La ofensiva antinmigración de Trump se desinfla tras las elecciones

La ofensiva antinmigración de Donald Trump, clave en su victoria en 2016 y utilizada para movilizar a sus bases en las pasadas legislativas, se está desinflando, por causas ajenas y propias, dos semanas después de los comicios. La justicia bloqueó la noche del lunes la controvertida directiva de Trump, anunciada en la recta final de la campaña, que prohibía las solicitudes de asilo a los inmigrantes indocumentados. El mismo día, un mando militar reveló que parte de los 5.800 soldados enviados a la frontera, en la antesala de lo que el mandatario calificó como “las elecciones de la caravana”, empezarán a regresar esta semana, precisamente cuando el grupo de migrantes centroamericanos ha llegado a Tijuana.

La calificó de “invasión”. Dijo, sin pruebas, que incluía a “pandilleros” y “personas desconocidas de Oriente Próximo”. Tal era su temor que la tildó de “emergencia nacional” para poder tomar medidas restrictivas y mandar a soldados en activo a la frontera. En la antesala de las elecciones legislativas del 6 de noviembre, buscando movilizar a sus votantes más fervientes, Trump demonizó tanto como pudo la caravana de inmigrantes centroamericanos que se dirigía a Estados Unidos. Pero los migrantes están ya a las puertas del país y la retórica ha bajado considerablemente de tono. Trump ha seguido hablando de la caravana, pero mucho menos que antes de las legislativas. Por ejemplo, el lunes se jactó de que el alambre instalado en las vallas dificulta que puedan saltarlas inmigrantes indocumentados.

Una de las medidas de Trump para evitar que los miembros de la caravana entren en el país sufrió el lunes por la noche un revés judicial. Un juez federal de San Francisco bloqueó temporalmente la directiva de Trump -anunciada antes de los comicios y firmada poco después- que prohibía las solicitudes de asilo a los inmigrantes indocumentados. Dando la razón a los recursos de grupos de apoyo a inmigrantes, el juez Jon Tigar esgrimió que la proclamación del presidente vulnera la ley migratoria estadounidense, que permite pedir asilo a cualquier extranjero, independientemente de si entró o no legalmente al país. “Sea cual sea el alcance de la autorización del presidente, no puede reescribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso ha prohibido expresamente”, señaló Tigar, que fue nominado por el expresidente demócrata Barack Obama.

En paralelo, Jeffrey Buchanan, el general del Ejército responsable del despliegue de 5.800 soldados en la frontera con México, ordenado por Trump ante el avance de la caravana, reveló el lunes que el número de uniformados empezará a reducirse a finales de esta semana precisamente cuando los primeros inmigrantes del colectivo han llegado a Tijuana, en la frontera con EE UU, donde han sido recibidos con hostilidad por parte de la población local y se han registrado momentos de tensión con la policía. En una entrevista a la publicación Politico, Buchanan dijo que algunos de los militares, como los que instalaron alambres en las vallas fronterizas, ya no son necesarios y que todo el contingente debería estar de vuelta en Navidad. Al día siguiente, el comando del Ejército matizó sus palabras y aseguró que “no se ha determinado un calendario específico de repliegue”.

En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Trump calificó este martes de “desgracia” el fallo judicial y se mostró seguro de ganar el caso en el Tribunal Supremo. El presidente también ensalzó el papel de los militares en la frontera: “Están orgullosos de defender nuestro país”.

Malestar militar

Las palabras del general sobre un repliegue en la frontera avivaron todavía más el malestar en círculos militares, y políticos demócratas y republicanos que han criticado el envío de soldados a la frontera al considerarlo una operación puramente política y excesivamente cara. Trump incluso llegó a especular con que el número de soldados en la frontera podría ascender a 15.000 uniformados, equivalente al contingente actual en Afganistán. Es imposible saber qué impacto tuvo en las elecciones la dialéctica feroz del mandatario contra la caravana de inmigrantes, pero la realidad es que no impidió que los republicanos perdieran el control de la Cámara de Representantes aunque mantuvieran el del Senado.

También ha quedado enterrada por ahora otra polémica propuesta que lanzó el presidente antes de los comicios: quitar el derecho a la ciudadanía estadounidense a los hijos de extranjeros nacidos en EE UU, lo que beneficia también a inmigrantes indocumentados. Destacados republicanos y expertos legales cuestionaron la constitucionalidad de la medida.

Ese es el desenlace que ha tenido por ahora la directiva de Trump de impedir que inmigrantes que entran ilegalmente en EE UU puedan pedir asilo. La suspensión ordenada por el juez de San Francisco tiene una vigencia de un mes. Previsiblemente, el Gobierno recurrirá ante un tribunal de apelación. La restricción supuso una nueva vuelta de tuerca más a las dificultades impuestas por la Administración en los últimos meses para poder solicitar asilo en EE UU, entre ellas que haber sufrido violencia doméstica o de pandillas no es motivo suficiente para pedir protección. En caso de estar plenamente en vigor, la medida habría afectado a las cerca de 70.000 personas que cada año piden asilo en EE UU tras no haber entrado al país en un cruce fronterizo oficial.

Trump justificó la restricción al asilo en motivos de seguridad nacional. Es el mismo argumento que empleó en enero de 2017 cuando prohibió la entrada a EE UU a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. La Justicia tumbó ese veto y forzó al presidente a presentar dos versiones más rebajadas. La disputa acabó en el Tribunal Supremo, que el pasado junio apoyó a Trump y consideró legal su última versión de veto migratorio.

La Justicia, tanto de primera instancia como de apelaciones, también ha tumbado en las últimas semanas el intento de Trump de permitir la deportación de los llamados dreamers (soñadores), inmigrantes indocumentados que llegaron de niños a EE UU. La pugna también se encamina al Supremo, donde los cinco jueces conservadores ostentan la mayoría (frente a cuatro progresistas), lo que puede acabar beneficiando a Trump.