Trump enarbola el nuevo tratado comercial con México y Canadá como una victoria

Donald Trump presentó este lunes en la Casa Blanca, a modo de mitin, el acuerdo con Canadá y México para refundar su gran tratado comercial. La reforma del llamado Nafta, siglas en inglés del marco que les une desde 1994, fue una de sus grandes promesas electorales. La reforma o la ruptura. Esto último suponía un peligro político por los efectos en su propia base de votantes, llamados a las urnas en las elecciones legislativas en noviembre. Tras un primer pacto bilateral alcanzado en agosto con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, Ottawa se sumó al consenso este domingo por la noche. Un Trump pletórico lo exhibió como una gran victoria.

Hubo un tiempo en el que a los tres países norteamericanos se les conocía como “los tres amigos”, en español. Lo revirado de estos 14 meses de conversaciones y la arisca forma de negociar de Trump han enterrado ese espíritu, pero el gran marco comercial que estaba en juego se ha salvado: se trata de una zona de libre comercio en la que viven 450 millones de personas, que mueve más de un billón de dólares al año y que rige sus relaciones económicas desde hace más de un cuarto de siglo. La idea de poner punto final a estas reglas de juego tenía de los nervios a la industria estadounidense y a muchos legisladores republicanos de estados agrícolas y ganaderos, que presionaron a Trump durante este año.

El nuevo marco ya no se llama Nafta, ni TLC (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), sino que atiende al nombre de USMCA por “United States, Mexico, Canadá”, un orden de iniciales nada inocente que Trump repitió en varias ocasiones este lunes en Washington, cuando presentó el pacto rodeado de sus asesores. El antiguo TLC era, para republicano, “el peor acuerdo de la historia”, mientras que el nuevo "es una protección para los trabajadores" del sector industrial y "una victoria para los ganaderos".

Entre los cambios benefician a Estados Unidos, y que Trump exhibirá hasta la saciedad durante las semanas que quedan ante los comicios al Congreso del 6 de noviembre, figuran las menores barreras a los productos lácteos estadounidenses que se exportan a Canadá y la obligación de que los coches contengan más componentes o materiales hechos por trabajadores norteamericanos con el fin de combatir la deslocalización industrial hacia países de mano de obra más barata.

Hasta ahora, para que un automóvil pudiera considerar producto local y por tanto libre de aranceles, el 62,5% de su contenido debía haberse fabricado en algunos de los tres países socios. Con el nuevo acuerdo, este porcentaje sube al 75%. Además, se incorpora un requisito relacionado con los sueldos de los trabajadores: un porcentaje del contenido de los coches (será progresivo hasta alcanzar el 40% en 2023) debe estar hecho por empleados con salarios de 16 dólares la hora, lo que triplica la media de un trabajador fabril mexicano.

Trump ha cargado contra el tratado como uno de los grandes problemas para la clase trabajadora estadounidense dentro de su gran batalla contra el déficit comercial, que considera culpable de la pérdida de fábricas y empleos industriales, mejor pagados por lo generales que los del sector servicios, en favor de países de mano de obra más barata. En concreto, desde que entró en vigor, dijo Trump, ese el saldo negativo entre los que EE UU exporta y lo que importa ha sumado dos billones de dólares y provocado la destrucción de más de cuatro millones de puestos de trabajo fabriles. Aun así, China representa el grueso de ese déficit (375.000 millones de los 556.000 millones de 2017), frente a los 68.000 que suponen sus vecinos socios norteamericanos.

“Hemos negociado este acuerdo basándonos en el principio de la justicia y la reciprocidad”, afirmó el presidente, para recalcar, una vez más, que “muchos países “ han tratado “muy mal” a Estados Unidos. “El resto del mundo está mirando cómo aprovecharse nosotros”, insistió después, dejando claro que ve el comercio internacional como un asunto de suma cero en el que Estados Unidos, la primera potencia, tiene el poder suficiente como para subir el precio de los intercambios. En el centro de esta ofensiva comercial se encuentra Pekín, régimen con el que ha comenzado una guerra arancelaria, y la Unión Europea, con la que también comenzó retando con nuevos gravámenes si bien ahora se ha abierto una nueva fase de negociación.

Trump defendió la mano dura en estas conversaciones, la estrategia de impulsar las tarifas aduaneras como mecanismo de presión. “A los niños que dicen que no ponga aranceles le quiere decir que sin aranceles no tendríamos este acuerdo, hoy no estaríamos aquí”, dijo.

La mano dura no ha tenido que ver solo con el fondo, sino con las formas del presidente de Estados Unidos. Cuando las conversaciones comenzarán el agosto de 2017, el escenario no podía ser peor para México: Trump había usado al país vecino como un saco de boxeo durante la campaña electoral, acusando a su Gobierno de dejar pasar por la frontera drogas y violencia, y convirtiendo el lema “Construye el muro” en un ofensivo cántico de campaña. Con el transcurso del tiempo, la aspereza pública se dirigió en cambio al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, a quien acabó insultado el pasado junio a través de su cuenta de Twitter tras una tensa cumbre del G-7 en Quebec. Este lunes, en la Casa Blanca, calificó a Peña Nieto de “persona estupenda” y a Trudeau de “persona buena muy comprometido” con su país.

La reforma de la Nafta supone para el republicano el cumplimiento de unas de sus promesas estelares, al igual de la gran rebaja de impuestos aprobada a principios de año, mientras que, por el contrario, no ha logrado el consenso suficiente para alumbrar una nueva reforma sanitaria que tumbe la política de Obama o para obtener los fondos necesarios en la construcción del famoso muro en la frontera de México. En las conversaciones, Washington ha tenido que ceder y seguir aceptando el mecanismo común de resolución de conflicto entre socios que rige en capítulo 19.

Trump firmará el acuerdo a finales de noviembre, es decir, unos 60 días después de que el texto se haya hecho público, tras lo cual se trasladará el Congreso, que podrá ratificarlo ya en 2019. El presidente advirtió de que los demócratas pueden tratar de frenarlo en las cámaras, un escenario que depende en buena parte del resultado electoral del próximo otoño.