Perú se asoma a un giro ultraconservador ante la segunda vuelta presidencial

A partir del 28 de julio, Perú tendrá un presidente populista y conservador, independientemente de quién gane. Los dos candidatos a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el 6 de junio, la derechista Keiko Fujimori y el maestro radical Pedro Castillo, están, desde espectros ideológicos opuestos, en contra de la igualdad de género, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto. No solo quien llegue a la presidencia llevará sus ideas conservadoras. El Congreso tendrá, por primera vez, una bancada de la ultraderecha católica.

Con el escrutinio al 98%, el docente y sindicalista rural Castillo, de 51 años, obtiene el 19% de los votos, mientras que la hija del autócrata Alberto Fujimori, de 45, y acusada por lavado de activos logra el 13%, 26 puntos menos que los que consiguió en los comicios de 2016. El 12% de electores dejó su papeleta en blanco y hubo un 28% de absentismo, pese a que el voto es obligatorio.

Castillo, que defiende desde posiciones de izquierda radical un Estado fuerte, el fin de los monopolios privados y que se acabe “la explotación laboral”, es profundamente intransigente ante los avances sociales. El maestro saltó a la escena nacional en 2017 durante una huelga de docentes de dos meses pidiendo mejores salarios y condiciones laborales. Se ha manifestado en repetidas ocasiones en contra del enfoque de igualdad de género en el currículo educativo escolar y al matrimonio igualitario. También afirmó durante la campaña que se opone a legislar sobre el aborto o la muerte digna. En su tercer intento como candidata presidencial, Fujimori también se opone al matrimonio igualitario y dice ser defensora de la familia, para explicar que no le interesa promover ni reconocer los derechos de la población LGTBI y menos el aborto bajo el supuesto de violación.

Fujimori ha prometido “mano dura” contra la delincuencia y el indulto a su padre ―preso con una condena de 25 años de cárcel por delitos de corrupción, robo y homicidio cometidos durante su Gobierno en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos―. Sin embargo, hace un mes, un fiscal peruano pidió 30 años de prisión para la candidata y la disolución de su partido, después de una investigación iniciada en 2018 por lavado de activos y por recibir supuestamente aportes millonarios de la constructora brasileña Odebrecht y de un grupo financiero peruano para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.

Ante la segunda vuelta, el escenario de crisis de la política peruana, golpeada con fuerza desde 2016 por la inestabilidad institucional y casi ingobernable, parece empeorar. Perú ha tenido cuatro presidentes desde entonces, y muchos congresistas usan el cargo para bloquear posibles investigaciones y juicios a los líderes de los partidos, la mayoría por casos de corrupción. El abogado y profesor Juan de la Puente explica: ”El Congreso elegido es mucho más conservador que los que hemos tenido en los últimos años y fragmentado. Esa correlación es interesante porque es muy probable que los sectores conservadores logren una mayoría parlamentaria para darle sostenibilidad a un Gobierno de Fujimori o para realizar una oposición dura al Gobierno de Castillo”.

Según las proyecciones de la prensa limeña, basadas en el conteo rápido de Ipsos Perú y el escrutinio parcial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la formación Perú Libre, con la que se presentó Castillo, tendría la mayoría de los escaños, entre 32 y 35, seguida por Fuerza Popular ―liderada por Fujimori―, que contaría con una bancada de 24 congresistas. El Parlamento en Perú es unicameral y tiene 130 miembros.

El tercer partido con mayor representación sería Acción Popular, por el que se presentó Yonhy Lescano: una formación política sin doctrina única, fracturada en dos desde las elecciones de 2016. Esta división se ahondó en noviembre pasado, cuando un sector propició el derrocamiento del Gobierno de Martín Vizcarra a raíz de que la Fiscalía lo investigara por sobornos que, según la acusación, recibió cuando fue gobernador regional. El grupo político que encabeza el candidato presidencial César Acuña, con varios de sus militantes sentenciados o investigados por delitos comunes y corrupción, obtendría 14 parlamentarios.

El Congreso tendrá además un grupo fundamentalista radical, Renovación Popular, del empresario ultraderechista y miembro del Opus Dei Rafael López Aliaga. Con 13 escaños, es la primera vez que alcanza una representación propia como partido religioso y radical. López Aliaga rechaza de plano el aborto, incluso en caso de violación, y planteó que las niñas embarazadas por agresiones sexuales fueran acogidas en sus hoteles de cinco estrellas antes de dar a luz.

“Quizás las primeras expresiones del giro conservador de Perú serán la elección del defensor del Pueblo y del Tribunal Constitucional”, opina el analista De la Puente. El exjefe de la Organización de Procesos Electorales, Fernando Tuesta, proyecta que 11 grupos políticos tendrán representación en el nuevo Parlamento, según las últimas cifras. Pese a la llegada de más conservadores al Parlamento y al nulo interés en la agenda social y la política verde por parte de los partidos que tendrán mayor representación, el periodista y politólogo Enrique Patriau estima que no será peor que el Congreso actual. “Pero sí: Perú se resiste a dejar de mirar el abismo”, precisa.

Un Congreso refugio

El expresidente Martín Vizcarra, que se enfrenta a dos investigaciones de la Fiscalía, una por delitos supuestamente cometidos en 2014 y otra durante su mandato, es uno de los virtualmente elegidos al Congreso que usará ese foro para defenderse. Además, el líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, también bajo investigación del Ministerio Público por lavado de activos e inscripción ilegal de su partido político, accedería a un escaño. Desde allí puede mantener redes que le permitan neutralizar la acción de la justicia, como lo hace su hijo José Luna, actual congresista de la misma agrupación.

Otro elegido es el fujimorista Alejandro Aguinaga, médico personal del autócrata Alberto Fujimori, a quien la Fiscalía acusó en marzo ―al igual que al expresidente― de delitos ligados a las esterilizaciones forzadas de mujeres pobres e indígenas durante su segundo Gobierno, en la década de los noventa. Los delitos son contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves, seguidas de muerte, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

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