El bucle temporal de la prisión preventiva en Egipto

El 14 de octubre del 2020, un tribunal de El Cairo ordenó la liberación, con medidas cautelares, del abogado defensor de derechos humanos egipcio Islam Salama, quien permanecía en prisión preventiva desde junio. Cuando los trámites para liberarlo se habían completado y se disponía a pisar la calle, Salama desapareció bajo custodia policial, según asegura una de las letradas que sigue su caso. El 30 de noviembre el egipcio reapareció y fue acusado en un nuevo proceso judicial de los mismos cargos que en el anterior, por lo que volvió a ser detenido de forma preventiva hasta que, el 16 de enero, otro tribunal ordenó su puesta en libertad bajo fianza. Pero cuando los trámites para liberarlo se había completado y se disponía a salir a la calle, Salama —una vez más— desapareció. Todavía hoy se desconoce su paradero.

Kholoud Said, una investigadora y traductora egipcia, también permanecía en prisión preventiva desde abril del 2020 cuando, a mediados de diciembre, un tribunal ordenó su liberación bajo medidas cautelares, según explica la misma abogada que en el caso de Salama en condición de anonimato. A los pocos días, sin embargo, el entorno de Said le perdió el rastro cuando se encontraba en una comisaría de Alejandría, y no volvieron a saber de ella hasta que, el 11 de enero, reapareció ante la Fiscalía. Said acababa de ser acusada en un nuevo proceso judicial, con los mismos cargos que en el primero. Actualmente sigue en prisión preventiva.

En los últimos meses, grupos de derechos humanos egipcios han alertado de que artimañas legales como las empleadas contra Salama y Said se han convertido en una práctica cada vez más frecuente para mantener en la cárcel durante períodos prolongados a personas detenidas por casos de naturaleza política. El fenómeno, que se conoce como “rotación”, consiste en incluir a una persona que se encuentra en prisión preventiva a un caso judicial diferente de aquel por el cual fue detenido en primera instancia, aunque a menudo con cargos muy similares. Así, el reloj de este régimen de detención, que fija un plazo máximo de dos años para los más graves, se pone a cero. Para Salama y Said, por ejemplo, los meses que ya han pasado en prisión no contarán.

Algunos de los primeros casos de rotación en Egipto se documentaron en 2015 y 2016, pero fue a partir de las protestas contra el presidente Abdelfatá Al Sisi en septiembre del 2019 que la práctica se empezó a disparar, según un informe de la Comisión Egipcia para los Derechos y Libertades (ECRF, por sus siglas en inglés) publicado en junio de 2020. El director de la organización, Mohamed Lotfy, calcula que, a estas alturas, “miles de presos políticos” podrían haber sido rotados.

La forma más habitual que adopta esta maniobra legal pasa por volver a detener de forma preventiva a un acusado después de que un tribunal haya ordenado su puesta en libertad, según el anterior informe de la ECRF. En algunos casos, las autoridades vuelven a arrestar a un individuo que ya ha permanecido todo el tiempo permitido en prisión, mientras cumplía medidas cautelares o después de haber desaparecido forzosamente. EL PAÍS ha tratado de contactar con el Ministerio de Justicia y con la Fiscalía a través de los canales oficiales, pero no ha obtenido respuesta.

“Está claro que esta herramienta está diseñada para ser punitiva y no para lograr justicia”, considera Yasmin Omar, experta legal del Instituto Tahrir para la Política de Oriente Próximo (TIMEP) con sede en Washington. “[Y] no puedo confirmar que el castigo emocional sea deliberado. Pero lo veo en el contexto de las prácticas de las autoridades para quebrar el ánimo de los detenidos y agotar a familias y abogados. Dar esperanzas para luego quitarlas es emocionalmente devastador. Y la mayoría de veces la orden de libertad va acompañada de una fianza o multa que las familias pagan para finalizar el proceso de liberación, lo que crea una frustración financiera adicional”, afirma.

Lotfy explica que el primer responsable de las rotaciones es la Agencia de Seguridad Nacional, uno de los tres principales cuerpos de las fuerzas de seguridad egipcias, que elabora los informes “infundados” que acusan o vuelven a acusar a los detenidos. Luego, la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado, considerada por grupos de derechos humanos uno de los brazos represivos del poder judicial del régimen, “da su aprobación automática y asigna al detenido a un nuevo caso en base a los informes”. Al final, los tribunales penales se encargan de renovar sistemáticamente la detención preventiva. Los grupos de derechos humanos que denuncian este fenómeno alertan de que su uso cada vez más repetido sugiere una apuesta decidida de la Fiscalía por retener a voces críticas bajo un régimen de detención que debería ser cautelar por naturaleza.

“La rotación crea una nueva realidad en la que un detenido que normalmente tendría la certeza de que sería puesto en libertad tras un período máximo de arresto, podrá ser sometido en cambio a una detención indefinida mientras le siguen añadiendo a nuevos casos. Estas prácticas normalizan atroces violaciones de las garantías procesales, en una clara vulneración de las normas jurídicas internacionales y naciones”, concluye Omar.