La corrupción de Odebrecht intenta atrincherarse en Perú

Hubo que esperar hasta el 31 de diciembre para que el fiscal de la Nación Pedro Chávarry le diera razón a los persistentes rumores que circulaban desde hacía semanas, concretando el descabezamiento del equipo especial encargado del caso Lava Jato en Perú. Chávarry pretendió aprovechar el ambiente festivo que rodea al último día del año para amortiguar el impacto por la remoción de los reconocidos fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.

Pedro Chávarry no pudo escoger un peor momento y una manera más sospechosa para anunciar la remoción de Rafael Vela y José Domingo Pérez

Las pesquisas por la trama de corrupción de las constructoras brasileñas habían alcanzado un inusual dinamismo gracias al trabajo de ambos. Desde que en julio de 2018 asumió su coordinación, Vela se había ocupado de garantizar la independencia y el desempeño del equipo especial. Dentro de este destacaba la figura de José Domingo Pérez, encargado de investigar las donaciones irregulares a las campañas políticas de los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski, Alan García, Alejandro Toledo y la excandidata Keiko Fujimori.

Este trabajo pronto se tradujo en resultados tangibles, como el relanzamiento de la negociación para un acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Concretado en diciembre último, éste obliga al gigante de la construcción a pagar una indemnización de cerca de 180 millones de dólares, a entregar todas las pruebas sobre los casos de sobornos en los que intervino y a facilitar el interrogatorio a cinco de sus exejecutivos, entre los que se cuenta Jorge Barata, su antiguo representante en Perú. A cambio, obtiene la inmunidad judicial y una autorización para seguir operando en el país.

Pero fueron los logros en los casos de Keiko Fujimori y Alan García —líderes de la oposición y dueños de un enorme poder, que se tradujo en la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski en marzo pasado— los que concitaron la mayor atención de la opinión pública, despertando un respaldo mayoritario para Pérez. A Fujimori se la acusa de ser la cabecilla de una organización criminal enquistada dentro de Fuerza Popular —su partido político—, cuyo propósito fue lavar el dinero que Odebrecht le entregó para las elecciones de 2011. Por estas consideraciones, desde hace dos meses cumple prisión preventiva.

Líder indiscutido del Partido Aprista Peruano y dos veces presidente del Perú, Alan García es investigado por tráfico de influencias en la concesión del Metro de Lima —Odebrecht admitió haber desembolsado millonarias coimas para obtenerla— y por el pago de 100.000 dólares a cambio de una conferencia dictada en Brasil que, todo indica, provendrían de la Caja B de la propia empresa de construcción. Ante el avance de estos procesos, García se refugió a escondidas en la embajada de Uruguay en Lima, donde solicitó un asilo político que el gobierno de Tabaré Vásquez terminó por negarle. Hoy mismo pesa contra él una orden de impedimento de salida del país.

Pero estos avances empequeñecen frente a las posibilidades que abre el acuerdo de colaboración. Hace poco, el diario O’Globo de Brasil publicó un editorial donde aseguraba que, cuando lleguen, las revelaciones de Odebrecht tendrán consecuencias "devastadoras" sobre la clase política peruana.

Pedro Chávarry no pudo escoger un peor momento y una manera más sospechosa para anunciar la remoción de Rafael Vela y José Domingo Pérez: a unas horas del fin del año, en una conferencia de prensa donde no admitió preguntas, leyendo con voz temblorosa cada una de las palabras que pronunció, justificando su decisión con argumentos personales como las críticas que Pérez ha dedicado a su desempeño como fiscal del país. Al retirar a dos funcionarios que resultaron capitales para negociarlo, a menos de dos semanas de su firma definitiva —fijada para el 11 de enero— y anunciando que haría público su contenido —que ahora mismo debe mantenerse bajo reserva—, parecía decidido a dinamitar el acuerdo de colaboración con Odebrecht.

La conferencia de prensa de Chávarry puso en marcha una vertiginosa cadena de reacciones. A pesar de la fecha, numerosos ciudadanos salieron a las calles del centro de Lima y recibieron el año nuevo mientras marchaban contra la desarticulación del equipo especial. Los medios de comunicación más importantes del país se posicionaron unánimemente contra la medida. Lo mismo hicieron numerosas instituciones públicas y privadas, incluidos varios representantes del Poder Judicial y la misma Fiscalía. Luego de manifestar su rechazo ante la remoción de los fiscales, el presidente Martín Vizcarra anunció que adelantaba su vuelta del Brasil, adonde había viajado para asistir a la toma de mando de Jair Bolsonaro.

Las críticas contra el fiscal general no eran nuevas. Pedro Chávarry había sabido estar en el ojo del huracán desde el mismo día de su nombramiento, cuando se publicó un audio donde se lo oía coordinar una reunión con medios de prensa amiga que había negado en todos los idiomas. Aquella conversación era con César Hinostroza, cabecilla de Los cuellos blancos del puerto, una intrincada mafia de corrupción en el poder Judicial del puerto del Callao en la que ha sido implicado el propio Chávarry. Todo este tiempo fue pública su hostilidad contra el equipo especial Lava Lato, cuyo trabajo ha intentado entorpecer por varios caminos, llegando a anticipar que tenía la potestad de remover a José Domingo Pérez "en cualquier momento", pero que evitaba hacerlo porque podría parecer "una represalia"

Estos controvertidos antecedentes no impidieron que las bancadas de Fuerza Popular y el APRA —con sus líderes puestos contra las cuerdas por el caso Lava Jato— lo sostuvieran al frente del Ministerio Público. Además de justificar sus frecuentes salidas de tono, la alianza de ambos contuvo una y otra vez las denuncias constitucionales presentadas contra el fiscal general. 

Aunque se apresuraron a respaldar la salida de Vela y Pérez, tanto el aprismo como el fujimorismo tuvieron que retroceder. Haciendo eco del cada vez más extendido descontento popular, el presidente Vizcarra aterrizó en Lima anunciando un proyecto de ley para declarar en emergencia al Ministerio Público peruano. Sumada a las fuertes críticas, esta noticia precipitó la declinación de los fiscales elegidos por Chávarry para ocupar las vacantes que quedaban libres en el equipo especial.

El fiscal general comenzó a verse cada vez más aislado y, dos días después de cesarlos, se vio obligado a firmar una resolución donde disponía que Rafael Vela y José Domingo Pérez eran repuestos en sus cargos. El ataque de Chávarry contra el equipo especial se saldaba con un rotundo fracaso, aunque todavía faltaban algunos episodios por ver.

La siguiente en abandonarlo fue nada menos que Keiko Fujimori, quien desde su cuenta de Twitter apoyó a Vizcarra, asegurando que la prisión preventiva la había cambiado: "Es necesario iniciar una reforma integral de una institución que es fundamental para una correcta administración de justicia. Por esa razón invocó a Fuerza Popular a apoyar y priorizar la declaratoria de emergencia del Ministerio Público de forma inmediata". De este modo, intentaba mostrar sus intenciones de no seguir obstruyendo con la justicia, uno de los motivos de peso de su actual detención. El último en pronunciarse fue el APRA que, ante su manifiesta debilidad, pidió la renuncia del fiscal, aunque no apoyó el proyecto de ley de Vizcarra.

Completamente aislado y vencido, se espera que Pedro Chávarry anuncie su salida en cualquier momento. Por lo pronto, el cese temporal de los fiscales Vela y Pérez ha tenido una primera consecuencia negativa, dejando en suspenso la firma de la colaboración eficaz y los interrogatorios de Odebrecht. Se anuncian marchas multitudinarias en todo el país para protestar por su permanencia en el Ministerio Público, para apoyar al equipo especial y para respaldar la lucha contra la corrupción, con el acuerdo con la constructora brasileña como piedra angular.