2018: el año de la crisis interminable en Perú

"Un año que bien podría haber sido un lustro". Así resume el politólogo José Carlos Requena cómo se vivió en el Perú este 2018 que toca a su fin. Doce meses en los que el país tuvo dos presidentes, más de 45 ministros y hasta tres procesos electorales, a lo que habría que sumar un explosivo frente judicial, la caída en desgracia de los principales líderes de la oposición y el ascenso de una inesperada figura —la del jefe de Estado Martín Vizcarra— cuya popularidad hoy rebasa el 60% de aprobación.

Podría decirse que este intenso año comenzó el 25 de diciembre de 2017. Ese día, el todavía presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) anunció su decisión de indultar a Alberto Fujimori. Luego de gobernar al país de 1990 a 2000, Fujimori cumplía una condena de 25 años de prisión por crímenes de corrupción y violaciones de los derechos humanos.

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Kuczynski había resultado electo en segunda vuelta por encima de Keiko Fujimori —hija de Alberto—, que había partido como favorita y en primera vuelta se había hecho con el control del Congreso, con 73 de 130 curules posibles. Sometido a los embates de la oposición desde el día mismo de su investidura, PPK debió enfrentar un proceso de vacancia por sus antiguos vínculos como consultor de la empresa Odebrecht. Aunque en reiteradas ocasiones había negado que lo otorgaría, el indulto fue la moneda de cambio que ofreció a Kenji Fujimori —congresista y hermano menor de la dinastía— para recibir los votos que controlaba dentro de Fuerza Popular, partido del fujimorismo. Además de salvar su pellejo, Kuczynski parecía haber conseguido dividir a su enemigo, exponiendo las diferencias que lo fracturaban.

Fue una victoria pírrica para PPK, que solo tres meses más tarde, enfrentado a un nuevo proceso de vacancia y a graves evidencias de compra de votos para evitarla, se vio obligado a renunciar. Su reemplazante fue el vicepresidente Martín Vizcarra, que parecía haber recibido un presente griego. Se temía que, luego de probar su fuerza y decisión echando a Kuczynski, Keiko Fujimori lo emplearía como una marioneta y gobernaría a través de él.

Los ánimos se enfriaron en junio, cuando los ojos de todo el país se concentraron en la vuelta de la selección de fútbol a los mundiales luego de 36 años. Hasta entonces, Vizcarra había aparecido dispuesto a negociar con el fujimorismo para construir una plataforma de gobernabilidad que implicara un reparto de poder.

Este escenario comenzó a cambiar al mes siguiente, cuando el portal de investigación periodística IDL-Reporteros publicó el primero de una serie de audios que revelarían una trama de sobornos que infectaba hasta los cimientos del Poder Judicial del puerto del Callao —el más importante del país—, involucrando a jueces, fiscales, integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, empresarios e importantes figuras políticas. Esta era la ventana de oportunidad que Vizcarra parecía haber estado esperando. Aprovechó el tradicional mensaje presidencial de 28 de julio (aniversario de la independencia) para posicionarse a la cabeza de la lucha contra la corrupción y lanzó un referéndum de reforma constitucional que canalizó el rechazo popular hacia un Congreso al que comenzó a torcerle el brazo.

La oposición todavía no se recuperaba de esta sorpresa cuando ocurrió otra todavía más drástica. Octubre comenzó con una resolución del Poder Judicial que, ante un control de convencionalidad pedido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, anuló el indulto a Alberto Fujimori. Pero el momento más álgido llegó una semana después, cuando las investigaciones del caso Lava Jato alcanzaron a Keiko Fujimori, quien primero fue detenida preliminarmente y luego enviada a una prisión preventiva de 36 meses. Se la acusa de liderar una organización criminal instalada al interior de su partido, cuyo objetivo fue «obtener el poder político recibiendo para ello aportes ilícitos provenientes de actos de corrupción del grupo empresarial brasileño Odebrecht, […] para que luego estando en el poder se retribuyeran estos aportes ilícitos».

Temiendo un destino similar, el también investigado expresidente Alan García se internó en la embajada de Uruguay en Lima, donde reclamó ser víctima de una persecución política e interpuso un pedido de asilo. La respuesta del gobierno de Tabaré Vásquez sería negar esta solicitud. Las consecuencias de semejante revés han sido nefastas para la credibilidad de García, que según recientes encuestas es apoyado por el 4% de los peruanos y rechazado por el 93%.

Diciembre se saldó con varios triunfos para un gobierno que había nacido marcado por la incertidumbre. Las alternativas que defendió en el referéndum de reforma constitucional —sí a la creación de una Junta Nacional de Justicia, sí a regular la financiación de los partidos, no a la reelección parlamentaria y no a un Congreso bicameral— ganaron con cerca del 80% de los apoyos. Asimismo, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de varias leyes polémicas, entre las que se encontraba la prohibición a los parlamentarios de abandonar una bancada para incorporarse a una nueva o formar una propia.

Esta decisión ha comenzado a cambiar la correlación de fuerzas en el Parlamento y se piensa que aumentará la vulnerabilidad del fujimorismo en las semanas que vienen. Esto acercaría los números que Fuerza Popular aún mantiene en el Congreso al sentir popular. Según un reciente sondeo de opinión, un 38% cree que este movimiento desaparecerá en los meses próximos. Incluso peor es la imagen del Partido Aprista Peruano de Alan García, pues 45% de los consultados pronostica que dejará de existir.

«Las personas usualmente confunden lo que quisieran que ocurra con lo que realmente pasará», matiza el analista político Fernando Tuesta. Lo que resulta innegable es que estos números reflejan el daño que han sufrido los dos partidos que parecían controlar el Perú, ocasionado por los permanentes cuestionamientos que asocian a sus principales dirigentes con la corrupción.

La lucha contra esta plaga seguirá marcando buena parte de la agenda del país. Los peruanos cuentan los días para que entre en vigor el acuerdo que la justicia y Odebrecht firmaron a principios de mes, que supondrá la llegada de importantes cantidades de información sobre las coimas que se pagó en obras emblemáticas como la Carretera Interoceánica o el Metro de Lima. Tan potentes serían estas revelaciones que el diario O’Globo de Brasil publicó un editorial donde aseguró que sus consecuencias sobre la clase política peruana podrían ser «devastadoras».

También se aguardan avances significativos en la reforma del Poder Judicial —el Ejecutivo ha entregado al Congreso siete proyectos de ley sobre la materia, de los que solo se ha avanzado en uno— y para la reforma política el gobierno ha nombrado una comisión de alto nivel. En los siguientes dos meses esta se encargará de evaluar y presentar iniciativas sobre el sistema de partidos, de gobierno y de elecciones que luego se traducirán en cambios a nivel normativo.

Los retos en el campo social no son menores. Se espera continuar visibilizando un problema tan grave como el feminicidio y el maltrato contra la mujer. En los primeros once meses de 2018 se contaron 132 asesinatos por esta causa (9% más que en 2017) y a día de hoy se registran 42.000 pedidos de garantías policiales por violencia de género.

Se piensa que la crisis humanitaria en Venezuela seguirá traduciéndose en la llegada masiva de expatriados a tierras peruanas. El año que concluye la inmigración creció 500%, registrándose en un solo día el ingreso de 7.000 personas por el Centro Binacional de Frontera de Tumbes. La Superintendencia Nacional de Migraciones estima en 653.000 el número de venezolanos llegados al Perú, que para diciembre de 2019 podrían aumentar hasta un millón, una estadística solo superada por Colombia. Esta situación ha acarreado problemas de discriminación, abusos y trabajo informal.

Luego de garantizar su supervivencia, asegurar su independencia y granjearse un capital político que no se registraba desde la transición democrática del año 2000, Martín Vizcarra enfrenta una nueva baraja de retos. Quizá el principal será demostrar que sus talentos como gestor están a la altura de su astucia política, tomando en cuenta el cúmulo de expectativas embalsadas que crecieron durante el turbulento 2018. Con el camino por fin allanado, se cree que el PIB del país podría crecer por encima del 4% registrado este año, superando las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Mucho dependerá de la capacidad de los peruanos para transformar este largo período de crisis en una oportunidad de progreso.