La orden de matar a la jueza Joana Sarmento de Matos, del Juzgado de Ejecución Penal de Boa Vista, en el estado de Roraima, vino de la organización criminal Primer Comando de la Capital desde el interior de la Cárcel Agrícola de Montecristo. Se encontró garabateada en la tapa de un táper incautado durante un registro de las celdas. El agricultor Cosme Capistano da Silva es el siguiente nombre en la lista de objetivos de los sicarios de la región de Boca do Acre, en el estado de Amazonas, donde se mata o muere por unas pocas hectáreas. Con el periodista Vinicius Rosa Lourenço, de Magé, una ciudad de la región metropolitana de Río de Janeiro marcada por el narcotráfico y la acción de milicias, el ataque se produjo sin aviso ni amenaza previa. A pesar de estar en peligro, ellos insisten en sus luchas en un país donde la diferencia entre la vida y la muerte puede estar en una sentencia, un titular de periódico o la pelea por la tierra. Tres vidas amenazadas de muerte por los asesinos porque buscan justicia. Son casi rehenes en sus casas.

Brasil es un país violento. Según el Atlas de la Violencia 2021, realizado por el Instituto de Estudios Económicos Aplicados en colaboración con el Foro Brasileño de Seguridad Pública, en 2019 se registraron 45.503 homicidios en el país, lo que corresponde a una tasa de 21,7 muertes por cada 100.000 habitantes. O, lo que es lo mismo, 124 asesinatos al día. La Organización Mundial de la Salud considera que una tasa superior a 10 muertes por cada 100.000 es una epidemia. Es decir, se propaga sin control. A modo de comparación, ese mismo año en Argentina se produjeron 5 homicidios por cada 100.000 habitantes y en España solo 0,6.

La jueza Joana Matos lidia con las consecuencias directas del avance arrollador de las facciones criminales en Brasil. “Ser juez ya es una actividad que implica riesgos”, dice. En un estado fronterizo, “la situación empeora aún más”, explica, refiriéndose a las rutas del narcotráfico que cruzan Roraima procedentes de Venezuela, Guyana y los ríos amazónicos. Estas rutas despertaron el interés del Primer Comando de la Capital, nacido en São Paulo, y del Comando Vermelho, de Río de Janeiro, grupos criminales que encontraron en las cárceles medievales y en las calles de las periferias abandonadas un territorio fértil para crecer, dejando una cicatriz que atraviesa el país de norte a sur. Roraima, donde trabaja la jueza, alberga unos 3.000 internos en un espacio en el que deberían caber poco más de 1.000. En la capital, Boa Vista, donde antes reinaba un ambiente de pueblo, ahora se cometen asesinatos con la máxima crueldad: cabezas y miembros cercenados, cuerpos carbonizados.

Amenazada de muerte por algunos de los mayores grupos criminales de Sudamérica, desde hace seis años Joana Matos solo circula por la ciudad en coche blindado. El chaleco antibalas se ha convertido en prenda obligatoria y tampoco anda sola: desde que sale de su casa hasta que regresa, al final del día, la jueza va escoltada por dos policías armados con fusiles de asalto. Su rutina es limitada: nada de restaurantes, paseos por el parque o reuniones con amigos en el bar. “Al principio fue difícil, pero el ser humano se adapta a todo”, dice. Es un plan de seguridad rígido, creado para que su nombre no se sume a las estadísticas de jueces asesinados por el crimen organizado (no hay datos oficiales sobre el número total).

La dinámica de la violencia en el campo es diferente y casi tan antigua como el propio país. Brasil pasó de las capitanías hereditarias, durante la colonia, al latifundio contemporáneo, cuya principal característica es la gran concentración de tierras. En este escenario, los caudillos de ayer se han transformado, con una pátina de modernidad, en los empresarios de la agroindustria. Pero siguen utilizando los mismos métodos violentos de siempre. La vida de Cosme, un niño esclavo en las plantaciones de caucho de la Amazonía que se convirtió en agricultor y agente de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), se mezcla con la historia de la lucha en el campo. Siempre defendió a los pequeños campesinos, lo que despertó la ira de los grandes terratenientes de la región y cuasó que su nombre figurara en una lista manuscrita en papel con los objetivos de los sicarios. Dos de sus amigos también estaban en esta lista: fueron asesinados. A uno le pegaron siete tiros; al otro, 15.

La situación de Cosme no es una excepción. Según datos de la CPT, de 2011 a 2020 en todo el país se registraron 403 asesinatos causados por la violencia en el campo. El número de conflictos por la tierra en 2020 fue el más alto de toda la serie histórica monitoreada por la CPT desde 1985, cuando comenzó a publicarse el informe Conflictos en el Campo Brasil. La propia Comisión ha visto como asesinaban a 12 de sus miembros a lo largo de los años, y el caso de mayor repercusión fue el de sor Dorothy Stang, la misionera nacida en Estados Unidos que fue blanco de sicarios en 2005 en la ciudad de Anapu, en el estado de Pará. En Boca do Acre, donde nació y creció Cosme, la vida vale unas cuantas hectáreas de tierra.

El periodista Vinícius Lourenço, de 40 años, vive amenazado tras denunciar una trama de nepotismo en el Ayuntamiento de Magé, en el estado de Río de Janeiro. La reacción a su reportaje se produjo en un lenguaje habitual en la Baixada Fluminense, una región marcada durante años por la violencia política: seis disparos contra el coche que conducía la noche del 17 de agosto de este año. Estuvo a punto de correr la misma suerte que tres de sus amigos blogueros y activistas políticos de Magé, que fueron asesinados por defender una idea o hacer denuncias. Desde entonces, Lourenço ha tenido que montar una especie de búnker vigilado por cámaras las 24 horas del día para poder seguir trabajando... y viviendo. Su “fortaleza”, como él le dice.

Vinícius se despierta cada mañana con el gran temor de que en cualquier momento los sicarios “vuelvan para terminar lo que empezaron”. Brasil es un país hostil para los periodistas. Solo en 2020 asesinaron a dos, secuestraron a otros dos, 32 fueron agredidos físicamente y 34 recibieron amenazas, según un informe de la Federación Nacional de Periodistas. Teniendo en cuenta todos los indicadores de violencia contra los trabajadores de prensa, se ha producido un aumento del 105% en las agresiones contra estos profesionales, según datos de la entidad. El Gobierno de Jair Bolsonaro, con sus constantes ataques verbales a los periodistas, ha contribuido a empeorar la situación.

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