Un grupo de diputados conservadores se rebela frente al doble rasero ético de Boris Johnson

Boris Johnson puso a prueba este miércoles las tragaderas de su grupo parlamentario con una votación destinada a salvar el cuello de su amigo, el diputado conservador Owen Paterson. A pesar de disponer de 80 votos más que la oposición, el Gobierno sacó por los pelos una enmienda (250 frente a 232) para suspender la condena de Paterson por prácticas corruptas y cambiar las reglas de funcionamiento del Comité de Ética de la Cámara de los Comunes. La presión de las últimas horas de la opinión pública y de los propios miembros del Partido Conservador, incapaces de defender ante los ciudadanos una decisión escandalosa, ha forzado que Downing Street haya vuelto a dar uno de sus ya cada vez más habituales bandazos. El diputado de la discordia renunciaba a su escaño durante la tarde del jueves para “seguir trabajando como servidor público, pero lejos del cruel mundo de la política”.

El organismo de vigilancia del comportamiento de los parlamentarios había concluido que el político conservador incurrió en un “indignante caso de cobro por la defensa de intereses privados”, al prestar servicio de asesoramiento e impulsar ante el Gobierno y el Parlamento los negocios de dos empresas, los laboratorios Randox y Lynn’s Country Foods. Llegó a cobrar anualmente de ambas hasta 120.000 euros. “Utilizó su posición privilegiada como miembro de la Cámara de los Comunes para asegurar beneficios a dos compañías que le habían contratado como asesor (...) Ha traído desprestigio a este Parlamento”, concluía el comité en su demoledor informe.

La propuesta de sanción suponía un mes de suspensión de empleo y sueldo y la posibilidad de abrir un proceso electoral local en la circunscripción de Paterson para que los votantes decidieran si deseaban reemplazarle. El contrataque del Gobierno de Johnson, que ha demostrado ya en más de una ocasión que no tiene reparos en cambiar las reglas del juego cuando van en su contra, fue presentar una enmienda parlamentaria para reformar por completo las normas de funcionamiento del Comité de Ética y dejar en suspenso la condena de Paterson. Con un doble argumento, jurídico y compasivo. Aseguraba Downing Street que el comité no había concedido al investigado la posibilidad de recurso que la justicia ordinaria sí ofrece. Y recordaba además que la mujer de Paterson, Rose Paterson, de 63 años, se suicidó el pasado mes de junio, en medio de las pesquisas parlamentarias. “Perdí a mi adorada esposa, con la que llevaba casado 40 años, y esta investigación fue un factor fundamental en ese desenlace”, ha dicho el diputado en su respuesta escrita al comité.

La enmienda impulsada por el Gobierno de Johnson había escandalizado a los partidos de la oposición, pero lo que es más importante, había colocado en una situación muy embarazosa a decenas de diputados de su partido. Al torcer la ley para salvar a uno de los suyos, muchos han recordado el infame escándalo de mediados de los noventa, el llamado cash for questions (dinero a cambio de preguntas). El diario The Guardian reveló entonces cómo varios diputados conservadores introducían preguntas en la sesión de control parlamentaria, a 2.000 libras esterlinas (unos 2.350 euros) la pregunta, para impulsar los intereses del empresario egipcio Mohamed Al-Fayed, propietario de los grandes almacenes Harrods. “Ayer [por la votación del miércoles] nos olvidamos de a quién servimos, que no son otros que los ciudadanos. El modo en que hemos cerrado este asunto transmite la sensación de que solo nos preocupamos por proteger a los nuestros”, ha denunciado el diputado conservador Tobias Ellwood, uno más de las decenas de tories que se abstuvo o votó en contra de la enmienda del Ejecutivo. “Fue sin duda un mal día para el Gobierno conservador y para el Parlamento”, ha concluido Ellwood.

La oposición laborista ya ha anunciado su intención de boicotear la comisión parlamentaria que debe reescribir las reglas de control ético de los diputados. “Estoy harto de que la gente dé rodeos y no llame a todo esto con su nombre correcto: corrupción”, ha denunciado el líder de la oposición, Keir Starmer. “Paterson estaba recibiendo dinero de una compañía privada para introducir cuestiones parlamentarias en su nombre. Debe irse, no merece ser diputado”. Randox es, entre otras actividades, una de las empresas que más dinero está ganando con los test obligatorios que deben hacerse los viajeros que entran en el Reino Unido al segundo día de su llegada, a pesar de que dispongan de la pauta completa de vacunación.

Paterson se resistía a mostrar  la menor señal de arrepentimiento por su conducta. Había dicho que volvería a hacerlo sin ningún reparo y había dado públicamente las gracias a Johnson por su apoyo.

El Gobierno conservador ha intentado incluso rematar su tarea con la exigencia de dimisión de Kathryn Stone, la comisionada independiente del Parlamento para la investigación de los comportamientos éticos de los diputados. Es un puesto que se prolonga durante cinco años, creado precisamente a raíz del escándalo de mediados de los noventa. Los conservadores acusan a Stone de llevar a cabo investigaciones “poco profesionales”. Pero a nadie se le escapa que su siguiente investigación pendiente es la de la costosa decoración del apartamento privado de Downing Street que encargaron Johnson y su esposa, Carrie, y que se financió con decenas de miles de euros procedentes de donaciones privadas al Partido Conservador.

En las últimas horas, el equipo de Johnson ha intentado recomponer un asunto que ha provocado entre las propias filas conservadoras un incendio mayor del previsto. El euroescéptico Jacob Rees-Mogg, a quién el primer ministro premió su apoyo con el puesto de Líder de la Cámara de los Comunes (un puesto similar al español de Secretario General de Relaciones con las Cortes, pero con rango de ministro), justificaba el miércoles la enmienda con su cinismo habitual: “A veces, para hacer el bien, es necesario aguantar un poco de deshonra”. Horas después, sin embargo, ha constatado que la deshonra era más profunda y duradera de lo previsto, y ha comenzado a lanzar señales de conciliación, para que se desvincule el caso de Paterson de la revisión de las reglas de ética, y Gobierno y oposición puedan trabajar en un esfuerzo bipartidista que otorgue legitimidad a esa revisión. La conclusión de sus palabras es que Downing Street se retractaba de su maniobra y mantenía la sanción impuesta a Paterson.  Le dejaba solo, a cambio de salvar la vapuleada imagen del primer ministro.

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