El abandono del Pantanal y la Amazonia amenaza las inversiones en Brasil

Mientras el Pantanal se quema y la Amazonia registra unos índices de degradación cada vez más elevados, la economía de Brasil puede quedar fuera de juego. Aparte de las señales de alerta emitidas por los fondos de inversión y bancos brasileños, y de la amenaza de que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur no se concrete, el vicepresidente Hamilton Mourão recibió el martes una carta de advertencia firmada por embajadores de ocho países europeos: Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega, Dinamarca y Bélgica. El recado no dejaba lugar a dudas: mientras la cuestión de la deforestación y de la preservación son el foco de los gobiernos y de las empresas del continente, “Brasil está haciendo que sea más difícil que las empresas y los inversores cumplan con sus criterios ambientales, sociales y de gobernanza”.

La presión internacional se suma a una inédita reacción de más de 200 organizaciones, entre ONGs, empresas agroindustriales y del sector financiero, que enviaron un mensaje al Gobierno instándole a tomar medidas para reducir la deforestación en la Amazonia. “No solo por el avance de las pérdidas ambientales y sociales que conlleva, sino también por la amenaza que la destrucción forestal en la zona impone a las cuestiones económicas nacionales. Hay una clara y creciente preocupación por parte de diversos sectores de la sociedad nacional e internacional con el avance de la deforestación”, dice el texto, firmado por la llamada Coalición Brasil Clima, Bosques y Agricultura. El grupo ha puesto lado a lado a oenegés como WWF y a las industrias JBS, Marfrig, así como a Basf y Bayer. Una de las propuestas del grupo es que haya más transparencia en las acciones y vigilancia en los bosques.

La presión, sin embargo, no ha cambiado la respuesta del Gobierno de Bolsonaro. “El comportamiento que vemos en la crisis ambiental es reflejo de la postura del gobierno ante la pandemia de la covid-19. Niegan que sea un gran problema, niegan la gravedad y alimentan la narrativa por medio de declaraciones que carecen de cualquier fundamento científico”, dice Rômulo Batista, uno de los portavoces de Greenpeace.

El vicepresidente Hamilton Mourão, responsable del Consejo de la Amazonia, descarta que el Gobierno esté equivocándose y habla de “selectividad en la divulgación de los datos” sobre deforestación. “Cuando los datos son negativos, la persona los divulga. Cuando son positivos, no los divulga, ¿entendido?”, dijo el vicepresidente en una declaración a los medios la tarde del día 15. Al ser preguntado sobre quién sería esa persona, Mourão contestó: “No lo sé, no soy director del INPE [Instituto Brasileño de Estudios Espaciales]”. Lo que el vicepresidente no dice es que los datos son públicos. Basta con entrar en la web del INPE para saber, casi en tiempo real, cuántos focos de incendio se han producido en cada bioma.

Militares en los bosques

Mourão defiende que una de las salidas para combatir los incendios es mantener militares en operación constante en los bosques hasta 2022 y decretar una moratoria del fuego, en vigor desde julio, una estrategia que el Partido Verde ya cuestionó en el Tribunal Supremo Federal.

El vicepresidente y el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, han entrado en una campaña para desacreditar los discursos de los ambientalistas y sus seguidores. Utilizando fragmentos de un vídeo de Greenpeace sin autorización, el vicepresidente escribió en Twitter: “¿De qué lado estás? ¿De quienes preservan de verdad o de quienes manipulan tus sentimientos? Brasil es el país del mundo que más preserva sus bosques nativos. Esa es la verdad. Nosotros los cuidamos”. El vídeo fue una respuesta a otra publicación de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil. En la pieza, la organización dice que la “Amazonia es el corazón de Brasil. El que la incendia es enemigo del país”. Asimismo, pide que, en defensa de la Amazonia, el presidente brasileño debería dejar de ser financiado.

“Discutimos hoy temas que no tendríamos que estar discutiendo, que ya habían sido superados. Hemos de probar que el fuego existe, que los datos son hechos, y no ideología. Hemos de luchar contra la leyenda de que el fuego es para la subsistencia, y que es delito, que no lo provoca un rayo”, dice la directora adjunta del Instituto Centro de Vida (ICV), Alice Thuault.

La realidad se impone

Mientras el gobierno se pelea con los hechos, la realidad sigue imponiéndose en el Pantanal. La Policía Federal puso en marcha, a principios de esta semana, la Operación Matáá, que cumplió diez órdenes de registro en Mato Grosso do Sul. Según la institución, las investigaciones señalan que el fuego en la zona fue intencional para transformar la vegetación nativa en pasto para el ganado. Además, en el periodo actual de sequía en la región ―que acaba en noviembre―, raramente caen rayos. Por eso, hay claros indicios de que los incendios fueron provocados.

La impunidad, aliada a la política de Bolsonaro de reducir el número de infracciones, son otros factores que interfieren en el aumento del fuego. Pese al récord de incendios, este año se ha producido un descenso del 48% de infracciones registradas por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA) en Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, los dos estados pantaneiros. Datos publicados por la BBC y corroborados por EL PAÍS demuestran que, de enero al 14 de septiembre, el IBAMA registró 223 infracciones en los dos estados este año, por las 425 del mismo periodo de 2019.

Al analizar las imágenes de los satélites del INPE y de la NASA, el ICV también constató que hasta el mes de agosto solo nueve puntos acaparaban el 67% de los focos de incendio en todo el Pantanal mato-grossense. En cinco de ellos, se puede advertir que la propiedad en la que se inició el fuego era privada, y que estaba registrada en el catastro ambiental rural (CAR). Es decir, es posible saber quién tendría que estar preservando dicha área y, como no lo hizo, podría atribuírsele responsabilidad penal. Otros tres puntos eran de áreas no registradas. Y uno, en una tierra indígena. “Las multas estatales pagadas en Mato Grosso son de alrededor del 2% de la cantidad de multas impuestas. El ciclo de la responsabilización no se cierra. Es una impunidad que asegura la continuidad de los incendios año a año”, asegura Thuault, del ICV.

Devastación

En 33 días, los incendios en el Pantanal prácticamente arrasaron el Parque Estatal Encontro das Águas, en la frontera entre Mato Grosso y Mato Grosso do Sul. Las imágenes de satélite analizadas por técnicos de la ONG Instituto Centro de Vida revelan que, el 9 de agosto, algunos focos de incendio provenían solo de la parte norte del parque, conocido punto de ecoturismo de la zona. El 13 de septiembre, con todo, el fuego ya procedía de todas partes, alcanzando el 85% de sus 108.000 hectáreas.

Las llamas se han vuelto una rutina ante la clara falta de planificación de los organismos ambientales, principalmente de la esfera federal. El análisis fue elaborado para EL PAÍS por varios representantes de cuatro organizaciones de la sociedad civil que trabajan principalmente en el área ambiental: ICV, Greenpeace, WWF y Observatório do Clima. Desde comienzos de año ya se sabía que la región se enfrentaría a su mayor sequía en casi cinco décadas, que el caudal de uno de sus principales ríos, el Paraguay, se reduciría considerablemente, y que la falta de actuación en el principal bioma vecino, el Cerrado, afectaría directamente al Pantanal.

Aun así, el gobierno tardó casi tres meses en desplegar brigadistas y redujo el presupuesto para luchar contra los incendios en hasta un 48%. “Esta situación en el Pantanal se está repitiendo. También tuvimos una gran catástrofe. 2019 quemó más que en los últimos diez años. Ya era una señal de que hacía falta planificar. Pero nadie ha hecho nada”, dice Cássio Bernardino, analista en Conservación de WWF-Brasil.

Hasta el pasado día 15, el Pantanal ya había registrado 15.453 focos de calor, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estudios Espaciales (INPE). Es el índice más alto de la serie histórica, que empezó en 1998. Más del 15% de todo el territorio pantaneiro ha sido destruido.

En la Amazonia, las cifras tampoco son nada halagüeñas. Durante el mismo periodo, el bioma amazónico superó el total de focos registrados en todo el mes de septiembre de 2019. Ya se han registrado 20.486 focos de incendios, un aumento del 86% con respecto al mismo periodo del año pasado.

Menos recursos

Una de las críticas que se le hace a la gestión del gobierno de Bolsonaro está relacionada con la reducción de los fondos de prevención y de vigilancia ambiental. Los dos principales organismos federales que actúan en esa área son el IBAMA y el ICMBIO (Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad). Entre 2019 y 2020, hubo un recorte en la partida de control de vigilancia ambiental del IBAMA de casi el 35% (de 19,63 millones de dólares anuales a 12,64 millones de dólares). Por su parte, la de prevención y control de incendios forestales se redujo en un 16% durante el mismo periodo, pasando de 8,76 millones de dólares anuales a 7,37 millones. En el ICMBIO, el descenso fue proporcionalmente mayor. El área de vigilancia ambiental y prevención y combate de incendios forestales se quedó sin el 48,6% de su presupuesto. Eran 7,1 millones de dólares en 2019. Ahora, 3,6 millones.

A principios de 2019, el Gobierno disolvió el Consejo del Fondo Amazonia, que gestionaba dinero internacional para el área ambiental de todo el país. Los gobiernos de Noruega y Alemania son quienes más dinero aportan. Hoy, hay más 283 millones de dólares congelados en una cuenta que nadie puede emplear porque no hay quién la administre. “Mientras nos preocupamos por los recortes de presupuestos, tenemos dinero internacional parado que podría estar utilizándose para prevenir y luchar contra los incendios”, destaca la experta en políticas públicas del Observatório do Clima y expresidente del IBAMA, Suely Araújo.

La respuesta del Gobierno es invertir en la militarización para combatir los incendios. La operación Verde Brasil 2, dirigida por Mourão, es la principal de ellas. Cuesta cerca de 60 millones de reales (11,45 millones de dólares) y moviliza a cerca de 4.000 militares. “Con dos meses de esta operación se pagan los sueldos de mil vigilantes del IBAMA durante un año”, asegura Araújo. Para ella, el problema no es, necesariamente, la falta de recursos, sino la falta de voluntad política para emplearlos.