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EE UU golpea al régimen sirio con nuevas sanciones que se extienden a sus aliados internacionales

Washington eleva la presión contra el presidente El Asad y su círculo con unas severas medidas punitivas que impactarán en los fondos para la reconstrucción del país

Manifestantes sirios protestan contra las sanciones de EE UU, en la plaza Omeya de Damasco el pasado 11 de junio.
Manifestantes sirios protestan contra las sanciones de EE UU, en la plaza Omeya de Damasco el pasado 11 de junio.YOUSSEF BADAWI (EFE)

La Administración de Donald Trump eleva la presión sobre el presidente sirio, Bachar El Asad, y su círculo con una nueva ronda de sanciones que se extienden a sus aliados internacionales, principalmente Rusia e Irán. Un total de 39 individuos, incluidos el propio El Asad, su esposa, Asma, miembros de su familia, empresarios y mandos militares, están incluidos por el Departamento de Estado en las medidas punitivas financieras y de restricción de desplazamientos. La sanciones de Estados Unidos ya han empezado a dejarse a sentir sobre la población civil en medio de la pandemia. Ocho de cada diez sirios se sitúan bajo el umbral de la pobreza tras más de nueve años de guerra.

La nueva oleada punitiva es el resultado de la llamada ley César, incluida en la directiva de defensa nacional aprobada en diciembre de 2019. Fue bautizada con el seudónimo de un policía sirio que filtró 55.000 fotografías de víctimas de tortura del régimen de El Asad. En la misma línea de “máxima presión” que el presidente estadounidense aplica a Teherán y sus aliados regionales –como Hezbolá en Líbano–, el reforzado castigo a Damasco persigue retorcer el brazo de un enemigo para que acepte sus condiciones sin necesidad de desplegar tropas sobre el terreno. El Gobierno sirio replicó que las nuevas medidas “violan el derecho internacional”.

“Hoy comienza una campaña sostenida contra el régimen de El Asad bajo la ley César, que autoriza severas sanciones económicas para hacer que el régimen y sus aliados internacionales rindan cuentas por sus actos brutales contra el pueblo sirio”, ha explicado en Twitter el secretario de Estado, Mike Pompeo. “Vendrán muchas más sanciones hasta que El Asad y su régimen detengan su innecesaria y brutal guerra y acuerden una solución política como demanda la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.

El mediador de Naciones Unidas para Siria, Geir Pedersen, había anunciado el mes pasado la reanudación del diálogo entre el régimen y la oposición de Siria “tan pronto como la situación sanitaria lo permita”. Pero no se han producido avances. El llamado Comité Constitucional —formado por representantes del Gobierno, la sociedad civil y las fuerzas que apoyan a los grupos rebeldes— se encuentra paralizado desde hace un año, atascado en la negociación de una ley fundamental que ofrezca una salida política a la contienda. El Asad y sus aliados rusos e iraníes se han atrincherado en sus victorias militares para eludir la vía del diálogo.

Sobre muchos de los que acaban de ser señalados por EE UU pesaban ya sanciones, por parte de Washington y de la Unión Europea, algunas de las cuales están en vigor desde antes incluso de la guerra. No es el caso de Asma El Asad a, a la que el Departamento de Estado se refiere ahora como “un notorio especulador de la guerra de Siria”. Pero la principal novedad es que las sanciones anunciadas también afectan a personas y compañías extranjeras que comercien con Damasco. “Cualquiera que haga negocios con el régimen de El Asad, esté en el lugar del mundo que esté, se halla potencialmente expuesto a restricciones de viajes y sanciones financieras”, ha advertido Pompeo en un comunicado.

La nueva ronda de sanciones golpea a un país inmerso en una grave crisis económica, que ha perdido desde 2011 las dos terceras partes de su Producto Interior Bruto y sin una solución pactada a la vista. Hacer negocios ahora con Siria se convierte en una misión casi imposible y muy arriesgada frente al Tesoro norteamericano. Las medidas punitivas tendrán claro impacto sobre el flujo de capital extranjero, procedente principalmente de Rusia e Irán, pero también de China y de países vecinos, como Jordania e Irak, para la reconstrucción del país, que ha sufrido unos daños durante el conflicto evaluados en más de 400.000 millones de dólares (356.000 millones de euros). Poco antes de la confirmación de su entrada en vigor, el Gobierno tuvo que devaluar su divisa un 44%.

La ley César contempla excepciones para la ayuda humanitaria, pero su aplicación conllevará con toda probabilidad un agravamiento de las condiciones de vida de los más de 22 millones de sirios, la mitad de los cuales han tenido que abandonar sus hogares durante la guerra camino de otras provincias del país menos devastadas o en dirección al exilio. La devaluación de la libra siria ha privado además al salario de militares y empleados públicos de casi todo su valor adquisitivo y suscitado protestas incluso entre los partidarios de El Asad, que ha ganado en el campo de batalla pero se ve acorralado por la peor crisis económica en una década. Washington pone ahora al hombre fuerte de Damasco entre la espada de las sanciones y el muro de negociación con los rebeldes.

“Durante más de nueve años, el régimen ha llevado a cabo una sangrienta guerra contra el pueblo sirio y cometido innumerables atrocidades, algunas de las cuales alcanzan el nivel de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluyendo asesinatos, torturas, desapariciones y el uso de armas químicas”, explica Pompeo en el comunicado. “Es hora de que termine la guerra innecesaria y brutal de El Asad. Hoy el régimen y quienes lo apoyan tienen una sencilla elección: dar pasos irreversibles hacia una solución política duradera para el conflicto sirio en línea con la resolución 2254, aprobada por unanimidad por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2015, o enfrentarse a nuevas rondas de sanciones devastadoras”.

A pesar de que Trump parecía desentenderse, en beneficio de Moscú, de los conflictos de Oriente Próximo y anunció el año pasado la salida de las tropas estadounidenses, el Pentágono ha mantenido la presencia de unos 600 militares en el norte y el este de Siria. Tienen el objetivo de controlar los yacimientos de petróleo, ya que los 2.500 millones de barriles de crudo que yacen en su subsuelo representan la clave del control efectivo del país árabe. Antes de la guerra civil aportaban una cuarta parte de los ingresos del Gobierno de Damasco.

El diálogo entre Rusia y Estados Unidos tendrá un papel clave en búsqueda de una salida política, ha advertido el mediador de la ONU. Moscú intentó puentear el proceso negociador de Ginebra para sustituirlo por el de Astaná (Kazajistán), centrado en la estabilización de los frentes y sin contenido político. Rusia y China aspiran a pilotar la reconstrucción del país árabe canalizando los fondos de una ingente cooperación internacional. Tras haberle librado de la derrota en el campo de batalla, el Kremlin parecía buscar ante todo la continuidad del régimen en el poder. La asfixia de la economía y las protestas populares ensombrecen ahora el futuro de El Asad.

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