Los ultraortodoxos, indispensables para Netanyahu tras su ligero avance en las urnas

Los partidos ultraortodoxos judíos Shas (sefardí) y Judaísmo Unido por la Torá, (askenazi) han obtenido mejores resultados (ocho escaños cada uno) de lo que vaticinaban las principales encuestas electorales, que les auguraban una horquilla conjunta de entre 11 y 15 escaños -en los comicios de 2015 el Shas obtuvo siete escaños y la coalición askenazi seis-. Una vez más, en su campaña electoral mezclaron lo divino y lo humano, prometiendo a sus votantes haredíes -temerosos de Dios- nada menos que “el Paraíso”, a pesar de que la Ley Electoral israelí prohíbe expresamente pedir el voto a través de promesas de índole religiosa.

Si el primer ministro Benjamín Netanyahu es el designado por el presidente, Reuven Rivlin, para formar Gobierno, podría liderar un sólido bloque en el Parlamento, de 65 escaños. Pero la holgada mayoría parlamentaria que conseguiría con el apoyo de los ultraortodoxos y de sus aliados de extrema derecha no será sinónimo de estabilidad, en un futuro Gobierno donde varios de sus miembros, incluido Netanyahu, tienen cuentas pendientes con la justicia.

Los líderes de los dos partidos ultraortodoxos, el ministro del Interior, Aryeh Deri (Shas) y el viceministro de Salud, Yaakov Litzman (Judaísmo Unido de la Torá) también están en el punto de mira de la policía israelí. A finales de noviembre, los investigadores policiales aseguraron tener evidencias de que Deri habría violado la ley y recomendaron al Fiscal General del Estado que lo acuse de blanqueo de capitales, malversación, fraude y otros delitos fiscales.

Agentes de la Lahav 433, la unidad anticorrupción de la policía, también interrogaron en febrero a Litzman, sospechoso de haber utilizado sus influencias para evitar la extradición a Australia de Malka Leifer, exdirectora de una escuela australiana, acusada de abusos sexuales. El político supuestamente le habría ayudado a conseguir un informe psiquiátrico falso, clave para librarse de ser juzgada en el extranjero.

Ambos son viejos socios de Gobierno de Netanyahu, que los considera sus aliados naturales, a pesar de las diferencias políticas. En el pasado los encontronazos en el seno del Ejecutivo con el sector ultraortodoxo estuvieron marcados por el empeño de los ultrarreligiosos judíos en parar el alistamiento forzoso de haredíes en el Ejército y por sus demandas encaminadas a endurecer las penas por violar el sagrado descanso sabático.

Si el líder del Likud descarta la gran coalición de unidad -de la que algunos hablan atendiendo al voto del electorado- y se decanta por reeditar un Gobierno como el de la pasada legislatura, también será difícil ver en Israel durante su próximo mandato reformas que hagan posible el matrimonio civil, como demanda un sector de la sociedad o que mantenga su compromiso de crear una zona de rezo igualitaria en el Muro de las lamentaciones, como le reclaman los judíos más progresistas de las corrientes estadounidenses de la Reforma y el llamado Movimiento Conservador.

Pero, además del coste político, nadie duda de que el líder del Likud tendrá que pagar también el peaje económico del apoyo haredí.  "Para Netanyahu los ultraortodoxos son un valor seguro. Sabe que puede contar con ellos y sus demandas no suponen un gran esfuerzo para él. Lo natural es que gobierne de nuevo con ellos", asegura Ofer Kening, analista del Instituto de Democracia de Israel. En los últimos cuatro años, el Gobierno dobló el presupuesto de las yeshivas (centros de estudios religiosos judíos). De los 673 millones de shequels que recibían en 2014 (unos 168 millones de euros), pasaron a 1.300 millones de shequels (325 millones de euros) en 2018. Unas cifras que, a buen seguro, el nuevo Gobierno tendrá que aumentar para contentar a sus socios ultrarreligiosos y que tendrá un impacto negativo en los esfuerzos realizados por los diferentes Gobiernos en aras a la integración laboral de un colectivo en el que un 50% de los hombres se dedica exclusivamente al estudio de la Torá.