Bolivia quiere llevar a los expresidentes Jeanine Áñez y Lenín Moreno ante un tribunal internacional

El Gobierno de Luis Arce quiere entablar un proceso judicial internacional contra el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, y la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, por delitos de “lesa humanidad”. Iván Lima, el ministro boliviano de Justicia, hizo el anuncio y, aunque que no especificó el tribunal al que Bolivia acudirá, mencionó como instancias a la Corte Interamericana o la Corte Internacional de Justicia. El Ejecutivo de Arce argumenta su deseo en el supuesto préstamo de Moreno a Áñez, en noviembre de 2019, de gases lacrimógenos destinados a controlar las protestas que en ese momento se producían en Bolivia tras el derrocamiento del presidente Evo Morales.

En Ecuador, también se ha convertido en un tema de agenda el supuesto apoyo de Moreno a Áñez en las protestas de 2019. El legislador Fausto Jarrín presentó ante la Fiscalía una denuncia contra el expresidente Moreno por “el hecho de haber entregado, sin ninguna razón o justificación, pertrechos militares y bombas lacrimógenas al Gobierno de Jeanine Áñez en noviembre de 2019, [material] con lo cual obviamente el Gobierno de facto reprimió a la ciudadanía en el hermano pueblo de Bolivia”, declaró a la prensa Jarrín, que pertenece al partido del expresidente Rafael Correa, actualmente en la oposición.

El escándalo estalló con la difusión en Bolivia, hace una semana, de una carta, fechada en mayo de 2020, del excomandante de la Policía de Ecuador, Hernán Patricio Carrillo Rosero, al entonces agregado de Defensa de la Embajada boliviana en Ecuador, José Frías. En ella, el policía le pedía al diplomático la devolución de “5.000 granadas de mano GL-302; 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 mm; 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 mm y 500 granadas de sonido y destello para exteriores” que su institución había prestado a Bolivia. Los cartuchos de 37 mm sirven para disparar químicos, como gases lacrimógenos y otras sustancias irritantes.

Según el Gobierno boliviano, el cargamento llegó al país “con bajo perfil” el 16 de noviembre de 2019, al día siguiente de la llamada masacre de Sacaba, en la que murieron 11 personas y fueron heridas 120, y tres días antes de la masacre de Senkata, en la que también fallecieron 11 personas y fueron heridas 78. Las investigaciones sobre estos sucesos, que aún no concluyeron, establecieron que todos los manifestantes anti-Áñez perdieron la vida por heridas de bala.

Cuando el Gobierno interino asumió el 12 de noviembre de 2019 la policía boliviana sufría un total desabastecimiento de gases lacrimógenos, luego de los 21 días de conflictos callejeros que antecedieron a la caída de Evo Morales. Esta carestía llevó a que el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, comprara suministros policiales no letales a través de una empresa intermediaria en Miami. Hoy, Murillo se encuentra encarcelado en esta ciudad de los Estados Unidos, donde residía después de dejar su cargo, acusado de haber recibido sobornos y haber lavado dinero proveniente del sobreprecio que Bolivia pagó por esta compra. El préstamo de gases de Ecuador se produjo supuestamente antes de esta operación.

Según un exministro de Áñez interrogado por la Fiscalía, la persona que hizo la gestión ante Ecuador fue la ministra de Comunicación de entonces, Roxana Lizárraga. Esta política ha sido vinculada a instituciones latinas de extrema derecha en Estados Unidos, donde hoy se encuentra tramitando su asilo político. Según la denuncia de su excolega, hizo una llamada telefónica en medio de una reunión del Gabinete que discutía “acaloradamente” la falta de material para la Policía en un momento de convulsión social, y así logró la ayuda de Ecuador. La Fiscalía espera ahora una declaración suya a distancia.

El periódico boliviano Página Siete informó que había tenido un contacto con un miembro del equipo de Lenín Moreno. La fuente, que no quiso ser identificada públicamente, desmintió que se hubiera mandado “munición de guerra” a Bolivia, tal como declararon inicialmente las autoridades bolivianas. Sin embargo, no quedó claro si también rechazó el envío de munición no letal, como la que está señalada en la carta del comandante Carrillo.

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