La represión de las protestas contra los militares golpistas en Sudán suma ya un centenar de muertos

Las fuerzas de seguridad de Sudán llevaban semanas acercándose peligrosamente a la cifra, pero en ningún momento optaron por frenar la represión. Y así fue como, en la noche del pasado domingo, un comité de médicos local anunció la muerte de un nuevo manifestante por un disparo en el pecho, el número 100 en la zona de la capital, Jartum, desde el golpe de Estado ejecutado por un grupo de militares el pasado octubre. Siete meses después, el país sigue sumido en un crudo pulso entre los generales, incapaces de cimentar su autoridad, y una oposición civil muy organizada, mientras la comunidad internacional sigue tratando de tender puentes sin éxito.

El general Abdel Fattah al Burhan, líder del Ejército, anunció a finales de octubre la toma del poder en el país y la disolución de los principales órganos de la frágil transición democrática iniciada en Sudán en 2019, poco después de la caída del exdictador Omar al Bashir tras meses de masivas protestas. También declaró el estado de emergencia, mandó detener a varios líderes civiles, incluido el ex primer ministro Abdallah Hamdok, y suspendió artículos clave del documento que servía de Constitución, propinando así un duro revés a la aspiración general de sentar las bases de un Gobierno civil y democrático.

Al Burhan prometió inicialmente que nombraría rápidamente un Ejecutivo tecnócrata para dirigir el país hasta unas elecciones en julio de 2023, y justificó el golpe alegando que actuó en pos de la estabilidad. Pero desde enero Sudán se encuentra sin primer ministro, con un Gabinete aún en funciones, sumido en una grave crisis económica y alimentaria, y con unos niveles de violencia e inseguridad alarmantes en zonas periféricas como Darfur.

Asimismo, las movilizaciones sociales para pedir justicia y un Gobierno solo de civiles no se han detenido en ningún momento. Al frente de estas acciones se encuentran ahora los comités de resistencia, una extensa red de grupos descentralizados de activistas, muy arraigados en los barrios, que han demostrado una gran capacidad para esquivar las tácticas represivas y de cooptación del régimen. En los últimos meses, estos comités han elaborado también documentos políticos en los que han plasmado las líneas maestras de su propuesta para salir de la crisis actual y construir un nuevo Sudán justo y democrático.

Apoyo popular de los comités de resistencia

Gracias al amplio apoyo con el que cuentan, los comités de resistencia han condicionado en gran medida el rumbo y la agenda de la oposición, incluidas las alianzas políticas y de la sociedad civil que lideraron la ola de protestas contra Al Bashir y que pactaron en su momento con el Ejército los órganos de Gobierno de la transición. Esta situación ha dejado a los generales sin apenas margen para tejer alianzas políticas que trasciendan a los grupos minoritarios que ya apoyaron el golpe de Estado en un principio. Y los ha obligado a recurrir a los círculos islamistas del antiguo régimen para tratar de romper el impasse. Los militares golpistas están intentando acabar con el aislamiento internacional, diplomático y económico, ahondando vínculos, por un lado, con Rusia y, por el otro, con Egipto, Israel, Emiratos y Arabia Saudí.

En este contexto, la ONU, la Unión Africana y la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD, en sus siglas inglesas; una organización económica y de integración del Áfrical oriental) han tratado de facilitar conversaciones entre militares y civiles para iniciar un proceso político que logre una salida a la crisis. Oficialmente, los generales se han mostrado abiertos a participar en estos procesos, el último de los cuales arranca esta semana, y a finales de mayo tomaron medidas para fomentar confianza entre la población, como el levantamiento del estado de emergencia y la liberación de decenas de presos políticos.

Sin embargo, las principales fuerzas de la oposición civil se niegan de forma categórica a sentarse a negociar con los militares. Critican que aún hay políticos y activistas entre rejas y que la represión, como pone de manifiesto el goteo constante de muertes a manos de las fuerzas de seguridad, no se ha detenido. Además, consideran que la iniciativa promovida por la ONU legitima a los generales al no presionar para que estos abandonen completamente la vida política y vuelvan a los cuarteles.

La analista Kholood Khair, directora del think tank Insight Strategy Partners de Jartum, echa en falta en las negociaciones representación de “los grupos más prodemocráticos”. “El resultado de este proceso no será representativo; le faltarán elementos clave de las reivindicaciones del movimiento prodemocrático. [De llevarse a cabo] Seguramente quedará un paisaje político que los militares pueden dominar”, desliza. “Este régimen islamista-militar, desde Al Bashir, ha sido muy capaz de manipular estos procesos”, afirma la experta, que considera “evidente” que los dirigentes del país están planeando repetir esa dinámica.

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