Francia quiere definir el acoso sexual en la calle para penalizarlo
La ley que prepara el Gobierno también pretende prolongar el periodo de prescripción de los delitos sexuales contra menores y definir una edad mínima de consentimiento
¿En qué momento una acción como silbar a una mujer, lanzarle un piropo o seguirla por la calle deja de ser algo solo potencialmente incómodo o maleducado para convertirse en un acoso sexual punible? Eso es lo que el Gobierno de Emmanuel Macron quiere consultar a los ciudadanos, para legislar sobre ello y penalizar el acoso en la calle. La secretaria de Estado para la Igualdad entre los hombres y las mujeres, Marlène Schiappa, ha anunciado este lunes los planes del Ejecutivo francés para presentar en 2018 un proyecto de ley “contra la violencia sexista y sexual” que castigue esos actos. La normativa también prevé prolongar el periodo de prescripción de los delitos de violencia sexual contra menores de 20 a 30 años y definir una edad de consentimiento para mantener relaciones sexuales.
El primer paso comienza este mismo lunes. Según ha anunciado Schiappa en el diario La Croix, el Gobierno ha lanzado una “gran consulta ciudadana” sobre la materia. La idea, explica en el rotativo, es que “la sociedad en su conjunto redefina qué es aceptable y qué no” en materia de acoso sexual en la calle, una cuestión que se encuentra en una “zona gris entre la seducción consentida y la agresión sexual o la injuria pública”, como señala en la web de su Secretaría.
Para ello, los ciudadanos podrán ayudar a redactar el texto legal a través de los 300 talleres organizados por todo el país hasta el 8 de marzo —día internacional de la mujer— del año que viene en el marco de una iniciativa denominada Tour de Francia de la igualdad, lanzado a comienzos de mes. En paralelo Schiappa, que elaborará el proyecto de ley junto con la ministra de Justicia, Nicole Belloubet, ha abierto un diálogo con actores relevantes de la sociedad, desde magistrados a policías. Y también ha creado un grupo de trabajo parlamentario sobre “la verbalización del acoso de la calle” formado por cinco diputadas de diversos partidos que deberán elaborar un informe antes de fin de año en el que propongan una definición de acoso sexual en la calle y maneras de penalizar este comportamiento.
Una infracción difícil de definir y de aplicar
La multiplicación de esfuerzos demuestra la dificultad que entraña definir y penalizar este tipo de infracción. “Personalmente, pienso que silbarle a una mujer en la calle no supone acoso, pero que sí lo es si por ejemplo se la sigue hasta el metro. En ese caso, el estrés, hasta la intimidación, son evidentes”, explica la responsable de la igualdad hombre-mujer del Gobierno de Macron en La Croix.
El presidente Macron propuso, en una entrevista televisada el domingo, que la policía de proximidad que quiere restaurar sea la encargada de este tipo de infracciones. Algo que sin embargo no será tan fácil y que tiene más tintes de acción política que de realidad, advierte el representante sindical policial Patrice Ribeiro en Le Figaro. “Ese tipo de infracción deberá ser constatada directamente por un policía, y los acosadores no son tan inconscientes como para proferir sus ofensas en presencia de un agente”, señaló.
La propia Schiappa reconoce además que hay oposición entre algunas feministas y defensores de minorías que ven un “riesgo de racismo” en esta ley porque, estadísticamente, serían las personas de minorías las más susceptibles de ser más denunciadas que el resto. Algo que Schiappa rechaza. “El origen no debe ser ni un factor agravante ni una circunstancia atenuante”, responde.
Ampliación de la prescripción de delitos sexuales
El proyecto de ley de Schiappa también pretende alargar los periodos de prescripción de los delitos sexuales contra menores, porque "muchas víctimas explican que necesitan tiempo para acudir a la justicia" a denunciarlos. La secretaria de Estado considera “equilibrado” en este sentido ampliar de 20 a 30 años a partir de la mayoría de edad de la víctima el periodo en que esta puede denunciar una agresión sexual.
Schiappa también quiere que se establezca una edad mínima bajo la cual “se presumirá que un niño o adolescente no ha dado su consentimiento a un acto sexual”. Algo que ya está establecido, recuerda, en “la casi totalidad de los países desarrollados” como España, donde la edad mínima está establecida en 16 años. “Tenemos que dejar claro en la ley que por debajo de una edad determinada, que está por definir, no hay debate alguno sobre el hecho de decir si el menor ha consentido o no” a una relación sexual, insiste.
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