EE UU prohíbe el acceso al exgobernador mexicano Roberto Sandoval por sus lazos con el narcotráfico

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, ha anunciado este viernes que Roberto Sandoval, el exgobernador mexicano del Estado de Nayarit (2011-2017), tiene prohibida la entrada a Estados Unidos. “Se apoderó indebidamente de activos estatales y aceptó sobornos de narcotraficantes", escribió en Twitter. Sigal Mandelker, subsecretaria de Terrorismo e Inteligencia Financiera, ya había advertido de que el exmandatario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y “otros funcionarios corruptos” se enfrentarían a “graves consecuencias”, incluidas el aislamiento del sistema financiero de EE UU. Roberto Sandoval no ha sido detenido y su paradero se desconoce a pesar de ser investigado por sus vínculos con la delincuencia organizada por México y Estados Unidos.  

El Departamento del Tesoro, por medio de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), congeló en mayo pasado las cuentas bancarias de Sandoval y las de un juez federal fincado en el vecino Estado de Jalisco, Isidro Avelar. Las autoridades estadounidenses hallaron vínculos entre los ingresos de los funcionarios y organizaciones criminales, principalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una violenta agrupación que se ha convertido en la organización criminal hegemónica en los últimos años en México. El bastión del CJNG es precisamente los Estados en la costa del Pacífico mexicano, entre ellos Jalisco y Nayarit.

Tanto Sandoval como Avelar estuvieron al servicio de organizaciones criminales, otorgándoles protección en la región occidental de México. Entre ellos se hallarían, por ejemplo, fallos favorables en tribunales para capos y sicarios de la organización y el cobro de varios sobornos. La investigación del Gobierno estadounidense también incluyó a una red de nueve personas y diez empresas utilizadas para lavar recursos ilícitos del CJNG.

Las sospechas sobre la conducta criminal de Sandoval no son recientes. La justicia mexicana le ha seguido los pasos desde 2017, donde la riqueza del mandatario local no correspondía a la de un funcionario público de una entidad que no llega a los dos millones de personas. Desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, también militante del PRI, la fiscalía había comenzado a documentar la bonanza de funcionarios y familiares de Sandoval, quienes habían comprado bienes, caballos, ganado y habían recibido contratos de obras públicas. Ya desde entonces, el Gobierno de Estados Unidos había cancelado la visa del gobernador, que pretendió visitar la Feria del Caballo Español en California.  

Estados Unidos también aplastó uno de los brazos criminales más poderosos que la mafia mexicana tenía en el Gobierno de Nayarit. En septiembre, Edgar Veytia, el fiscal local durante el mandato de Sandoval, fue condenado en Nueva York a 20 años de prisión por narcotráfico. Veytia fue señalado de permitir el trasiego de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana de México a Estados Unidos. Además, era una pieza que trabajó con los cárteles de Sinaloa, Los Zetas y el de los hermanos Beltrán-Leyva. 

La penetración criminal en el Gobierno de Nayarit también agravó la ola de violencia. La entidad ha superado las 1.200 desapariciones desde 2011, cuando Sandoval llegó al poder. Muchos en el Estado describen que Veytia, junto a un grupo de 20 policías, instauró un "régimen del terror" en el que comenzaron balaceras, ejecuciones y secuestros. En marzo de 2017 las dudas se despejaron cuando autoridades de Estados Unidos detuvieron a Veytia al cruzar la frontera. La cobertura periodística subrayó el apodo con el que el encargado de impartir justicia en la entidad era conocido: "El diablo".      

“Funcionarios como Roberto Sandoval se enriquecen cruelmente a expensas de sus conciudadanos, ya sea que estén recibiendo sobornos de organizaciones de narcotráfico o participando en una variedad de otras actividades ilícitas”, afirmó Mandelker. En mayo del año pasado, el PRI se deslindó de Sandoval y dijo que debía responder a los requerimientos de las autoridades. El partido político, sin embargo, no expulsó al exmandatario, quien hoy alarga la lista de políticos corruptos que militaron en la organización tricolor.