Las encuestas apuntan a una segunda vuelta en las elecciones bolivianas

Una encuesta dada a conocer el miércoles en Bolivia, cuando faltan poco más de dos semanas para las elecciones, dibuja como escenario más probable la celebración de una segunda vuelta entre el candidato que encabeza la intención de voto, Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente Evo Morales, y el exmandatario Carlos Mesa. El sondeo se realizó tras la renuncia de la actual presidenta interina del país, Jeanine Áñez, y fue difundido por Unitel, la principal televisión boliviana.

El estudio de opinión atribuye a Arce el 41,2% de la intención de voto y a Mesa un apoyo del 33,5%. Según la ley boliviana, un candidato puede ganar en primera vuelta si cumple con dos condiciones: obtener más del 40% y superar a su contrincante más próximo con más de 10 puntos. Arce satisfacía ambos criterios hace dos semanas, es decir, antes de que Áñez decidiera retirarse por su mala ubicación en los sondeos y con la intención de bloquear la victoria del MAS en primera vuelta. Aunque los votos que tenía la presidenta se han repartido entre el segundo y el tercero en competencia -Mesa y el ultraderechista Luis Fernando Camacho-, lo recibido por el expresidente ha sido suficiente para que fuerce una segunda vuelta contra Arce. Se supone que en una competencia entre dos candidatos tendrá más posibilidades aquel que exprese el rechazo al MAS.

El partido de Evo Morales sale de una grave crisis causada por el derrocamiento del presidente en noviembre del año pasado y ha tenido dificultades para ampliar más su respaldo, que proviene sobre todo de los sectores populares. Su estrategia consiste en buscar una victoria en primera vuelta, apoyándose en la división de las fuerzas políticas que se formaron en la oposición a los 14 años de Gobierno de Morales.

Camacho tiene una intención de voto nacional del 17,7% y está claramente en la primera posición en Santa Cruz, la región más rica y menos indígena del país. Ha dicho que no seguirá los pasos de Áñez y que no renunciará a favor de Mesa, porque este es “la vieja política” y fue “pactista" con Morales. Al mismo tiempo, se considera el único capaz de investigar y sancionar los “crímenes” del periodo anterior. Sin embargo, un tercio de los electores de Camacho podría migrar a Mesa si se agudizase la posibilidad de que el MAS se hiciese con el Gobierno en la primera vuelta.

El resultado electoral dependerá de la imprevisible combinación de los desempeños de Mesa y Camacho, cada uno de ellos quitándole oportunidades al otro, y de la capacidad del MAS para optimizar la intención de voto con la que ya cuenta. El índice de indecisos todavía es alto: un 21,7%.

Se ha comenzado a hablar de “final de infarto”, lo que entraña serios riesgos para el país porque solo el 31% de la población confía plenamente en el Tribunal Electoral, pese a que este fue íntegramente renovado después de la anulación de las pasadas elecciones por un supuesto fraude. En esas elecciones el objetivo de los dos bandos de la polarización política boliviana también era el mismo: frustrar la victoria del MAS y posibilitar una segunda vuelta electoral. Al final, el resultado oficial la descartó por un margen tan estrecho que animó las acusaciones de fraude en contra de Morales, que entonces buscaba ser reelegido por tercera vez.

Luis Fernando Camacho dirigió las protestas de las clases medias urbanas en contra de este supuesto fraude y para forzar la renuncia de Morales. Este candidato busca un cambio radical del legado del presidente indígena, mientras que Mesa es más moderado. Sin embargo, ambos apuntan a dejar atrás el modelo económico estatista, el poder compartido entre el Gobierno y las organizaciones sociales (sindicatos y comunidades campesinas) y el Estado Plurinacional indígena consagrado en la Constitución de 2009.

Se han presentado varias demandas con diferentes argumentos para que el Tribunal Electoral impida que el MAS participe en estas elecciones. Las principales se basan en la acusación al candidato Luis Arce por supuestamente haber difundido encuestas internas de su organización política, una falta que la ley electoral sanciona con la inhabilitación del partido que la comete. La institución electoral ha remitido estas demandas al Tribunal Constitucional, que advirtió de que no alcanzará a pronunciarse sobre ellas antes del 18 de octubre. Desde hace días, grupos de activistas realizan protestas en la puerta de las oficinas electorales de varias regiones para exigir que las autoridades impidan la participación del MAS, al que consideran una “afrenta a la democracia”.