La muerte de dos hermanos mineros desata una nueva protesta en Marruecos
El municipio deprimido de Yerada se lanza a la calle para manifestarse contra la pobreza de la zona
La llama de las protestas sociales ha vuelto a prender en Marruecos a raíz de otro accidente mortal, tras cumplirse más de un año desde que se iniciaron las manifestaciones en el Rif. En este caso, el detonante ha sido la muerte de dos hermanos mineros, de 22 y 30 años, sobrevenida el 22 de diciembre. Los hermanos trabajaban de forma clandestina en una mina abandonada de carbón, en el municipio de Yerada (40.000 habitantes, a unos 60 kilómetros al sur de Uchda, próximo a la frontera con Argelia, en el noreste de Marruecos). Fallecieron atrapados tras inundarse el yacimiento. Desde su muerte, miles de personas se han manifestado a diario en Yerada en protesta contra la pobreza de la zona y el coste de las facturas de agua y electricidad.
Los vecinos han expresado su hartazgo y descontento sin recurrir a la estructura de los partidos políticos, como sucedió en noviembre de 2016 con el inicio de las protestas en Alhucemas (situada a 270 kilómetros hacia el noroeste). Las minas de Yerada daban empleo a 9.000 trabajadores. Desde su cierre, en 1998, muchos optaron por emigrar a Europa y cientos de ellos arriesgan sus vidas explotando de forma clandestina los yacimientos abandonados.
Mohamed Elouali, miembro en Yerada de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) indicó a este diario mediante conversación telefónica, que este viernes los sindicatos llamaron a una huelga general en Yerada. “La huelga tuvo un seguimiento del 100%”, afirma Elouali. “Vinieron a manifestarse los vecinos de otras localidades próximas y ayer se registró la mayor manifestación que hubo jamás en esta provincia”.
La primera reivindicación de los manifestantes, según Elouali, es muy concreta: “Tienen que reducir el coste de la factura de agua y electricidad en una zona con un 37% de paro. Estamos en una de las zonas de desempleo más elevado del país”. “La segunda reivindicación”, prosigue, “es que necesitamos que se creen alternativas económicas. Y la tercera es que los responsables de esta tragedia respondan ante la justicia. Los responsables son los comerciantes del carbón y algunos representantes del Estado”. Mohamed Elouali sostiene que la extracción de carbón de las minas abandonadas es una actividad “ilegal pero tolerada”, que se practica con el consentimiento implícito de ciertos políticos.
Las autoridades siempre temieron que la llama de las protestas en el Rif se extendiera al resto del país. Eso no ha sucedido. Sin embargo, el precedente de las manifestaciones de Alhucemas ha hecho que en algunas partes de Marruecos la gente haya perdido el miedo a protestar en las calles. El pasado noviembre murieron 15 mujeres en la ciudad sureña de Sidi Bulaalam, durante una estampida que se produjo en un reparto benéfico de comida. Los familiares y vecinos se quejaron sobre las pésimas condiciones de vida de la zona, pero no se produjeron manifestaciones de protesta generalizadas.
Sin embargo, en el pueblo de Zagora, (30.000 habitantes a las puertas del desierto, en el este del país), la escasez de agua y la mala gestión hídrica provocaron varias manifestaciones en septiembre y octubre en las que fueron detenidos 23 hombres, de los cuales ocho aún permanecen en la cárcel.
Desde que se iniciaron las protestas del Rif a finales de 2016 en Alhucemas, más de 300 rifeños han sido encarcelados. A pesar de que muchos manifestantes han sufrido condenas de varios años de cárcel, las protestas no han desaparecido en el Rif. Los jóvenes de la localidad de Imzurem han tomado el relevo de los de Alhucemas y siguen manifestándose.
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