Colombia pone en marcha su Comisión de la Verdad

“Dime la verdad / solo la verdad / no hay reparación ni justicia / si no es con verdad”. Al ritmo de la melancólica canción de gaitas que le sirve como himno, la Comisión de la Verdad en Colombia, presidida por el sacerdote jesuita Francisco de Roux, inició formalmente este jueves sus tres años de mandato con el propósito de entregar un informe final que dignifique a las víctimas y arroje luces sobre la barbarie de un conflicto armado que a lo largo de medio siglo involucró a guerrillas, paramilitares y fuerzas estatales. Un hito que comienza su marcha en momentos en que el relato sobre la guerra en el país sudamericano es motivo de disputa.

“La verdad debe ser un bien público, un derecho y un deber ineludible cuando se trata explicar por qué la vida y la dignidad fueron arrasadas en miles de masacres, desapariciones forzadas, secuestros, asesinatos extrajudiciales, abusos a las mujeres, desplazamientos, robos de tierra (…) homicidios de sindicalistas, educadoras, políticos, gobernantes y empresarios, muertes en combates sin sentido de multitud de jóvenes en una guerra absurda, y destrucción de ríos, montañas y especies nativas”, señaló De Roux en un conmovedor discurso central durante el acto de instalación en Bogotá.

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Entre los demás oradores de la jornada, hubo todo tipo de víctimas que dan cuenta de lo complejo y extendido del conflicto colombiano. Desde una indígena que llamó a desterrar la mirada discriminadora y racista hacia sus comunidades a un policía que pisó una mina antipersonal. De una activista LGBTI a una líder afrodescendiente forzada a desplazarse de su región. De un sobreviviente del exterminio a la Unión Patriotica, a un campesino despojado de sus tierras. De un militar amenazado de muerte por denunciar las ejecuciones extrajudiciales del ejército, al hijo de un empresario secuestrado y asesinado en cautiverio. Testimonios dolorosos que deberán repetirse, con mayor profundidad, a lo largo de los próximos tres años.

Identificar y comprender los hechos de violencia más graves, con el foco en los patrones que se repitieron, es el mandato de la comisión, que aspira a desplegarse en los territorios de la Colombia profunda. En muchas de esas regiones, las condiciones de seguridad aún son precarias y permanecen grupos armados que se disputan las rentas ilegales y el vacío que dejó la desmovilización de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Además del padre De Roux, entre los once comisionados –cinco mujeres y seis hombres- hay curtidos periodistas, víctimas, defensores de derechos humanos y académicos escogidos entre casi 200 candidatos. Los más de 300 asistentes a la ceremonia en un pabellón del centro de exposiciones Corferias incluyeron a víctimas, victimarios, políticos y personajes de la vida pública. El presidente Iván Duque, que ha prometido corregir aspectos puntuales de los acuerdos de paz sin llegar a desconocerlos, atendía este jueves la visita del primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, y no estuvo en el acto.

Un sistema integral

Creada como parte del acuerdo de paz firmado hace dos años entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la exguerrilla -hoy desarmada y convertida en partido político-, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición es una entidad de carácter extrajudicial. En otras palabras, no pretende aportar una verdad jurídica, pero trabajará en coordinación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia transicional, y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que en su conjunto constituyen el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación contemplado en el pacto.

Pese al enorme respeto hacia De Roux, un filósofo y economista que fundó el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, la comisión debe navegar en medio del clima de confrontación ideológica que ha caracterizado a Colombia desde el inicio de la negociación con las FARC. “Sin este marco institucional que conformamos, no será posible avanzar en la justicia transicional, eliminar la impunidad y buscar la verdad”, destacó el sacerdote jesuita. A diferencia de otras comisiones de la verdad, el trabajo de la colombiana está allanado por los esfuerzos de centros de investigación, universidades y organizaciones que han documentado las causas e implicaciones de una guerra con un saldo de más de ocho millones de víctimas, que ha afectado desproporcionadamente a comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes.

“La Comisión recoge este acumulado”, apuntó su presidente, que no ahorró elogios para la labor del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), recientemente envuelto en la polémica por el nombramiento de su nuevo director. Muchos observadores temen que el rigor e independencia que lo han caracterizado pueda estar en riesgo bajo una cabeza que favorezca la visión negacionista del conflicto armado, o a una sola línea de víctimas. “En todos los países la verdad siempre ha sido una disputa”, reflexiona el médico y psicólogo español Carlos Martín Beristain, el único comisionado extranjero y asesor de varias comisiones en distintos países.

Las conclusiones de la comisión tendrán un carácter histórico, ético y humano, más no judicial, y serán presentadas en el informe final con el propósito de dejar sentadas las bases para lo no repetición. “Nos toca presentar los caminos de no repetición cuando las cosas se están repitiendo en algunas regiones”, ha admitido el padre De Roux. “Eso es Colombia, hay que tomarla como está y tener imaginación".