Familiares de presos políticos de Nicaragua: “Tenemos temor, porque sabemos en manos de quiénes están”

Pinita Gurdián lloró durante dos días cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) perdió las elecciones de 1990. Ella y su familia lo habían dado todo por la revolución sandinista: entregaron su finca familiar para la reforma agraria impulsada por el Gobierno revolucionario, sus hijos marcharon a la guerra para defender la revolución, ella trabajó como voluntaria para mejorar la vida de los pobres en un país empobrecido por la dictadura somocista. Y más de 40 años después ve cómo aquellos ideales fueron traicionados por una pareja que decía defenderlos. Gurdián es madre de Ana Margarita Vijil y abuela de Tamara Dávila, dos de las presas políticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desde su captura no sabe nada de ellas. No se les permite verlas, hablarles, entregarles alimentos. Tampoco se cumple con el derecho a tener un abogado contratado por la familia. “Es una situación horrible. Siento temor, porque sabemos en las manos de quiénes están”, explica Gurdián a EL PAÍS. “Siento una rabia inmensa. Yo no me metí a la revolución para esto”, afirma.

Dávila fue detenida el 12 de junio. Ella es una joven feminista y activista que plantó cara al régimen de Ortega desde antes de 2018, cuando estallaron multitudinarias protestas que exigían el fin del mandato del exguerrillero sandinista. Se le podía ver siempre en las manifestaciones, con pañuelos verdes símbolo del movimiento feminista o la bandera azul y blanco de Nicaragua, emblema de rebeldía contra el Gobierno. El arresto fue en su casa, durante la noche. “Esa noche estaba su hija (cinco años) con ella. A Tamara tenían tiempo de perseguirla. La policía la seguía a donde iba y ella le decía a la niña que la policía la cuidaba, para que no se asustara. Si iba al colegio, al mercado, nunca la dejaban sola. El día de la captura llegó una cantidad enorme de oficiales. La niña vio todo ese movimiento, es un gran trauma para ella”, relata Guardián.

Un día después fue arrestada Dora María Téllez, heroína de la revolución sandinista, la Comandante Dos de la mítica toma del Congreso somocista que Gabriel García Márquez inmortalizó en su crónica Asalto al Palacio. Junto con ella fue detenida Ana Margarita Vijil. Esa mañana el régimen desplegó un gran contingente en la finca de Téllez, localizada en una zona rural a media hora de distancia de Managua, como si se tratara de la caza de un peligroso delincuente. Sobrevolaron drones por el inmueble. Y luego entraron con violencia. Antes de la captura, Vijil grabó un video para redes sociales, que terminaba con la frase “¡Aquí no se raja [acobarda] nadie!”. “No sabemos cómo están. Sabemos que a Dora María y Ana Margarita las golpearon. Fueron rodeadas por una cantidad enorme de vehículos, motos, paraestatales, policías y antimotines. Ellas esperaron en la casa a que entraran. Ana Margarita me llamó por teléfono: ‘No te preocupés, esto es inevitable y necesario, pero no nos van a callar’”, cuenta Gurdián.

Ella no sabe exactamente dónde están sus familiares, aunque sospecha que han sido encerradas en las celdas de El Chipote, una prisión que ha sido denunciada como centro de torturas por organizaciones de derechos humanos. “Dora María tiene problemas en la espalda y además sabemos que le dieron golpes en el estómago. Yo he estado preocupadísima, pero con gran calma, porque sé que ellas están limpias y hacen esto por una causa noble. Y eso me llena de una gran paz”. A pesar de ese sentimiento, Gurdián no esconde su decepción por lo que considera una traición a los ideales revolucionarios. “Siempre hemos creído en la liberación de los oprimidos y por eso nos comprometimos con la revolución”, explica. “Nos comprometimos con el Frente Sandinista porque era la primera vez que se veía la posibilidad de un cambio, de justicia. Mis tres hijos fueron al servicio militar y mis hijas participaron en las brigadas [de solidaridad]. Un hijo fue herido de gravedad en el 87 y tiene una lesión permanente en la cabeza. Fue sometido a seis operaciones. Pero siempre nos mantuvimos firmes con la revolución, porque dijimos que era el momento de hacer lo que siempre habíamos soñado”.

Como Gurdián, Verónica Chávez no sabe nada de su esposo, el periodista Miguel Mora. Chávez asiste a la prisión donde cree que está Mora los días en que supuestamente están previstas las visitas, pero no ha tenido suerte: no le dejan entregar la comida que con cariño le prepara, ni las medicinas; solo le aceptan agua embotellada. Su imagen afuera de la cárcel, el rostro descompuesto por tanto desasosiego, se ha convertido en uno de los símbolos de esta nueva ola represiva desatada por el régimen de Ortega. “Lo que quiero es que nos permitan ver a nuestros familiares, porque desde el momento que los capturaron de manera arbitraria no sabemos nada”, dice Chávez. “No sé si a Miguel lo han golpeado. Él tiene problemas de visión. Necesitamos ver a nuestros familiares para saber que están bien. Quiero asegurarme de manera personal, porque es un derecho verlo”, ruega la también periodista.

Mora ya había sido encarcelado en 2018, cuando su canal, 100% Noticias, retransmitió día y noche las protestas y la represión de Ortega. Su plató se convirtió en un foro abierto para denunciar los desmanes del régimen y en sus editoriales hacía duras críticas contra Ortega. Una noche de diciembre el canal fue asaltado por la policía. Mora y su jefa de redacción, Lucía Pineda, fueron detenidos y encarcelados. La redacción fue confiscada y ahora el régimen la ha convertido en una clínica pública. Después de varios meses en prisión, Mora fue liberado, pero siguió con su posición firme contra Ortega, incluso llegó a postularse como candidato opositor a la presidencia, otra afrenta que el mandatario no le perdonó y por lo que ordenó su detención. “No pedimos nada que no sea parte de un derecho humano”, dice su esposa. “Están siendo investigados de forma ilegal. Han perdido su libertad de forma ilegal, pero no sus derechos”, afirma Chávez.

Desde el exilio, Berta Valle expresa su zozobra por no saber nada de su esposo, el candidato opositor Félix Maradiaga, también detenido (“secuestrado”, acota ella) de forma ilegal por el régimen. “Nadie ha tenido contacto con él. Presentamos un recurso de exhibición personal y el juez no dio lugar, aduciendo que está bien y que se le están respetando sus derechos. Todos estos procedimientos son arbitrarios, por lo que nosotros insistimos en que Félix se encuentra desaparecido”, explica Valle desde Miami, donde se exilió junto a su hija debido a la constante persecución contra su esposo.

Maradiaga fue detenido el 8 de junio, después de comparecer ante la Fiscalía, en Managua, dentro de las investigaciones que hacen las autoridades bajo órdenes de Ortega por un supuesto lavado de dinero. “Entró a la Fiscalía acompañado de su abogado. Después de tres horas de entrevista abordó su camioneta, pero minutos después lo detuvieron: fue interceptado por una patrulla, lo golpearon y se lo llevaron. Desde entonces no sabemos nada de él. Asumimos que está en El Chipote, pero no lo hemos podido constatar. Esto es un asalto. Estoy muy preocupada, porque hay antecedentes de torturas en El Chipote”, comenta Valle.

A todos los detenidos se les investiga bajo el amparo de una ley aprobada en diciembre por la Asamblea Nacional, que Ortega controla. Ese reglamento pena a quienes conspiren contra el régimen al solicitar una intervención extranjera. También se les acusa por lavado de dinero y por terrorismo, aunque no se hayan presentado pruebas contra ellos. “Esta es una angustia prolongada”, dice Berta Valle. Por las noches no duermo y pienso que algo malo le puede estar pasando. Sé que Ortega es capaz de cualquier cosa. ¿Cómo le explicas a tu hija de siete años que su papá no le puede llamar como hacía todas las noches? Qué doloroso es que tenga que pasar por esto”, agrega. Como todos los familiares de los presos del régimen, Valle también muestra un aplomo admirable a pesar de la angustia: “Como madre y como esposa de un candidato presidencial debo seguir apoyando a mi esposo, ser una extensión de su voz. Debo honrar lo que él me delegó: el compromiso de luchar por la libertad de Nicaragua”.

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