La apresurada tramitación de una ley de hidrocarburos agudiza las protestas en Argelia
La oposición denuncia que el Ejecutivo no tiene legitimidad para aprobar una norma sobre inversión extranjera que marca el futuro del país
El régimen argelino, cuyo hombre fuerte es el general y jefe del Estado Mayor, Ahmed Gaid Salah, va a sacar adelante en tiempo récord una ley sobre hidrocarburos que intenta atraer el capital de las multinacionales extranjeras. La norma ha provocado protestas masivas en la calle desde su aprobación por el Consejo de Ministros, el 13 de octubre. El Ejecutivo está deseoso de aumentar los ingresos procedentes de los hidrocarburos. Pero numerosos analistas y dirigentes de la oposición se preguntan por qué un Gobierno interino --al frente del país desde que en abril dimitió el presidente Abdelaziz Buteflika-- tiene que aprobar deprisa y corriendo una norma clave para el presente y el futuro del país.
El día de su aprobación por la cámara baja del Parlamento, el pasado día 14, la policía tuvo que acordonar la sede de la Asamblea Nacional Popular, ante la presencia de miles de manifestantes. “La riqueza de Argelia no se malvende”, “no se toca la soberanía nacional”, esgrimían. La ley solo está ya pendiente de que la ratifique el Senado, donde se someterá a votación el próximo día 28. Los partidos que han gobernado en alianza durante las dos décadas del régimen Buteflika gozan de mayoría en ambas Cámaras y se da por hecho que la norma será aprobada.
La anterior ley data de 2005. Y aunque ha sido reformada en cuatro ocasiones, no ha evitado ni los escándalos de corrupción ni ha conseguido atraer grandes inversiones extranjeras. En la actualidad, cualquier empresa que desee invertir en Argelia en este sector tiene que asociarse con la estatal Sonatrach y su participación no puede sobrepasar el 49% del capital. Con la nueva ley, el Estado sigue reservándose al menos el 51% de todos los contratos con multinacionales.
No obstante, la ley incluye una rebaja fiscal generalizada así como los llamados contratos de producción compartida, mediante los cuales las compañías privadas pueden beneficiarse de una parte de la producción. La nueva norma también pretende agilizar los trámites burocráticos para acometer los proyectos.
Dos de las grandes beneficiaras de la nueva normal son Repsol y Cepsa. Repsol participa, como socio de Sonatrach, en siete concesiones, una de exploración y seis de producción y desarrollo. Cepsa lleva 30 años en el país y participa en cinco concesiones de exploración y producción. La mitad del gas que compra España proviene de Argelia.
Argelia es el tercer productor de petróleo en África (tras Nigeria y Angola) y se encuentra entre los diez primeros productores de gas. Pero en medio siglo ha visto desaparecer el 60% de sus reservas de hidrocarburos. El régimen intenta combatir la bajada de los precios del petróleo mediante la aportación del capital extranjero.
Para justificar la necesidad de la nueva ley, el ministro de Energía, Mohamed Arkab, informó de que desde 2005 el Estado ha abierto 67 yacimientos a concurso, solo ha recibido 19 ofertas y apenas ha firmado 13 contratos. Eso explica, en parte, que Argelia haya pasado de producir 1,5 millones de barriles de petróleo en 2005 a solo un millón en la actualidad.
El contexto político es tenso. Una gran parte de la población considera que el actual Gobierno interino es ilegítimo desde el pasado 9 de julio, fecha en la que expiraba el mandato de tres meses que la Constitución prevé como plazo para todo Gobierno interino. El régimen intentó convocar unas elecciones presidenciales el 4 de julio, pero la sociedad las boicoteó porque consideraba que la transparencia de los comicios no estaba garantizada. Ningún candidato se presentó. El Consejo Constitucional dictaminó entonces que el presidente interino, Abdelkáder Bensalá, podía seguir en su puesto hasta que se elija a un nuevo presidente. Los manifestantes acusaron entonces al Consejo de ser un instrumento del poder militar.
Ahora, el régimen ha convocado otras presidenciales para el 12 de diciembre y esta vez ha conseguido que compitan cinco candidatos. Pero la sociedad civil sigue desconfiando de unos comicios en los que no está garantizada la presencia de observadores internacionales, ni se han concedido visados a la prensa extranjera.
Tensión política
Las convulsiones políticas se reflejan en Sonatrach, la principal empresa pública del país. En nueve años Sonatrach ha tenido seis presidentes. El penúltimo de ellos, Rachid Hachichi, llevaba solo siete meses en el puesto y fue destituido el pasado 13 de octubre, tras haber defendido el proyecto ante el Parlamento. “¿Por qué ha sido despedido ahora?", se preguntaba el medio digital TSA, el más leído del país. No hay ninguna respuesta oficial a esa pregunta.
Hassan Haddouche, periodista especializado en Economía de TSA, explica por teléfono que tras las protestas en las calles fueron invitados a la Asamblea varios expertos energéticos para que se pronunciaran sobre la ley. “La mayoría de ellos coincidieron en que se trata de una ley necesaria, porque la producción y la exportación de hidrocarburos han bajado mucho en la última década. Y se necesita atraer el capital extranjero”. “Sin embargo”, precisa Haddouche, “los expertos creen que hay un problema de legitimidad por parte del Gobierno y que no era necesaria aprobar la ley ahora, con unas elecciones presidenciales previstas en un mes. Existe además un problema de credibilidad. La gente no cree que lo que pueda hacer este Gobierno vaya a ser bueno para el país”.
Gonzalo Escribano, miembro del centro de análisis Real Instituto Elcano, cree que, aunque la ley era necesaria desde hace años, el Gobierno no goza de la legitimidad necesaria para aplicarla. “No es el momento para aprobar una ley tan importante”, señala, “aunque tampoco creo que con ella se estén malvendiendo los recursos naturales del país”.
“Las multinacionales”, señala Escribano, “venían pidiendo tres cosas desde hace varios años: la primera, una reducción de impuestos; la segunda, una participación mayor en las inversiones, no limitada por la mayoría del 51% para Sonatrach; y la tercera, una mayor flexibilidad en la burocracia. De esas tres demandas, la ley solo se ha centrado en la bajada de la presión fiscal. Como media, la fiscalidad se ha reducido 20 puntos porcentuales”.
“En cuanto a la flexibilidad de la burocracia”, añade Escribano, “está por ver si se consigue. En Argelia desde que haces la primera inversión hasta que comienzas a explotar el gas pueden pasar diez años. En Egipto, incluso en algún yacimiento complicadísimo, se puede hacer en tres”.
Un experto del sector que solicita el anonimato añade: “La ley es un avance para atraer las inversiones. Pero el gran problema de Argelia se llama logística y burocracia. Las grandes reservas, sobre todo de gas, están en el sur desértico del país. La logística deja mucho que desear y la burocracia no ayuda. Todo el mundo tiene miedo de tomar la última decisión”.
Varios analistas creen que con la rápida aprobación de la ley el régimen intenta comprar el silencio de las potencias extranjeras ante las protestas sociales que sacuden el país desde el 22 de febrero. Haddouche, sin embargo, se muestra escéptico con esa tesis: “Cada vez que un Gobierno en Argelia intenta adoptar medidas liberales se le acusa de vender el país a las potencias extranjeras. Eso forma parte de los mitos argelinos desde hace 50 años”.
Otros politólogos, como el argelino Raouf Farrah, insisten en que el régimen intenta obtener con esta medida el apoyo exterior. “Es preciso recordar que estas compañías petroleras tienen una gran capacidad de presión sobre sus respectivos Gobiernos, sobre todo en Francia y Estados Unidos”, subraya.
Ante la pregunta de si la ley es necesaria, más allá del contexto político actual, Farrah objeta: “Plantear la pregunta así es problemático, porque es difícil analizarla fuera del contexto político. Ahora mismo no es necesaria, sobre todo a causa de la ilegitimidad del Gobierno. Es imposible tomar decisiones estratégicas sin el apoyo popular”.
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