Sarkozy se sienta en el banquillo acusado de corrupción y tráfico de influencias

Nicolas Sarkozy se ha convertido este lunes en el primer expresidente de la V República, el régimen presidencialista francés fundado en 1958, en sentarse físicamente en el banquillo de los acusados en un juicio penal. Su antecesor y mentor, Jacques Chirac, fue juzgado y condenado en 2011 por malversación de fondos públicos en el caso de los empleos ficticios del Ayuntamiento de París cuando era alcalde, pero no asistió al proceso por problemas de salud. Sarkozy, retirado de la política, pero influyente en la derecha francesa, también es el primer expresidente juzgado por corrupción. Si es condenado, afronta una pena de hasta 10 años de prisión y un millón de euros de multa.

La primera sesión, sin embargo, ha sido breve. Uno de los acusados junto a Sarkozy, el fiscal jubilado Gilbert Azibert, que según la acusación fue corrompido por el expresidente y su abogado, no ha asistido a la audiencia. Sus letrados han alegado su salud frágil para pedir un aplazamiento y no exponerlo al riesgo del coronavirus. El tribunal ha pedido un examen médico. El juicio ha quedado suspendido hasta el jueves, cuando se conocerán los resultados.

La imagen de un expresidente en el banquillo no es habitual y despertó una enorme expectación en Francia. Vestido con traje oscuro y camisa blanca, la boca tapada con una mascarilla, Sarkozy (mandatario entre 2007 y 2012) pasó los momentos previos al inicio de la sesión departiendo de pie en el centro de la sala después de saludar a abogados y fiscales. “¿Usted es Nicolas Sarkozy de Nagy Bocsa?”, le preguntó la juez Christine Mée. “Nicolas Sarkozy va bien”, replicó el acusado. “Es para los antecedentes judiciales”, dijo Mée.

Sarkozy, junto a su abogado Thierry Herzog y el magistrado Azibert, está acusado de corrupción y tráfico de influencias en el llamado caso de las escuchas o caso Paul Bismuth. En 2014, durante una investigación por supuesta financiación ilegal de su primera campaña presidencial con dinero libio, los jueces pincharon un teléfono móvil del expresidente y su abogado registrado bajo el nombre de Bismuth. Lo que descubrieron fue lo que da pie al juicio que empieza ahora: el intento de conseguir, a cambio de favores, que el magistrado Azibert les diese información sobre un tercer caso judicial que afectaba a Sarkozy.

El caso de las escuchas es uno más en una serie de asuntos en los que Sarkozy se encuentra bajo la lupa de la justicia. En marzo debe celebrarse el juicio por el llamado caso Bygmalion sobre los gastos de la campaña electoral de 2012. Y el exjefe de Estado también está imputado por la supuesta financiación de la campaña electoral que le llevó al poder en 2007 con dinero de la Libia de Muamar el Gadafi.

El reciente cambio de versión de uno de los principales testimonios en el caso libio ha dado esperanzas al expresidente y reforzado su idea de que existe una conspiración judicial contra él. El intermediario franco-libanés Ziad Takieddine declaró en el pasado ante los jueces haber llevado maletines de dinero a Sarkozy cuando este era ministro del Interior; ahora se ha desdicho en una entrevista periodística desde Líbano.

El caso de las escuchas empezó cuando, a finales de 2013 y principios de 2014, los jueces del caso libio descubrieron que Sarkozy y Herzog se sentían vigilados y decidieron comunicarse por medio de un teléfono de pago del ficticio Paul Bismuth (nombre real de un antiguo compañero de clase de Herzog). La Fiscalía financiera dijo que los métodos de Sarkozy y su abogado eran de “delincuente experimentado”.

Las conversaciones que interesaron a los investigadores, sin embargo, no versaban sobre Libia, sino sobre otra cuestión. El expresidente y el abogado querían informarse sobre un recurso que habían planteado ante la Corte de Casación. El recurso pretendía evitar que se usasen para otras investigaciones las agendas presidenciales incautadas en el marco del llamado caso Bettencourt, otro de los frentes judiciales del político conservador del que acabó siendo exonerado.

De las conversaciones, se deduce que Sarkozy sugirió un trato con Azibert, que entonces era abogado general (con funciones de fiscal) en la Corte de Casación: él influiría para que Azibert obtuviese un cargo en el Consejo de Estado del Principado de Mónaco, y a cambio este la proporcionaría informaciones sobre el recurso relacionado con las agendas. “Yo le haré subir… le ayudaré”, le decía el expresidente al abogado. “Yo me ocupo porque voy a Mónaco y veré al príncipe”.

La trama, si existió, resultó fallida: la Corte de Casación acabó por desestimar el recurso de Sarkozy, y Azibert no obtuvo el cargo en Mónaco.