La protesta de las víctimas de violencia sexual contra el Congreso colombiano

El 2017 terminó con una mala noticia para las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado en Colombia. Uno de los logros que habían celebrado con el acuerdo de paz con las FARC se desdibujó en el Congreso. Por iniciativa de la senadora Maritza Martínez (Partido de la U) los delitos de violencia sexual cometidos contra menores de 18 años serán llevados a la justicia ordinaria y no entrarán a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el escenario que veían como la oportunidad para que además de castigar con penas a los victimarios, hubiera verdad.

Ángela Escobar, presidenta de la Asociación red de mujeres víctimas y profesionales, dice que la decisión del Congreso dejó "desconcertados" a quienes creían que a través de la JEP podían tener una reparación integral. "Muchas de esas personas que fueron abusadas en su niñez, hoy son adultos que esperan justicia, pero también verdad. A la justicia ordinaria hemos llevado 1.200 denuncias y no ha pasado nada. Hay impunidad", lamenta desde Medellín, una de las ciudades en donde la organización que lidera agrupa a víctimas de violencia sexual.

Uno de los argumentos de la senadora Martínez, que contó con el respaldo de la mayoría en el Congreso, es que los delitos contra menores deben ser castigados con severidad. Mientras en la justicia ordinaria las penas pueden ser hasta de 58 años, en la JEP la máxima podría ser de 20 años, para quienes no reconozcan su responsabilidad y sean declarados culpables por el Tribunal para la Paz, creado dentro del acuerdo con las FARC. Sin embargo, Martínez y quienes la apoyan se han concentrado en la condena mínima que impone cinco años para los exguerrilleros que acepten y colaboren con la justicia.

Más información

“Hay que hacer que la justicia especial para la paz en Colombia empiece a funcionar ya”

"Establecer una pena de cinco años para un delito tan grave como este, que le acaba la vida a los menores abusados, no era viable dentro del ordenamiento jurídico, ya que nuestra Constitución habla de la prevalencia de los derechos de los niños y la severidad que debe acompañar este tipo de conductas", ha argumentado la senadora. Pero para las víctimas, insiste Escobar, la reparación que han esperado por tantos años no se trata solamente castigar con cárcel, ellas quieren verdad.

Más información

“No haberles aceptado un trago fue mi condena de muerte”

"Vamos a seguir haciendo incidencia desde las regiones y esperamos que las curules que en teoría tendríamos este año en el Congreso nos permitan ser escuchadas", asegura y anuncia un informe que presentarán en febrero ante la comisión de la verdad (creada tras el acuerdo) con los datos que, según ella, demostrarían la poca efectividad que ha tenido la justicia ordinaria en sus casos.

El Gobierno, a través del ministro del interior Guillermo Rivera, se opuso a la idea de excluir de la JEP los delitos contra menores, pero no fue suficiente. Tampoco lo fue la voz de las víctimas, que como lo recuerda la columnista e investigadora de Dejusticia Ana Jimena Bautista, durante su participación en La Habana dijeron que es más importante que se garantice el reconocimiento de responsabilidad por parte de sus victimarios, así como una sanción social y judicial en la justicia transicional que la promesa de sanciones severas, que difícilmente van a poder ser impuestas en la justicia ordinaria.