La UE podrá adoptar represalias en 20 días si el Reino Unido se desmarca del acuerdo

La Unión Europea podrá adoptar represalias contra el Reino Unido de manera expeditiva si Londres se embarca en una deriva legislativa destinada a rebajar los estándares sociales, laborales, medioambientales y de lucha contra el cambio climático. El acuerdo alcanzado el jueves entre Bruselas y Londres, al que ha tenido acceso EL PAÍS, prevé que las medidas de compensación o reequilibrio, incluida la suspensión de partes del acuerdo o la imposición de aranceles, se podrán adoptar en solo 20 días. El estricto mecanismo está disponible para las dos partes. Pero ha sido introducido por la insistencia de los negociadores europeos ante el temor de que el Reino Unido pueda aprovechar su autonomía legislativa para ejercer una competencia desleal que colocaría a las empresas comunitarias en desventaja con las británicas.

La negociación de los mecanismos de vigilancia, defensa y retorsión del acuerdo ha ocupado gran parte de los 10 meses de encuentros y desencuentros entre el equipo europeo, liderado por Michel Barnier, y el británico, con David Frost al frente. El Ejecutivo conservador de Boris Johnson se resistía a cualquier tipo de cortapisa a su capacidad legislativa. Pero el precio a pagar por un acuerdo que ofrece a las empresas británicas acceso al mercado europeo sin aranceles ni cuotas ha sido el establecimiento de un sistema de control férreo y preciso en los plazos de actuación.

La sombra de la Comisión Europea, por tanto, seguirá siendo bastante alargada sobre Westminster a juzgar por el contenido en las 1.246 páginas del acuerdo alcanzado por las dos partes el día de Nochebuena. Además de la vigilancia mutua sobre los subsidios públicos, para evitar el dopaje ilegal de las empresas, el documento incluye un mecanismo de supervisión sobre los capítulos legislativos más sensibles con draconianos plazos para reaccionar ante cualquier normativa que contravenga lo pactado.

El capítulo sobre la competencia leal, en su artículo 9, “reconoce el derecho de cada parte de determinar sus políticas futuras y prioridades respecto a [legislación] laboral y social, medioambiental o de protección del clima, o respecto al control de los subsidios”. Pero añade que ambas partes reconocen que “las divergencias significativas en esas áreas pueden ser capaces de impactar en el comercio e inversión entre las partes de manera que cambien las circunstancias que han formado la base para la conclusión de este Acuerdo”

El texto señala que en caso de que una de las partes perciba que la legislación de la otra en materia laboral, social o medioambiental está teniendo “un impacto material” podrá notificar las medidas de reequilibrio que va a adoptar para paliar la situación. Medidas que pueden incluir la suspensión de ciertas partes del acuerdo o la imposición de gravámenes a la exportación.

La notificación abrirá un plazo de consultas entre ambas partes de 14 días. Y si no se llega a un acuerdo, las medidas de retorsión podrán entrar en vigor cinco días después de expirado el período de diálogo. La parte acusada dispondrá de la posibilidad de solicitar un arbitraje para congelar brevemente la aplicación de las represalias. Pero el panel de arbitraje deberá pronunciarse en solo 30 días. Si no se pronuncia en ese plazo, las represalias entrarán en vigor, con la posibilidad para la parte acusada de contraatacar también con sus propias medidas.

El acuerdo también prevé un sistema de consultas previo que se puede activar sobre el impacto de las diferentes normativas, con vistas a limar las posibles asperezas y con la posibilidad de recurrir a un panel de expertos que dirima la posible disputa.

En el caso de subsidios que supongan un riesgo de distorsión de la competencia el período de consultas podrá prolongarse durante 60 días. Y a falta de acuerdo, se podrán adoptar medidas de represalia sometidas después a un posible arbitraje.

Estos mecanismos, según Bruselas, permitirán garantizar el mantenimiento de elevados estándares a los que se han comprometido ambas partes en el acuerdo. El documento incluye una cláusula de no regresión por el que Londres se compromete a preservar el nivel de la normativa comunitaria laboral, social y medioambiental tal y como esté el 31 de diciembre de este año. Además, reafirma su compromiso con el objetivo de neutralidad climática en 2050.

La introducción de un mecanismo expeditivo de reacción permitirá, según Bruselas, adoptar medidas de salvaguarda para la economía europea si se detecta una competencia desleal por la vía de las normas aprobadas en el Parlamento británico o por las decisiones del actual Gobierno, encabezado por el conservador Johnson, o de futuros ejecutivos.

La dureza del control preventivo, planteada desde el principio por el equipo de Barnier, ganó más fuerza aún durante la fase más crítica de la negociación. La decisión de Johnson de saltarse lo previsto en el acuerdo de salida del Reino Unido de la UE solo unos meses después de que se consumara el Brexit el 31 de enero disparó las alarmas en Bruselas y en todas las capitales comunitarias.

Johnson dio finalmente marcha atrás y retiró una ley de mercado interior que violaba, según la Comisión Europea, lo pactado en el acuerdo del Brexit en relación con la ausencia de una frontera dura entre la república de Irlanda (socio de la UE) y la provincia británica de Irlanda del Norte. Pero la desconfianza sembrada en Bruselas ha acabado reflejándose en la negociación de unos sistemas de vigilancia del nuevo acuerdo que, en función de cómo evolucione la relación, podría ser interpretada en los próximos años en Londres como una injerencia de la UE en el desarrollo legislativo británico.

De momento, la UE ha iniciado este viernes la tramitación a marchas forzadas del acuerdo. Los embajadores de los 27 socios en la capital comunitaria, que por primera vez en la historia del club se han reunido en un día de Navidad, han acordado ya de manera preliminar su intención de aplicar de manera provisional el nuevo tratado a partir del 1 de enero con el objeto de evitar que las relaciones comerciales entre la UE y Reino Unido sufran un descalabro fronterizo y aduanero tras el final del período transitorio del Brexit (el 31 de diciembre).

El visto bueno definitivo para esa aplicación podría llegar el 28 de diciembre, a solo tres días del temido abismo, si la revisión en las capitales confirma el texto pactado por Barnier y Frost.