El acuerdo entre el chavismo y la oposición y el dilema de la legitimidad en Venezuela

La grave crisis institucional y política en la que está sumida Venezuela tiene que ver, en esencia, con la noción de legitimidad. El Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, liderada por Juan Guaidó, no se reconocen mutuamente. El sucesor de Hugo Chávez tampoco tiene el respaldo de las principales instancias de la llamada comunidad internacional: desde Estados Unidos, que lo acusa de narcotráfico, hasta Bruselas y la mayoría de los Gobiernos latinoamericanos. Alrededor de 60 países atribuyen a Guaidó el cargo de presidente interino, pero el régimen chavista no lo acepta ni siquiera como jefe del Parlamento, ya que primero despojó de sus competencias la Asamblea Nacional y cuando el partido gobernante regresó al hemiciclo maniobró para que en su lugar fuera elegido un opositor disidente. La arquitectura institucional está duplicada. La brecha parece insalvable. Y, sin embargo, esta semana las dos partes llegaron a un entendimiento.

El acuerdo suscrito para dejar en manos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la gestión de fondos y ayudas para combatir el coronavirus se debe a una emergencia sanitaria sin precedentes, a la que se suma un dramático deterioro de los servicios públicos y una crisis económica sin freno. Pero ese paso tiene un alcance político que va más allá de la pandemia y plantea un dilema sobre legitimidades en el seno de la oposición. Maduro ganó en mayo de 2018 unas elecciones cuestionadas porque enfrente no tenía a un adversario real. Las fuerzas críticas con el oficialismo fueron, en su mayoría, inhabilitadas o rechazaron participar por considerar que el proceso carecía de garantías. Cuando el líder chavista tomó posesión para un nuevo mandato, a principios de 2019, la oposición, con el apoyo de Washington, se valió de esas premisas para acusar al mandatario de usurpación. Así Guaidó, que acababa de asumir el cargo de jefe del Parlamento en virtud de la rotación acordada entre las distintas formaciones, se proclamó presidente interino.

Lo que vino después fue un recrudecimiento de las posiciones. Comenzó una disputa por el poder que derivó en una batalla simbólica. Pero esa batalla se libró sobre todo en el tablero internacional. En Venezuela, Maduro ha mantenido de facto el control de los engranajes del Estado y, pese a varias deserciones, de las fuerzas armadas. Mientras tanto, sus rivales fueron acorralados por la policía y la Justicia, controlada por el régimen. En los últimos doce meses hubo dos acciones militares. La primera, el 30 de abril de 2019, acabó con la liberación de Leopoldo López de su arresto domiciliario. Y la segunda, el pasado 3 de mayo, fue un disparatado intento de incursión marítima con mercenarios estadounidenses del que Guaidó trata de desvincularse, pero que dejó muy tocada su posición.

La firma del convenio para hacer frente a la covid-19 costó, por otro lado, al jefe del Parlamento las críticas de los sectores más radicales de la oposición, que le reprochan dar carta de legitimidad al Gobierno de Maduro. “Mire, presidente Juan Guaidó, con todo mi respeto, el acuerdo prioritario que usted tiene que firmar es con la DEA para que se lleve esa pandilla de narcos. Porque en Venezuela, con ese régimen venenoso, no habrá plan de salud que valga, hasta que no nos curemos de ese mal diabólico. ¿Estamos?”, le interpeló a través de Twitter el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma. Ese tipo de señalamientos llegaron sobre todo del extranjero, desde Estados Unidos o España.

La radicalización de varios de los dirigentes políticos que tuvieron que irse del país, que a menudo siguen apelando a una intervención militar, choca con las condiciones de posibilidad de las estrategias de la oposición dentro de Venezuela. Por otro lado, Guaidó, que está al frente de un bloque político exhausto y atravesado por un profundo malestar, hace equilibrios para contentar a todo el mundo. “Estimado Antonio, luchador de años: hoy la DEA está en el Caribe en el Operativo Antinarcóticos más grande en la historia del continente, en compañía de muchos países, con información que ha suministrado la Asamblea Nacional. Y atento, que viene más”, le contestó a Ledezma.

Todos los amagos de diálogo han fracasado. Antes de que se declarara el coronavirus hubo un intento de pactar la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) con vistas a la celebración de elecciones parlamentarias previstas para finales de año. La pandemia dejó al descubierto las más graves disfunciones del país, coronadas por una crisis de combustible paliada ahora gracias a la ayuda de Irán. Pero también puso de manifiesto la necesidad de reconocimiento mutuo de dos bloques en medio de una emergencia para trabajar conjuntamente. Una situación de excepcionalidad que se suma a la que Venezuela vive a diario desde hace años.