle.