El espectro del brote xenófobo después del vírico aparece en Líbano

“¡No tenemos el virus, son los bangladesíes!”, protesta exasperado un trabajador sirio desde la puerta de un inmueble precintado y rodeado por una veintena de policías. “!Métete para dentro!”, le ordena el oficial a cargo. Los 350 inmigrantes sirios -la mitad de ellos menores- que habitan este inmueble del popular barrio Raas en Nabaa de Beirut están confinados junto con los 181 varones bangladesíes que habitan el edificio colindante y donde esta semana se han registrado 38 positivos por covid-19, trasladados al Hospital Rafic Hariri, cuenta este jueves Hasan Jafar, trabajador de una ONG local. “Hasta ahora ningún sirio ha dado positivo, pero viven hacinados, con hasta 10 durmiendo en un mismo cuarto”, agrega.

Se trata de los primeros casos entre la comunidad de inmigrantes en Líbano, que asciende a 250.000 personas en un país con 4,5 millones de libaneses, según los datos oficiales. A pesar de que el país ha registrado un número moderado de casos (1.024 positivos y 26 fallecidos), el repunte en las cifras ha llevado al Gobierno a adelantar el toque de queda a las siete de la tarde e incluso imponer la pasada semana cuatro días de encierro a sus ciudadanos. Sorprendentemente, tampoco se ha notificado ningún caso entre los 1,5 millones de refugiados sirios en Líbano, una quinta parte de ellos hacinados en campos.

Un pálido joven de nombre Benzi asegura desde una de las ventanas que la Media Luna Roja y las mezquitas del barrio les llevan comida a diario. Todos los bangladesíes confinados son empleados de la empresa Ramco, contratados para la limpieza de empresas, calles y casas. “Uno de ellos se desmayó ahí en la acera y se lo llevó una ambulancia”, cuenta señalando al asfalto Fatiha, dependienta en la tienda de comestibles situada frente a la vivienda.

Precisamente este martes tuvo lugar una insólita manifestación en la que un centenar de bangladesíes protestaron a las puertas de la sede de Ramco, ahogados por la grave crisis económica que azota el país y que ha hundido la libra libanesa. Protesta que se engloba en un movimiento de contestación nacional que estalló el pasado octubre en el que los libaneses exigen la caída en bloque de toda la élite político-económica. En la actualidad se cuentan cinco tipos de cambio en Líbano; en el mercado paralelo los escasos dólares que se encuentran se compran por 4.000 libras (2,4 euros), mientras que el Banco Central ha mantenido la paridad fija de 1.500 libras (0,9 euros) impuesta tres décadas atrás.

“Ganábamos 400 dólares mensuales, pero a falta de dólares nos han empezado a pagar en libras con la paridad oficial”, prosigue Benzi, cuyos cálculos le dejan con 127 euros de salario para malvivir en el país y enviar remesas a su familia en Bangladés. El deterioro económico ha llevado a una metamorfosis de la llamada zaura (revolución, en árabe) a unas revueltas del pan en las que se lanzaron el mes pasado cócteles molotov contra bancos.

“Hemos pillado a un sirio que intentaba escapar y lo hemos entregado a la policía”, dice con el rostro enrojecido un vecino del barrio de Raas el Nabaa en cuyas calles ha cundido el pánico al contagio. “Vamos a trasladar a los habitantes del inmueble a otro emplazamiento para una cuarentena”, asegura por su parte uno de los militares que custodian sendos edificios. “Nos preocupa que en Líbano la doble crisis sanitaria y económica alimente el ya patente racismo en el país contra inmigrantes y refugiados”, opina un diplomático europeo en Beirut.

Solidaridad

La devaluación de la lira libanesa ha propulsado en cuestión de meses a la mitad de la población de Líbano bajo el umbral de la pobreza. En el escalafón de la crisis, los refugiados y migrantes han bajado a su vez otro peldaño. “Cuando se impuso el confinamiento en febrero muchas empleadas del hogar se quedaron sin trabajo y sin dinero ni siquiera para comer”, cuenta en conversación telefónica la filipina Meriam Prado, quien también perdió su empleo. De los 250.000 trabajadores migrantes en el país, la vasta mayoría son trabajadoras domésticas. Excluidas del código laboral libanés por el artículo 7, y a falta de regulación alguna, estas mujeres quedan sujetas al sistema de kafala (apadrinamiento) y de facto vinculadas legalmente a su patrocinadora libanesa. Los abusos e incluso delitos de las madames quedan legalmente impunes en un país que socialmente les considera las dueñas de sus sirvientas.

Fue entonces cuando esta filipina de 38 años decidió empezar a recolectar dinero de sus compañeras para comprar comida y distribuirla entre las más necesitadas. Así surgió el proyecto musharaka (cooperativa, en árabe), que a día de hoy ha recaudado 6.000 euros para distribuir cajas de alimentos a 1.054 trabajadores migrantes, así como cubrir los gastos médicos de otros 11. “Con el encierro, los casos de abuso también se han disparado”, denuncia Prado, quien recibe llamadas de socorro en un grupo que ha creado en Telegram.

A las puertas de una mezquita y a escasos 100 metros de los dos edificios precintados, una turba de gente se abalanza sobre la verja de entrada. Ondean sus documentos de identidad a la espera de recibir un codiciado papelito blanco y vale para comprar comida en los supermercados asignados. Inversamente, otro grupo de personas acuden a hacer donaciones, uno de los pilares del islam en este mes de Ramadán, ayuno musulmán. Con la cabeza asomada entre toldos, el confinado Benzi aguarda la llegada de sus paisanos de la empresa Ramco para recolectar la montaña de basura que empieza a acumularse a la entrada del edificio.