Sexo: hombre; edad: entre 20 y 30 años; etnia: uigur. Así es la radiografía de los reclusos en centros de reeducación chinos en Xinjiang

Rahile Omer arquea levemente la comisura de los labios, como si tratara de esbozar una sonrisa imposible, mientras mira a la cámara con los ojos fijos. Es 20 de marzo de 2018, y esta adolescente uigur, que en ese momento tiene 14 años, posa para una fotografía en alguna comisaría o centro de detención en Konasheher, condado de la región de Xinjiang, en el oeste de China. No ha cometido ningún delito, pero las autoridades la consideran potencialmente peligrosa por sus vínculos familiares: sus dos padres habían sido detenidos meses atrás por causas también inconsistentes. La imagen de esta menor es una de las 2.884 fotografías de ciudadanos de etnia uigur detenidos e internados que han salido a la luz en Los archivos policiales de Xinjiang, una filtración que por primera vez permite poner rostro a la represión sistemática de Pekín contra esta minoría musulmana de China.

La documentación —obtenida por una fuente externa que prefiere mantener el anonimato por razones de seguridad a través de una intromisión en los sistemas informáticos de la Oficina de Seguridad Pública, la policía china, de los condados de Konasheher y Tekes— incluye 454 hojas de cálculo con información registrada entre 2017 y 2018 de aproximadamente 301.000 personas. Según se desprende del número de sus tarjetas de identidad, 286.000 tienen residencia en Konasheher, básicamente la totalidad de la población en 2018. En total, 282.492 de todos estos ciudadanos fichados por la policía son uigures —entre ellos, 97.689 menores—, de acuerdo con la información estudiada por un equipo liderado por el investigador alemán Adrien Zenz, miembro de la Fundación en Memoria de las Víctimas del Comunismo, y verificada por 14 medios de 11 países, incluido EL PAÍS.

[Consulta de forma íntegra en este enlace las fichas de los reclusos junto al resto de documentos de la filtración]

Entre los adultos, 22.762 tienen al menos dos anotaciones relacionadas con su ingreso en algún tipo de centro de internamiento o prisión, mayoritariamente entre 2017 y 2018, como la fecha o el motivo de la detención, el nombre o la localización de las instalaciones en las que fueron arrestados o la duración o el tipo de la pena impuesta. Es decir, la primera conclusión de la filtración es que al menos el 12,3% de la población adulta de Konasheher sufrió algún tipo de internamiento en centros de reeducación, de detención (destinados a los internos que esperan condena) o prisiones en el periodo analizado a partir de los archivos.

La filtración contiene, además, 5.074 retratos tomados en comisarías o centros de detención entre el 6 de enero y el 25 de julio de 2018, de los que 4.989 han podido ser atribuidos a una persona cuya información aparece en Los archivos policiales de Xinjiang. Decenas de estas imágenes han sido verificadas por familiares en el exilio entrevistados por los medios que han participado en esta investigación. Este artículo analiza los casos de uigures encerrados en algún centro de Konasheher entre 2017 y 2018 y cuyos retratos, tomados por las autoridades chinas, figuran en la filtración. Son 2.884 personas. Sus imágenes conforman el álbum de las víctimas de la represión contra los uigures.

Rahile Omer y Memetreshit Memettursun, ambos con 15 años en 2018, son las dos personas más jóvenes que figuran en este archivo, que incluye a otros 13 menores y a 86 ciudadanos de más de 60 años. Las de mayor edad son Aniham Hamit y Meryemnisa Ismayil, ambas de 73 años. La primera, que posa con semblante serio y aparece con dos algodones en la parte superior de sus orejas, se encontraba a la espera de juicio en el momento en que fue fotografiada. Meryemnisa Ismayil, en cambio, había sido ya condenada a “recibir educación” en lo que China llama eufemísticamente “centros de educación ideológica y entrenamiento profesional”. Según Pekín, son residencias que los estudiantes pueden abandonar cuando deseen. Sin embargo, la información contenida en Los archivos policiales de Xinjiang ratifica que son campos de internamiento donde Pekín culmina el adoctrinamiento y asimilación de la minoría uigur. La mayoría de estos 2.884 ciudadanos estuvieron recluidos en uno de estos centros de reeducación.

El grueso de los internados son menores de 30 años (69%), un total de 2001 personas —incluidas los 15 menores—. También predominan los hombres, 2.490 (86%), frente a las mujeres, 394 (14%). Aunque es difícil trazar el perfil completo de todos ellos por la falta de información, los datos sí permiten afirmar que entre los detenidos hay personas de todas las edades (entre los 15 y los 73) y de todos los niveles educativos (desde quienes nunca han recibido formación alguna a universitarios).

La comparación entre la información contenida en los documentos escritos y los metadatos que conservan las imágenes permite determinar que algunas de las personas incluidas en este análisis fueron fotografiadas tiempo después de haber sido detenidas. Una posible explicación es que el momento en el que los retratos fueron realizados, —entre el 6 de enero y el 25 de julio de 2018, según los metadatos de los archivos—, coincide con una campaña del Gobierno chino “para obtener datos biométricos de gran parte de la población”, sostiene Adrian Zenz. De hecho, en las fichas de 1.435 personas (49,7%) se detalla el grupo sanguíneo.

Más allá de los metadatos y las anotaciones incluidas por funcionarios chinos, la simple inspección visual de las imágenes aporta otros muchos detalles: las mujeres estaban siendo vigiladas, en el momento de ser fotografiadas, por personal femenino vestido de civil, mientras que junto a los hombres aparecen policías con material antidisturbios como porras. Algunos de los detenidos tienen los brazos detrás de la espalda, “lo que posiblemente indica que están esposados”, según Adrian Zenz. En unas 40 fotos de mujeres, aparece la misma vigilante con la misma ropa de civil y una tarjeta en la que puede leerse “Centro de Educación y Capacitación de Habilidades Vocacionales del Condado de Konasheher”. Es un término genérico que no aclara el centro concreto de la región en el que las mujeres habían sido internadas. Sin embargo, según los datos contenidos en los archivos, todas menos una habían sido arrestadas en el centro de reeducación Konasheher Industrial Park.

Detenciones arbitrarias

El análisis detallado de los motivos que aducen las autoridades chinas para justificar las detenciones desvela la arbitrariedad de los arrestos y el esfuerzo por forzar los vínculos de los uigures recluidos con el extremismo religioso musulmán. En algunos casos, el arresto es recomendado por el IJOP (siglas en inglés de Plataforma Integrada de Operaciones Conjuntas), un programa de big data que combina datos obtenidos automáticamente con información que introducen los funcionarios chinos a través de una aplicación. La causa puede ser, simplemente, tener a su vez un familiar detenido. En otros casos, se recurre a cargos genéricos como “perturbar el orden social” o a pretextos de índole religiosa, como la lectura del Corán, llevar la barba larga o cubrir la cabeza con un velo.

El caso de Rahile Omer es uno de los que mejor evidencia la inconsistencia de las detenciones. Su arresto fue recomendado por el IJOP, que había etiquetado a la adolescente como “persona tipo 12″, una categoría que alude a quienes presentan “pruebas de peligrosidad” porque están conectados de alguna manera con algún caso policial. La joven fue considerada culpable por sus vínculos familiares: según otros documentos incluidos en la filtración, es la hija pequeña de un funcionario detenido durante una campaña policial en Xinjiang. Sin más motivos. En realidad, su padre, que fue arrestado el 3 de julio de 2017 y enviado al mismo campo de reeducación en el que terminaría su hija, también había sido etiquetado como “persona de tipo 12″. En su caso, el vínculo que le convertía en culpable era su esposa y madre de Rahile Omer, detenida también el 3 de julio de aquel mismo año. La mujer había sido sentenciada a seis años de cárcel por “perturbar el orden social”, un cargo genérico usado por las autoridades chinas contra las personas que están en el punto de mira del Estado.

También las alertas del IJOP marcaron a Tunsagul Numermet el 25 de junio de 2017. Su padre, Numermet Bakr, ya había sido condenado a prisión. Según figura en los documentos, las autoridades decidieron entonces dejar en libertad a esta mujer uigur por ser madre lactante. Sin embargo, la detendrían dos meses más tarde. Ese mismo año, el 24 de diciembre, la condenaron a 16 años bajo el cargo genérico de “reunir a una multitud para alterar el orden social” y “provocar peleas y problemas”, un delito, según Adrien Zenz, poco probable para una joven madre que amamanta un bebé. Su marido, Aburahman Hasan, entrevistado en Estambul (Turquía) por la cadena de noticias británica BBC, ha confirmado que el retrato que aparece en Los archivos policiales de Xinjiang es el de su esposa. Según su testimonio, fue detenida junto a la madre de Hasan. “¿Cómo pudo reunir a una multitud? Su vida se basó en su familia”, afirma para rebatir la imputación de las autoridades chinas.

Las motivaciones religiosas, encaminadas a presentar a los uigures como extremistas, son muy numerosas. Un ejemplo es Emetjan Yolwas, cuyo crimen fue vivir en “una familia con una fuerte atmósfera religiosa”, en la que ni se fumaba ni se tomaban bebidas alcohólicas. Según los datos de la filtración, otra prueba que corrobora ese supuesto extremismo religioso es que “sus tres hermanas pequeñas” llevaban velo.

También Tohti Emet, una de las 20 personas de mayor edad cuyos datos de detención en un centro de Konasheher aparecen en el archivo, fue detenido por motivos similares. Fue considerado culpable de haber escuchado discursos “contra el tabaco y las bebidas alcohólicas” y sobre la obligación de las mujeres de cubrir su cabeza con un velo.

En otras ocasiones, las acusaciones tienen más de 30 años, como le ocurrió a Asiygul Yusup. Según las autoridades chinas, “compró en 1984 un libro religioso por un yuan en un puesto de libros” cerca de una mezquita “con el fin de aprender a rezar”. Y en 1992, “violó la política nacional de planificación familiar debido al extremismo religioso y dio a luz un hijo más”.

Además de estas condenas por motivos religiosos, Los archivos policiales de Xinjiang contienen otro documento con información e imágenes de 330 hombres detenidos por actividades religiosas consideradas ilegales, como por ejemplo, el estudio del Corán. Cuatro de ellos fueron fotografiados después en Konasheher. Es el caso de Tursun Kadir, detenido el 2 de abril de 2017 y condenado a 13 años de prisión por emplear el “extremismo religioso para socavar el cumplimiento de la ley” y por “reunir a una multitud y perturbar el orden social”. El archivo recoge información de Qadir desde 1980, cuando, según los datos recopilados por las autoridades chinas, “estudió ilegalmente las escrituras”. Entre los cargos que se le imputan, figura que “desde agosto de 2014 hasta abril de 2017 dejó crecer su barba por la influencia del extremismo religioso”, una recriminación que aparece en las causas contra otros hombres. La comparación entre las dos imágenes de Qadir existentes en la filtración certifican que, tras su internamiento en Konasheher, el hombre dejó de lucir su barba. Había iniciado el camino con el que el Estado chino pretende, según confirman documentos de filtraciones anteriores, “lavar cerebros”, “limpiar corazones” y “expulsar al diablo”.

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