La migración venezolana cambia la agenda de América Latina

La deriva del chavismo ha profundizado en los últimos años una crisis institucional y económica sin precedentes en Venezuela. Pero la consecuencia más dramática del régimen de Nicolás Maduro, y la más visible fuera del país, ha sido este 2018 una emergencia migratoria que ha modificado la agenda de los principales Gobiernos de América Latina. Los venezolanos que se han ido en busca de oportunidades alcanzaron en noviembre los tres millones, según Naciones Unidas, de los que solo 600.000 se establecieron en Estados Unidos, Europa u otras regiones. En definitiva, el éxodo se ha convertido en una de las prioridades del continente.

El último recuento de las autoridades colombianas cifra en más de 1,1 millones a los migrantes del país vecino en su territorio. La mayoría de los que abandonan Venezuela lo hacen a través de alguno de los pasos que jalonan una frontera de más de 2.200 kilómetros, sobre todo por la ciudad de Cúcuta. A los que deciden quedarse -el 60% contaba con papeles el pasado 18 de diciembre- se suman los cientos de miles que se dirigen, a menudo en desgarradoras travesías de Los Andes a pie, hacia Ecuador, Perú o Chile.

Se trata de países que, al menos en el pasado reciente, no habían conocido este tipo de fenómenos y, por tanto, sin experiencia para gestionar una migración multitudinaria y calcular su impacto económico y en los servicios públicos sobre todo en zonas fronterizas de escasos recursos. El presidente de Colombia, Iván Duque, rechaza soluciones drásticas. “Nosotros no podemos dejarnos llevar por esos sentimientos que algunos están empezando a plantear que cierren la frontera. Como si con el cierre de la frontera dejara de ocurrir la migración”, afirmó hace dos semanas. Además, desde que asumió el cargo, en agosto, el sucesor de Juan Manuel Santos hizo un esfuerzo para internacionalizar esa crisis.

A Cúcuta, donde el hospital universitario atiende desde agosto más partos de venezolanas que de mujeres locales, se desplazaron los principales organismos multilaterales, con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a la cabeza. El Banco Mundial elaboró un estudio sobre las consecuencias socioeconómicas –que pueden suponer un gasto de alrededor de 1.100 millones de dólares- y alertó de que la crisis puede afectar a las franjas más vulnerables de la población. Más de 90 organizaciones ya trabajan en 16 países latinoamericanos para paliar los efectos de esta emergencia y la ONU acaba de lanzar el llamado Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes.

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“Es un llamamiento a la comunidad de donantes, entre ellos diversas instituciones financieras internacionales y actores de desarrollo, los cuales pueden jugar un rol fundamental en la situación actual, para que aumenten su apoyo a refugiados y migrantes en la región y en las comunidades de acogida que le han abierto los brazos”, explicó Eduardo Stein, representante especial de ACNUR y la OIM.

Los países más afectados por la migración -Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay- han dado ejemplo de solidaridad, han modificado su legislación migratoria, concediendo millones de permisos especiales de permanencia. y en su última reunión, celebrada en Quito a finales de noviembre, se comprometieron a integrar en su sistema a los migrantes venezolanos. Pero el éxodo tiene también un impacto, quizá menos tangible, en la disputa política a lo largo de todo el continente. Porque es la principal evidencia de que la situación en Venezuela es insostenible, el fracaso rotundo de un modelo y el camino al caos. Así, las cosas, el fantasma del chavismo se ha convertido en un obstáculo también para otros proyectos alternativos al establishment.

Venezuela, que hace tan solo dos décadas era el principal receptor de migrantes dentro de la región, se ha convertido ahora en emisor. Un vistazo a los datos aportados por Migración Colombia muestra la evolución de forma cristalina. En 1991, solo un venezolano se estableció al otro lado de la frontera. En 2000, dos años después de la llegada de Hugo Chávez al poder, fueron dos. Cuando falleció el expresidente, en 2013, lo hicieron 5.954 venezolanos. En 2017, momento en que se acelera la deriva del régimen, con la anulación de la Asamblea Nacional de mayoría opositora y la elección de una Constituyente, se fueron a Colombia 184.087 personas. Este año, más de 800.000.

Pese a todo, el Gobierno de Maduro sigue negando la crisis y lleva meses organizando repatriaciones de cientos de ciudadanos. Unos shows convenientemente retransmitidos por televisión para tratar de refutar las críticas de la oposición y sostener su estrategia del enemigo exterior. El próximo 10 de enero asumirá de nuevo el cargo hasta 2025 tras ganar en mayo unas elecciones presidenciales celebradas sin la participación de las principales fuerzas opositoras y rechazadas por la mayoría de la comunidad internacional por carecer de observación y garantías democráticas.