Trampa política y moral en Alabama

El Senado del Estado Alabama (EE UU) revisó la ley del aborto para convertirlo en crimen, incluso en caso de violación o incesto. La única excepción es si se trata de salvar la vida de la mujer. La artimaña legislativa tiene al menos dos objetivos. El primero es inmediato: las mujeres tendrán prohibido abortar, con una sentencia de 99 años de cárcel para quienes intenten ayudarlas a hacerlo. El segundo objetivo es de largo plazo: ante la reversión de la histórica decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos Roe v. Wade, que despenalizó el aborto, se espera que grupos de defensa de los derechos de las mujeres recurran a acciones judiciales y que el tránsito judicial lleve el caso a la Corte Suprema en los próximos cinco o 10 años. Con una nueva configuración moral de la Corte durante la presidencia de Donald Trump y, en particular, con la nominación del juez Brett Kavanaugh, la expectativa es de que un nuevo capítulo sea escrito en la historia del aborto en el país norteamericano.

Es una trampa política y moral tras la ley de Alabama. Si no existe recurso judicial, las mujeres inmigrantes y más pobres sufrirán las consecuencias de la criminalización, como ocurre con las mujeres de la América Latina y el Caribe: recurrirán a métodos inseguros y clandestinos. Las mujeres con recursos financieros viajarán a los Estados vecinos y tendrán acceso a los servicios de aborto seguro. Si hay respuesta judicial, algo inminente, las feministas propulsarán la revisión de Roe v. Wade a la Corte Suprema de los Estados Unidos.

La artimaña del grupo que movió la acción tiene una estrategia perversa de fondo, con respecto a la cual el abogado de la causa, Eric Johnston, no se avergüenza de anunciar públicamente: en el pasado, el aborto fue descriminalizado con base en una interpretación considerada “frágil” al orden constitucional estadounidense: el principio de la privacidad. No habría derecho a la privacidad así explicitado en el texto constitucional, interpreta Johnston. Por eso, puede haber una respuesta basada en una nueva cuestión constitucional. Y, por tanto, es preciso que la ley de Alabama abra otro camino de controversia moral sobre el derecho a la vida del feto. Si el plan continua su ruta perversa, la Corte Suprema estadounidense deberá decidir si esta es la pregunta correcta para la cuestión del aborto y los derechos de las mujeres.

Es verdad que la ministra brasileña de Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves, ya ha expresado públicamente su posición favorable a la propuesta de enmienda constitucional, en un trámite en el Congreso brasileño, que establece el “derecho a la vida desde la concepción”: en el reciente evento de resurrección del Frente Parlamentario en Defensa de la Vida y la Familia, la pastora fue homenajeada. La agenda moral del Frente Parlamentario es una traducción política del mesianismo evangélico para el bien común -la familia debería ser solamente la unión entre hombre y mujer-, un cambio del texto constitucional para la definición del inicio de la vida en la concepción y una irónica “beca violación” para incentivar mujeres a no abortar en casos de violencia sexual. El cambio constitucional sobre el “inicio de la vida” es un fragmento de la misma narrativa que mueve la ley de Alabama: imponer al orden político democrático los valores religiosos de una comunidad moral.