Estados Unidos y la UE sancionan a una decena de altos cargos rusos por el envenenamiento y arresto de Navalni

Estados Unidos y la Unión Europea suman fuerzas para adoptar represalias contra el Kremlin. La Administración de Joe Biden ha anunciado este martes sanciones a siete miembros del Gobierno ruso próximos a Vladímir Putin, por el envenenamiento y posterior arresto del líder opositor Alexéi Navalni. El castigo ha sido coordinado con la Unión Europea, que ha aprovechado la ocasión para hacer públicas las sanciones contra cuatro altos cargos de la Administración rusa acordadas la semana pasada por el mismo motivo. En ambos casos, la decisión conlleva el bloqueo del acceso de estos individuos a sus activos financieros y de todo tipo, y su entrada en territorio estadounidense y en la UE. Esta sincronización entre Washington y Bruselas recupera la coordinación en las represalias contra el Kremlin, perdida durante los cuatro años de la presidencia de Donald Trump. Washington también introducirá controles y aplicará penalizaciones sobre 13 entidades involucradas en la producción del agente biológico utilizado para atacar a Navalni en virtud de la Ley de Control de Armas Biológicas.

La primera represalia del nuevo Gobierno estadounidense contra Moscú es limitada y selectiva, al igual que la acordada por los aliados europeos que se basa por primera vez en el nuevo régimen de sanciones de la UE por violaciones de los derechos humanos, pese a las voces dentro de Europa que pedían elevar el tono. El republicano Donald Trump rehusó culpar directamente a Putin del envenenamiento a Navalni y evitó sumarse a las sanciones europeas, a diferencia de lo ocurrido con el ataque químico contra el agente doble Sergei Skripal en 2018, cuando sí replicó las medidas tomadas por sus aliados del otro lado del Atlántico.

Aunque la decisión supone un cambio de tercio, Biden no ha tomado medidas contra el propio Putin o los oligarcas que sostienen al régimen, lo que permite frenar una escalada de tensión. El Departamento del Tesoro hizo pública por la tarde la lista de los siete sancionados, que son el director del Servicio de Seguridad Federal, Aleksandr Bortnikov; jefe del directorio de política presidencial, Andrei Yarin; el jefe adjunto del gabinete de la oficina presidencial, Sergei Kiriyenk; el viceministro de Defensa Aleksey Krivoruchko, otro viceministro de Defensa, Pavel Popov; el director del Servicio Federal de Prisiones, Alexander Kalashnikov, y el fiscal general, Igor Krasnov.

Estos dos últimos también han sido sancionados por la UE, que añade a la lista al jefe del comité de investigación de la Federación Rusa, Alexander Bastrykin, que rinde cuentas directamente ante Putin; y el jefe de la Guardia Nacional, Viktor Zolotov, que amenazó en público a Navalni en 2018.

Algunos de los socios de la UE y el Partido Popular Europeo abogaban por incluir en el listado a los millonarios cercanos a Putin, como vía de presión directa sobre el círculo más estrecho del presidente ruso. Pero el Consejo de la UE ha descartado esa posibilidad porque, a efectos legales, era necesario establecer una relación directa entre las personas sancionadas y la persecución y encarcelamiento de Navalni. La mayor parte de los sancionados suelen recurrir al Tribunal de Justicia europeo, que ha revocado varias de las decisiones cuando no se han seguido escrupulosamente los procedimientos previstos.

Serguéi Lavrov, ministro ruso de Exteriores

La doble tanda de sanciones de Washington y Bruselas coincide con el fortalecimiento de la relación transatlántica tras la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden. Y con un grave deterioro de las relaciones de la UE con Rusia visualizado durante la reciente visita a Moscú del alto representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell. El encontronazo en la capital rusa entre Borrell y el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, marcó un punto de inflexión y, desde entonces, Bruselas ha endurecido la retórica y los gestos hacia Rusia. Este mismo martes, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha visitado por primera vez Ucrania, como punto final de una gira que ha pasado también por Georgia y Moldavia, otros dos de los puntos de fricción entre Europa y Rusia. “No estáis solos, estamos de vuestro lado”, ha sido el desafiante mensaje de Michel en unos países que se sienten amenazados por las tácticas de guerra híbrida y agresión territorial que el Kremlin utiliza con algunos de sus vecinos de la parte occidental.

Desclasificación de informes

Junto con las sanciones, el presidente demócrata también desclasificó la conclusión de sus servicios de inteligencia sobre el caso Navalni, que apuntan al Servicio de Seguridad de Rusia (su gran agencia de inteligencia) como responsable del envenenamiento. Queda aún pendiente de anunciar su respuesta al masivo ciberataque de 2020 a nueve agencias gubernamentales estadounidenses y a unas 100 empresas privadas, en una operación conocida como Solarwinds.

Navalni, de 44 años, activista contra la corrupción y uno de los grandes azotes del Kremlin, sufrió un grave envenenamiento en Siberia en agosto de 2020 y viajó a Alemania para curarse. Cuando regresó a Rusia, el pasado 17 de enero, fue arrestado de inmediato, acusado de violar los términos de la libertad condicional que le había impuesto una sentencia de 2014. Aquel fallo le había suspendido una condena después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la tachase de “arbitraria e injusta”.

Ahora está condenado a cumplir la condena, lo que le obligará a pasar tres años y medio en una colonia penal (una cárcel en la que los reclusos generalmente siguen un régimen de trabajo), ante al estupor de la comunidad internacional y pese a la resolución cautelar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha exigido la liberación “inmediata” del opositor alegando que su vida corre peligro entre rejas.

En Europa conviven las voces alarmadas por la deriva autoritaria de Moscú y las de las grandes capitales, como Berlín, que defienden reacciones muy progresivas. En Estados Unidos, Trump pasó cuatro años mostrando una sorprendente cordialidad hacia el dirigente ruso, que estaba acusado de haber orquestado una campaña de injerencia electoral en 2016. El entonces presidente estadounidense cuestionó la palabra de los servicios de inteligencia de su país y de su propio Departamento de Justicia y dio el beneficio de la duda a Putin, que siempre negó la acusación. El apoyo levantó ampollas porque aquella interferencia en las presidenciales iba dirigida precisamente a favorecer su victoria frente a la demócrata Hillary Clinton.

El cambio de Gobierno ha puesto en la Casa Blanca a un viejo conocido de Putin, un exvicepresidente de la Administración de Barack Obama que vivió ocho años de relación muy difícil con Rusia. No empieza ahora un periodo más fácil. El 19 de febrero, en su primer discurso en una cumbre internacional, una Conferencia de Seguridad de Múnich virtual, Biden apuntó hacia Moscú: “Putin busca erosionar nuestra alianza transatlántica porque para el Kremlin es mucho más fácil atacar y amenazar a los países de forma individual que negociar con una alianza unida”.