La justicia de EE UU paraliza la política de dejar a los demandantes de asilo bloqueados en México

Una corte federal de apelaciones de Estados Unidos decretó este viernes la paralización de la medida más efectiva hasta el momento de la Casa Blanca para frenar la inmigración a través de la frontera sur. La medida se llama oficialmente Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) aunque se conoce mejor por el sobrenombre de quedarse en México. Consiste en obligar a los demandantes de asilo en la frontera a esperar la audiencia de su caso en territorio mexicano, lo que puede llevar meses o años. Su objetivo es desincentivar la idea de que basta con llegar a la frontera para entrar en territorio de EE UU y quedarse.

Desde que se puso en marcha la MPP en diciembre de 2018, alrededor de 59.000 personas han quedado bloqueadas al otro lado de la frontera esperando una cita con el juez en EE UU para exponer su petición de asilo. Esta situación sin precedentes ha convertido las ciudades fronterizas de México, que no tienen recursos para acoger a estas familias, en campos de refugiados al aire libre. Las organizaciones de derechos humanos denuncian que las mafias están aprovechando la desesperación de los migrantes.

La decisión de este viernes la tomó un tribunal de tres miembros de la Corte de Apelaciones de San Francisco, que es el tribunal de último recurso de todos los Estados del Oeste de Estados Unidos. El mismo tribunal había denegado en mayo del año pasado la petición de los demandantes (organizaciones de derechos civiles en nombre de 11 inmigrantes) de paralizar el MPP como medida cautelar. Los jueces han considerado que el protocolo, una mera decisión administrativa, es “incompatible” con las leyes federales de asilo.

En Estados Unidos todo el que se presenta en una frontera terrestre o un aeropuerto tiene derecho a pedir asilo y a exponer su caso ante un juez. La Casa Blanca considera que los inmigrantes se aprovechan de las leyes de EE UU para entrar en el país y luego no se presentan a la audiencia de su caso y desaparecen sin papeles dentro de su territorio. La mayoría de los solicitantes de asilo sí se presentan al juzgado.

Los jueces aceptan el argumento también de que el MPP es ilegal porque envía a los demandantes de asilo a un lugar no seguro. Esta es un área gris en la aplicación de la ley. En la práctica, al dejar a los inmigrantes en México, EE UU está considerando a México tercer país seguro, es decir, un país que no es el de origen ni el de destino pero en el que los migrantes están a salvo de la violencia. México niega oficialmente ser tercer país seguro, pero su colaboración con el Gobierno de Trump ha sido plena a la hora de asumir a los migrantes.

Contra la decisión cabe recurso ante la propia instancia, para que sea revisada por el pleno de la Corte. El caso se dirige con toda probabilidad al Tribunal Supremo de Estados Unidos. De los nueve jueces de este tribunal, cinco han sido nombrados por presidentes republicanos, gracias a que la mayoría republicana en el Senado bloqueó de forma irregular un nombramiento que correspondía a Barack Obama. De ellos, dos han sido nombrados por Donald Trump. El presidente ha dejado claro en varias ocasiones que considera al Supremo como palanca de último recurso para proteger todas las decisiones de su presidencia. Esta semana, el tribunal falló a favor de Trump y consideró legal la nueva norma que vincula la inmigración a los ingresos de la persona. La decisión se tomó por 5-4 con severas discrepancias por escrito de los jueces identificados como progresistas.