“Vinimos a decir que los militares colombianos no están diciendo la verdad”

“Llevo 15 años en la lucha por la verdad”, "llevo 10, 11…" "Vinimos a decir que nuestros hijos, hermanos, esposos no eran guerrilleros, ni criminales". "Que los militares que los ejecutaron no están diciendo la verdad, y que nosotras estamos recibiendo amenazas". Las voces de los familiares de las ejecuciones extrajudiciales de Soacha, el asesinato sistemático de civiles que eran presentados después como guerrilleros caídos en combate y uno de los hechos más vergonzosos para el Ejército de Colombia, se escucharon en el Tribunal de Paz este jueves. Sus relatos se fueron sumando como un coro de injusticias acumuladas durante muchos años.

Cada vez que narraban sus historias y alguno se quebraba o apretaba el cuerpo para contener el llanto, algunos de los oyentes a esa audiencia inédita bajaban la cabeza. Colombia conoce sus casos pero no lo que soportaron estas familias después del asesinato de sus hijos. Eran las víctimas, pero pedían perdón por llorar.

Tras la firma del acuerdo de paz, 162 militares —desde soldados hasta generales— han acudido a este tribunal a contar voluntariamente su participación en este caso llamado 03 o Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Buscan beneficios jurídicos a cambio de entregar información y reparar. Esta vez les correspondía a las víctimas hacer observaciones al caso que lleva la justicia.

“Vinimos a decirle a la JEP que los militares no están diciendo la verdad. No queremos pañitos de agua tibia, queremos saber quiénes son las cabezas, esclarecer los hechos, limpiar el nombre de nuestros hijos”, dijeron antes de comenzar la audiencia. Después, rezaron tomadas de las manos. Pedían fuerzas para relatar una vez más lo vivido y solicitarle al tribunal que llame también a civiles para que declaren, incluidos los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, presidente y ministro de Defensa, durante la época de las ejecuciones.

“Aquí hay algo mucho más grande. Hay que mirar el papel del Cuerpo Técnico de Investigaciones; escuchar también a Medicina Legal (instituto forense del país). Es muy raro que sea la misma médica forense la que haya firmado los documentos de todos estos muchachos o que el CTI haya hecho levantamientos a muchachos con botas nuevas y al revés”, comenzó con aplomo Jaqueline Castillo, después de contar cómo mataron a su hermano Jaime Castillo y ella viajó a rescatar el cuerpo de una fosa común.

Cada víctima intervino con la imagen de su hijo al costado. Como su fortaleza. “Vengo a contar quién era”, repetían. Aún recuerdan con dolor cuando el expresidente Uribe dijo que estos eran delincuentes y él tuvo que rectificar sus palabras bajo orden judicial. El clamor compartido de las madres es que las investigaciones lleguen a niveles más altos, que se establezcan las responsabilidades en la cadena de mando, no solo a quienes dispararon; y que se investigue también la desaparición forzada de la que fueron víctimas sus familiares.

Un fenómeno nacional

“El caso de los jóvenes de Soacha ilustra un fenómeno nacional. Hoy sabemos que ocurrió en todo el país, menos en la isla de San Andrés. Al menos 2.248 personas fueron ejecutadas de esta forma y creemos que la cifra se queda corta. Todo esto es gracias al coraje de ustedes”, les dijo, empática, la magistrada Catalina Díaz a las madres.

Fueron relatos desoladores y revelaron el espíritu humilde de todas las víctimas. Jóvenes que aceptaban trabajos para ayudar a su familia o incluso, vaya paradoja, soñaban con ser soldados. No es extraño. En los barrios más pobres de Colombia entrar al Ejército o a la policía es la vía más expedita para tener un ingreso económico. Y ante la falta de acceso a la universidad, en un país donde un semestre puede costar 2.000 dólares, esa era la única aspiración. De ese caldo de inequidad se valían los reclutadores que los engañaron.

Las madres revelaron también lo que han padecido buscando justicia durante estos años, cómo fueron ellas las propias investigadoras, cómo excavaron para exhumar a sus hijos y contaron los hechos absurdos de los que han sido víctimas. “Como en Colombia no te dan trabajo si no tienes la libreta militar, mi otro hijo tuvo que entrar a prestar el servicio militar”, contó Rubiela Giraldo, otra de las madres. “Ahora está enfermo. Dice que siente rabia y asco por portar el uniforme de quienes mataron a su hermano”. Por eso pidieron que sus familiares estén exentos del servicio militar, que en Colombia es obligatorio.

También recordaron que ellas siguen pagando deudas millonarias por tener los restos de sus hijos en los cementerios. “Si los militares hicieron vaca (reunieron dinero) para matarlos, entonces que junten plata para pagar las deudas de los cementerios”. Exigieron que el Ejército reanude un proyecto de mausoleo que les había prometido. Hubo también revelaciones macabras, como la de Luz Marina Bernal quien dijo que a su hijo se lo entregaron sin brazos ni piernas; o como la existencia de un falso positivo que está desaparecido, además de las amenazas de muerte que han recibido por denunciar.

La audiencia también sirvió para recordar a sus familiares con ternura. Sus sueños truncados: de ser cantantes, veterinarios, de entrar a la universidad, de comprar una casa. Y sobre todo, lo que han perdido las familias con su muerte: “Jony Duvián era el payaso, el que nos hacía reír. Después de que me lo mataron en mi casa ya no se baila. Todo eso murió”, dijo Zoraida Isabel Muñoz. Y al final, hubo espacio para la ironía a través de redes sociales: “Aquí terminan nuestras intervenciones. Gracias por soportar nuestros relatos. Pero este es su país”.