La esquizofrenia de los parlamentos paralelos de Venezuela

La crisis política y el forcejeo institucional han colocado en vigor un hecho por demás insólito en Venezuela: la existencia de dos cuerpos parlamentarios alternos. La Asamblea Nacional, el poder legislativo formal, dominado por la oposición luego de su victoria electoral de enero de 2015, –cobijada bajo la plataforma de la Mesa de la Unidad Democrática-; y la Asamblea Nacional Constituyente, que nació este año, controlada totalmente por el chavismo, a través del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Ambas cámaras trabajan, en horarios distintos, y en dos salones diferentes, en el mismo sitio, dentro del Palacio Federal Legislativo de Caracas. La diferencia estriba en la utilidad de cada uno de ellos.

La Asamblea Nacional sesiona, pero no decide nada: sin presupuesto disponible, discute los problemas nacionales y aprueba exhortos públicos sin que sus resoluciones tengan rango legal. Desde el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, el gobierno de Nicolás Maduro se ha negado a colocarle el ejecútese a las leyes que aprueba. Algunos diputados opositores, a los cuales se les retienen sus salarios, tienen vetado el abordaje de aerolíneas en vuelos internos, por órdenes del Ejecutivo, y no pueden trasladarse a la capital a trabajar.

La Asamblea Constituyente, con apoyo de las Fuerzas Armadas, ha hecho suyo, por cuenta propia, el papel de cuerpo legislativo de facto. Esta curiosa dualidad atiende al carácter progresivo y diferenciado de los procesos represivos del chavismo, uno de los rasgos más notorios de su proceder.

Una vez que la oposición obtuviera su resonante triunfo electoral y alcanzara la mayoría calificada con sus escaños, los mandos chavistas, atrincherados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y con el apoyo tácito de las Fuerzas Armadas, plantaron un fiero combate para inhibir sus funciones e impedirle avanzar en sus objetivos. El TSJ, dominado por el chavismo, colocó en vigor una amplia secuencia de vetos a todas las resoluciones de la Asamblea Nacional. Esta circunstancia constituyó uno de los desencadenantes del nuevo capítulo de la crisis política venezolana, que estalló con las protestas callejeras de 2017.

Acorralado ante una crisis económica que no ha hecho sino agravarse, y ante la presión de las manifestaciones opositoras, el presidente Nicolás Maduro decidió, el pasado 1 de mayo, convocar por cuenta propia una Asamblea Nacional Constituyente, bajo el argumento de que el país necesitaba un foro político para rediseñar el estado y alcanzar la paz pública. A partir de ese momento, el chavismo retiró definitivamente a su bancada minoritaria de la Asamblea Nacional.

La convocatoria de Maduro se saltó algunas formalidades obligatorias previstas en la Constitución venezolana: no se celebró un Referéndum Consultivo, y las bases comiciales, con la anuencia de un Consejo Nacional Electoral integrado por funcionarios leales a Maduro, fueron aprobadas de forma unilateral, con elementos que hacían imposible la participación de la Oposición.

Protestas en las calles

El llamado de Maduro agudizó la indignación en las calles, y a mismo tiempo hizo a su Gobierno arremeter con mayor fuerza con la represión, que se endureció a niveles inusitados, y que culminó con el saldo final de 120 personas muertas. El chavismo logró celebrar su elección el pasado 30 de Julio, con el claro apoyo de las Fuerzas Armadas, para constituir así su propio espacio para legislar. El sólo día de aquella consulta, que fue objeto de manifestaciones en todo el país, 16 personas fueron asesinadas por la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana en combates callejeros.

La Constituyente tiene el llamado formal de redactar una nueva Constitución, que presumiblemente convierta al chavismo en un hecho legal irreversible. El fuero legislativo de los parlamentarios opositores ha sido violentado varias veces por las Fuerzas Armadas. La existencia de la Constituyente ha sido rechazada por casi toda la comunidad internacional y el cuerpo diplomático acreditado en el país, que sólo reconoce a la Asamblea Nacional. Su papel en estos meses, sin embargo, ha consistido en acercarle a Maduro nuevos instrumentos legales para darle estabilidad. Uno de sus objetivos ha sido evadir la contraloría natural de un parlamento democrático: algunos de los constituyentes más conocidos, esclarecidos dirigentes del chavismo, tienen una clara responsabilidad en el manejo de los dineros públicos y la grave crisis inflacionaria y de escasez existente.

Con todo, el papel de la Asamblea Constituyente ha sido hasta ahora relativamente discreto. En rigor, este foro ha promulgado dos instrumentos legales: la Ley Contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, que prevé severas penas en contra de las protestas subidas de todo a funcionarios públicos; y la Ley de Precios Acordados, que pretende ponerle coto al proceso de hiperinflación que vive el país. El gobierno de Maduro ha decidido presentarle a la Constituyente los contenidos del Presupuesto de 2018, para someterlos a su consideración, evadiendo por completo la existencia del Poder Legislativo. El 7 de Septiembre, Maduro presentó ante este foro un paquete de 7 proyectos legales adicionales con los cuales espera conjurar la crisis actual.