Un tribunal ordena una evaluación psiquiátrica de Marine Le Pen

¿Una nueva estratagema de esa justicia “politizada” contra la que lleva tiempo clamando la líder de la ultraderecha en Francia o un procedimiento habitual? Marine Le Pen ha puesto el grito en el cielo este jueves al revelar que un tribunal le ha ordenado someterse a una evaluación psiquiátrica. El juzgado encargado del caso —se investiga a Le Pen por tuitear varias fotografías de ejecuciones cometidas por el Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés)— ha declarado que es un procedimiento habitual en este tipo de delito. A pesar de ello, la líder de Reagrupamiento Nacional (RN), antiguo Frente Nacional, ha asegurado que no piensa cumplir el requisito. El revuelo que ha montado le ha valido algunas críticas, pero también el apoyo de aliados como el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini.

“Es realmente alucinante. Este régimen empieza a dar miedo”, tuiteó Le Pen a la par que publicaba en la red social la carta por la que se le insta a someterse al examen psiquiátrico. No es la primera vez que la política de ultraderecha se dice sentir víctima de una justicia politizada. La líder de RN tiene abiertos varios frentes jurídicos y en todos ellos dice sentirse perseguida por su ideología. En julio, acusó de perpetrar un “asesinato” político a los jueces que decidieron bloquear preventivamente dos millones de euros de fondos públicos que le corresponden a su partido, a raíz de la investigación sobre los supuestos empleos ficticios para asistentes parlamentarios de la formación de ultraderecha en el Parlamento Europeo.

La investigación que ha llevado al ordenamiento de un examen médico —para verificar si “está en capacidad de responder a preguntas” o si “tiene anomalías mentales o psiquiátricas”, según el documento— no tiene nada que ver con ese caso. Aun así, le ha servido a su partido para volver a presentarse como la víctima de un acoso político de tintes casi “totalitarios”.

“La psiquiatrización de los adversarios era una especialidad soviética de regímenes totalitarios”, dijo David Rachline, alcalde de uno de los feudos del RN, la ciudad de Fréjus, donde Le Pen abrió el domingo pasado el curso político. “Tras los ataques políticos, las persecuciones judiciales, ahora la psiquiatrización de las ideas divergentes del poder establecido. ¿Cuál será la próxima etapa? ¿La prisión y el gulag para los nacionales?”, tuiteó Steeve Briois, vicepresidente del RN.

El tribunal de Nanterre de donde partió la orden ha indicado que se trata de un procedimiento habitual en el tipo de delito por el que se investiga a Le Pen. La líder del entonces denominado Frente Nacional publicó en diciembre de 2015 tres imágenes muy explícitas sobre crímenes cometidos por el Estado Islámico, entre ellas la del cadáver decapitado del periodista estadounidense James Foley, después de que su partido fuera comparado en una televisión con el ISIS. La justicia francesa abrió una investigación contra Le Pen por “difusión de imágenes violentas”.

El líder de Francia Insumisa, el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, criticó la orden judicial, aunque no por el mismo motivo que su rival política. “La señora Le Pen es políticamente responsable de sus actos políticos. No es con estos métodos que vamos a hacer retroceder a la extrema derecha”, tuiteó. El italiano Salvini usó el mismo medio para manifestar su apoyo a Le Pen. “Me faltan las palabras. ¡Solidaridad con ella y con los franceses que aman la libertad!”, proclamó.