La muerte de Giovanni evidencia los abusos sistemáticos de la policía en México

Aún tenía un pedazo de pan en la boca cuando llegó la policía y lo metió a golpes en el furgón. “Andaba masticado un trozo de bolillo y ya le estaban pegando”, cuenta un vecino de Ixtlahuacán de los Membrillos, que vio como un vendaval de policías municipales interrumpía la cena de Giovanni López, su hermano y su tía. Era el 4 de mayo y los tres estaban sentados en la entrada de la casa de la tía, en el barrio de los Olivos, a las afueras de este pueblo de Jalisco. Los Olivos es un solar polvoriento con hileras de calles sin asfaltar y casitas sociales de hormigón, de apenas 30 metros cuadrados, muchas de ellas en ruinas y devoradas por la maleza y la basura, un paisaje que recuerda a las periferias de Ciudad Juárez, Tamaulipas o cualquier otro suburbio pobre y olvidado de México.

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A Giovanni, de 30 años, que vivía enfrente de su tía, se lo llevaron junto a otro grupo de siete personas del barrio. “Él no traía el cubrebocas y se lo chingaron”, cuenta el señor de la casa de enfrente. Las detenciones relámpago eran una práctica habitual incluso antes de la pandemia, según los testimonios de más vecinos que no quieren decir su nombre por miedo. Era normal que pidieran mordidas –no más de 500 pesos, unos 23 dólares– a los familiares a cambio de soltar a los detenidos. Lo que no era tan normal es que los mataran a golpes como a Giovanni. Al día siguiente, el 5 de mayo, la tía fue a buscar a su sobrino al calabozo y le informaron que había fallecido. “A partir de ese día, los familiares se fueron de aquí”, cuenta otro vecino. “Les echaron miedo los políticos. Quién sabe qué les dirían”.

El caso de Giovanni parecía enfilarse sin remedio a quedar sepultado entre la montaña de historias de abuso e impunidad en México. La probabilidad de que un delito se resuelva en Jalisco es del 0,6%, uno de los porcentajes más bajo de todo el país, según la organización Impunidad Cero. Pero el caso revivió un mes después en redes sociales con un vídeo de la detención grabado por el hermano. En tiempos de furia global contra el racismo y violencia de la policía en EE UU, la mecha prendió también en el vecino del sur. Este jueves y viernes se han sucedido las protestas tanto en Ciudad de México como en Guadalajara, con fuertes enfrentamientos y más denuncias de detenciones arbitrarias y abuso policial.

El ruido mediático y en la calle obligó a las autoridades a dar respuestas. La Fiscalía estatal anunció que el mismo 5 de mayo había sido informada de la detención y muerte de Giovanni y que había iniciado una investigación. El viernes, tras un mes de silencio y justo después de las protestas, anunciaban la detención del comisario de la policía municipal de Ixtlahuacán y dos mandos medios. El operativo de la fiscalía incluía también la intervención de la corporación local por parte de la policía del Estado. Consultados por este diario, ni las autoridades locales ni estatales han querido hacer declaraciones.

“Muy prepotentes”, “muy alzados”, “ha habido muchos conflictos con la policía”, cuentan en el puesto de tacos de la esquina donde detuvieron a Giovanni. “Una vez estaba yo en el arcén de la carretera con el faro roto y llegaron no más a pedir moche (extorsión)”, recuerda Diego Rafael, 37, años, uno de los pocos que ha accedido a dar su nombre. Rafael cuenta que conoció a Giovanni porque trabajaron juntos como guardias de seguridad en un almacén de construcción del pueblo. “Era tranquilo, chambeador y muy amiguero”. Otros vecinos recuerdan que era de los voluntarios para limpiar la calle de rastrojos y basura. En más de una ocasión también colaboró en sacar a desconocidos que se metían a la fuerza en las casas abandonadas del barrio. “Era muy activo en la comunidad”. El perfil que dan en el barrio contrasta con la información que han filtrado a los medios las autoridades: “El fallecido cuenta con seis delitos federales como antecedentes, entre ellos: portación de armas de fuego de uso exclusivo, por lesiones y robo, delitos contra la salud”.

Jalisco rico, Jalisco pobre

Ixtlahuacán está pegado al lago de Chapala, una de las poblaciones más turísticas de Jalisco, repleto de hoteles de lujo y con una de las comunidades de residentes estadounidenses más grandes de México. En el pueblo vecino, sin embargo, casi la mitad de la población es pobre, con deficiencias graves en el acceso a servicios básicos como la salud, la educación o la vivienda. Ixtlahuacán es también uno de los cinco municipios del Estado donde más personas desaparecen, según datos oficiales. El canal pluvial que atraviesa el pueblo se ha convertido en los últimos años en un lugar habitual donde encontrar cadáveres maniatados dentro de bolsas de basura. Esta misma semana, cinco cuerpos aparecieron calcinados en el interior de un coche.

“Aquí toda la raza se lleva bien, pero a veces se pone canijo”, cuenta un vecino que trabaja como taquero en Guadalajara, a 40 kilómetros del pueblo. Guadalajara, capital de Jalisco, es el segundo motor económico del país, conocido como el otro Silicon Valley al sur de California, donde han aterrizado gigantes como Cisco, HP, Intel o Tesla, donde se celebra cada año la feria del libro en español más potente del mundo. Pero también es el lugar donde el poder del crimen organizado es capaz de derribar un helicóptero del ejército a cañonazos, poner en jaque al centro de la ciudad bloqueando a la vez 39 carreteras o planear una emboscada contra un exfiscal a plena luz del día a la salida de un restaurante de moda. Jalisco ha estado también marcado durante los últimos años por sucesos macabros como el secuestro de tres estudiantes de cine que fueron asesinados y disueltos en ácido. En 2019, en plena ola de violencia en todo el país, el Estado superó la media nacional de homicidios, por encima de Sinaloa o Tamaulipas.

Guadalajara fue la nave nodriza durante los ochenta de la primera organización criminal que reunió a los principales capos encargados de abrir las puertas de México a la cocaína colombiana. Hoy es la cuna del último gran cartel mexicano, Jalisco Nueva Generación (CJNG), que ha ido aumentando su poder tras el declive de las mafias clásicas. Las autoridades del Estado han informado que el propio alcalde de Ixtlahuacán, Eduardo Cervantes (PRI), citado también por la fiscalía estatal para declarar por el caso Giovanni, fue investigado en 2015 por la Procuraduría General de la República por una presunta relación con CJNG, además de por la venta de armas a civiles, a los que hacían pasar por policías municipales.

Tres policías del pueblo fueron condenados en abril a 25 años de prisión por el secuestro y asesinato de un inspector de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Las corporaciones locales son uno de los eslabones más polémicos de la débil cadena institucional mexicana. Casi cada uno de los gobiernos federales recientes ha anunciado un plan para preparar correctamente y depurar unas corporaciones a menudo corroídas por el crimen organizado. Según datos del Gabinete de Seguridad Estatal, de los 68 miembros del cuerpo de Ixtlahuacán, 34 no cumplían con los controles y exámenes de confianza.