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México se dispone a regular la intervención del Ejército en la guerra contra el crimen organizado, lo que perpetuaría la presencia de los soldados en las calles del país. La medida ha desatado las críticas de los organismos defensores de los derechos humanos, que la consideran una violación de la Constitución. Este jueves, el Congreso aprobó la Ley de Seguridad Interior, que pasa ahora para al Senado. La intención del gobernante Partido Revolucionario Institucional es que los trámites terminen en este periodo legislativo, antes del 15 de diciembre.

Más de 10 años después de que el Gobierno de Felipe Calderón emprendiese la guerra contra el narcotráfico, que ha dejado más de 170.0000 muertos y más de 25.000 desaparecidos, la norma, hasta ahora entrampada en el debate legislativo, comienza a cobrar forma pese a las críticas de las organizaciones. El presidente, Enrique Peña Nieto y el secretario de Defensa y responsable de las Fuerzas Armadas, Salvador Cienfuegos, han presionado en los últimos días para que se aprobase la norma. “La ley dejó de ser solamente una valiosa propuesta para convertirse en una imperiosa necesidad”, aseguró este miércoles el mandatario mexicano. 

Los partidarios de la Ley de Seguridad Interior defienden que establece una hoja de ruta para que las fuerzas armadas continúen en la lucha contra el crimen organizado. "Hay un desgaste; es obvio, estamos trabajando en todo el país, a toda hora, en todo momento”, aseguró recientemente Cienfuegos, quien ha urgido a aprobar la norma. Hoy en día, 50.000 soldados combaten al crimen organizado. Desde 2006, 750.000 efectivos del Ejército y la Armada han sustituido a la policía en todo el país.

La propuesta aprobada por la Comisión del Congreso -con los votos del PRI y sus aliados- regula la intervención de las fuerzas armadas en acciones para contener amenazas a la seguridad pública en cualquier zona geográfica –o en todo el país- sin exceder un año de vigencia, pero con posibilidad de prorrogarlo. La propuesta ha sido rechazada por el resto de partidos, aunque se espera que en el Senado, donde el PRI no tiene mayoría, cuente con el respaldo de algunos integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), del expresidente Calderón.

Decenas de expertos y organizaciones de derechos humanos han alertado de los riesgos de la ley. “Es una norma que perpetúa la militarización del país y posterga la creación de policías fiables”, asegura Alejandro Madrazo, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE). “Esta ley no solo no es la solución, sino que supone una amenaza a los derechos humanos porque eleva a rango de ley una política pública ineficiente”, añade Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh.

La ley, una de las más importantes del sexenio de Peña Nieto, ha marcado la agenda política desde otoño del pasado año, pero no ha sido hasta las últimas semanas cuando se ha acelerado su discusión. El PRI pretende sacarla adelante antes de que termine este periodo legislativo, el próximo 15 de diciembre. El debate se produce en pleno contexto electoral de las elecciones presidenciales del próximo año y cuando el partido gobernante ha decidido ya quién será el aspirante a suceder a Peña Nieto: José Antonio Meade.

Los avances en la aprobación de la norma se producen también en un momento en que México registra los índices de violencia más altos de su historia reciente, superiores a los de 2006, cuando Calderón inició la guerra contra el crimen organizado. En octubre se registraron 2.764 asesinatos, en el peor mes desde que se tienen datos oficiales. A falta de contabilizar los meses de noviembre y diciembre, se han producido 23.968, lo que aventura que 2017 cerrará como el año más violento que se recuerda hasta la fecha.

Los altos niveles de violencia son uno de los argumentos a los que recurren las organizaciones defensoras de derechos humanos para criticar la Ley de Seguridad Interior, pues consideran que la política emprendida hasta la fecha ha sido ineficiente. En este sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha alertado de que la aprobación de la norma “contribuiría a mantener el estado actual de las cosas, al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas”, que, en su opinión, han tenido que ejercer labores de seguridad pública por “la omisión, la indiferencia y la falta de resultados contundentes en la capacitación y desarrollo de las policías”.