EE UU impone sanciones a altos cargos cubanos por impedir la marcha opositora

Vuelta a los viejos tiempos del enfrentamiento frontal entre Washington y La Habana, con sanciones incluidas. Diez meses después de su llegada a la Casa Blanca, el presidente Joe Biden no solo no ha eliminado ni una de las medidas coercitivas adoptadas por Donald Trump, como prometió en campaña, sino que se ha subido al carro de la presión y del discurso cada vez más inquisitivo, sobre todo a raíz de las protestas del 11 de julio en Cuba y la frustrada marcha de opositores por el cambio, el pasado 15-N.

EE UU anunció el martes que prohibiría la entrada a su territorio a nueve funcionarios cubanos, entre ellos oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, “involucrados en la represión y el arresto de activistas que querían manifestarse” el 15-N. Según un comunicado del secretario de Estado, Antony Blinken, los nueve funcionarios “tomaron medidas para negar a los cubanos su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica”. No se han revelado de momento los nombres de los sancionados. Este tipo de sanciones tienen más sentido simbólico que consecuencias prácticas. Es difícil pensar que un militar de alto grado,  o un miembro activo del ministerio del Interior, vaya a viajar a Estados Unidos, y menos que Washington esté dispuesto a concederle un visado aún sin estar sancionado, por lo que el Gobierno cubano minimiza su alcance.

Tres días antes, el 27 de noviembre, el propio Blinken se refería en un comunicado a los sucesos ocurridos un año antes frente a las puertas del Ministerio de Cultura, donde un grupo de 300 jóvenes artistas se manifestaron para exigir un diálogo con las autoridades en demanda de libertad de expresión y cese del hostigamiento contra disidentes, tras el desalojo por la fuerza de una protesta en la sede del opositor Movimiento San Isidro. “En repetidas ocasiones desde la histórica reunión del año pasado frente al Ministerio de Cultura, los cubanos han pedido a su Gobierno que escuche sus llamados a las libertades fundamentales, la democracia y el respeto de los derechos humanos. En cada ocasión, el régimen desperdició la oportunidad de diálogo, redoblando una ideología en bancarrota y un sistema económico fallido que no puede satisfacer las necesidades básicas de los cubanos”, afirmó.

Blinken felicitó “al pueblo cubano por seguir pidiendo a su Gobierno que escuche sus aspiraciones y exija el respeto de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales”.

La respuesta de La Habana a las nuevas sanciones —después de las protestas del 11 de julio, la Administración de Biden ya adoptó otras similares contra altos mandos del ejército y la policía— no se hizo esperar. Pocas horas después del anuncio del Departamento de Estado, el canciller cubano, Bruno García, acusó nuevamente a EE UU de estar detrás de las protestas en Cuba y manipularlas a su conveniencia para intentar provocar un cambio de régimen en la isla. “EE UU persiste en el error de suponer que nuestro Gobierno le permitiría provocar la desestabilización social en Cuba. Es un derecho y un deber salvaguardar las prerrogativas soberanas y rechazar la injerencia extranjera. Las medidas hostiles anunciadas hoy [por el martes] no alteran esa determinación”, dijo el canciller, que ha calificado en varias ocasiones de “obsesión” la actitud de Washington, señalando que entre el 11-J y el 15-N se han producido más de 100 pronunciamientos de altos funcionarios norteamericanos para condenar lo sucedido en Cuba.

Tras el paréntesis en esta historia de enfrentamiento que supusieron los últimos años de la Administración de Barack Obama, cuando ambos países iniciaron el deshielo y dieron pasos hacia la normalización, que Donald Trump paró en seco —durante los cuatro años de su mandato se adoptaron más de 200 medidas para recrudecer el embargo, incluidas restricciones para el envío de remesas, suspensión de vuelos directos y prohibiciones para los viajes de los norteamericanos—, muchos pensaron que la llegada de Biden inauguraría una nueva etapa de distensión bilateral.

No ha sido así.

Esta misma semana, Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental en la Administración de Biden, despejó dudas sobre lo que puede esperarse. “Hay una regla antes del 11 de julio, y después del 11 de julio”, dijo González. Y añadió que, tras lo ocurrido el pasado verano en la isla, EE UU ha presionado el “botón de pausa” sobre la revisión anunciada de la política de hostilidad de Trump hacia Cuba. Según el alto funcionario, Biden “se siente fuertemente comprometido con los asuntos de derechos humanos y la democracia”, y no es alguien que piense “que el cambio llegará” si no se actúa. Ambos Gobiernos están de nuevo en las barricadas.

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