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La ley, conocida como SB54, fue presentada por el presidente del Senado, Kevin de León, con el nombre de Ley de los Valores de California. La presentó en diciembre, antes incluso de que tomara posesión Trump. Básicamente, prohibía toda colaboración con la policía de inmigración en todo el Estado. Se presentó con el argumento de que los inmigrantes irregulares hacen una importante aportación a la economía y la convivencia de California (donde se calcula que vive una cuarta parte de los 11 millones de indocumentados del país), el Estado más rico y más poblado de EE UU.

La policía de inmigración no tiene capacidad para detener y deportar a tanta gente. En Estados Unidos, la competencia de inmigración es del Gobierno federal, pero los estados y las policías locales tienen competencias de seguridad plenas. El Gobierno de Donald Trump, a través del fiscal general Jeff Sessions, pretende que las policías locales de todo el país ayuden a identificar y detener a inmigrantes sin papeles solo por el hecho de estar indocumentados.

Sin embargo, la mayoría de las grandes ciudades de EE UU adoptan lo que se ha llamado políticas de santuario. Se trata de un término difuso que se refiere a las ciudades que no emplean sus recursos en perseguir inmigrantes. En las grandes ciudades, eso supondría hacer que cientos de miles de personas no confiaran en la policía local. La aplicación de estas políticas varía ampliamente de un municipio a otro. La SB54 viene a imponer un criterio único para todas las fuerzas del orden californianas, y ese criterio es mantener a Trump a raya.

Donald Trump hizo campaña diciendo que las ciudades santuario eran una desgracia para el país. Sessions ha afirmado que ponen en peligro la seguridad de los norteamericanos y ha llegado a amenazar con retirar fondos federales. La respuesta de California llegó el jueves, con la firma del gobernador. La policía de inmigración no tendrá ninguna ayuda.

La ley creó cierta preocupación entre el Partido Demócrata, que domina todos los puestos estatales y tiene mayoría en las dos Cámaras. El concepto de Estado santuario, en el que las policías locales pierden margen para hacer su propia política, no sentó bien en algunos cuerpos policiales. Además, es un término de difícil venta y está dando nuevas energías a la oposición republicana, aunque esté bajo mínimos.

De León se encontró con el rechazo de la Asociación de Jefes de Policía de California y la asociación de sheriffs. El propio gobernador Brown, importante aliado político de De León, expresó en público sus dudas. Finalmente, los proponentes aceptaron una serie de enmiendas que daban más margen a los agentes de la ley para tomar decisiones según qué casos. Los dos principales cambios fueron poner una amplia lista de 800 delitos y faltas por los que sí se puede entregar a un detenido a la policía de inmigración (ICE). Además, se permitirá a ICE hacer entrevistas en las cárceles.

La versión final mantiene que ningún policía de California, desde San Diego hasta Eureka, podrá preguntar a un ciudadano, incluso detenido, cuál es su situación migratoria. Tampoco podrá retener a alguien a petición de las autoridades de inmigración (que emiten lo que llaman “peticiones de detención” para que la policía local se espere hasta que lleguen), a no ser que haya una orden judicial o el individuo esté detenido por uno de esos 800 delitos. No se podrá detener a alguien solo porque hay una petición civil contra él por inmigración irregular. Los policías de California no pueden ser puestos a las órdenes de ICE ni participar en vigilancia de la frontera.

La ley, que entra en vigor el 1 de enero de 2018, “no impide a ICE o al Departamento de Seguridad Nacional hacer su trabajo de ninguna manera”, dijo el gobernador Brown el miércoles en un comunicado en el que explicaba por qué había firmado la polémica ley. “Son libres de utilizar sus considerables recursos propios para hacer cumplir la ley en California”. Esa es la clave: solo los suyos, no los del Estado.

Brown acompañó la nota con una reflexión: “Estos son tiempos inciertos para los californianos indocumentados y sus familias, y esta ley consigue un equilibrio que protegerá la seguridad pública y al mismo tiempo dará algo de alivio a las familias que viven con miedo en el día a día”.

“La firma de la SB54 llega en un momento crítico de nuestra historia”, dijo el principal impulsor de la ley, el senador estatal Kevin de León. “No vamos a quedarnos parados mientras el presidente Trump y el fiscal Sessions buscan dividir a esta nación convirtiendo a familias honestas y trabajadoras en cabezas de turco y pintando a los inmigrantes como si fueran una amenaza que debe ser neutralizada”. De León añadió que “California está construyendo un muro de justicia contra las políticas de inmigración xenófobas, racistas e ignorantes del presidente Trump”.