Boris Johnson desafía a Bruselas con una ley que altera lo pactado en el Brexit para Irlanda del Norte

Boris Johnson ha decidido de nuevo agitar las aguas del Brexit para camuflar sus problemas internos. Una semana después de que el 41% de los diputados conservadores votaran a favor de la destitución del primer ministro, irritados por el escándalo de las fiestas en Downing Street durante el confinamiento, el Gobierno británico ha iniciado el trámite parlamentario de aprobación de la nueva ley que modificará partes fundamentales del Protocolo de Irlanda del Norte. El texto fue clave para sacar adelante el acuerdo de retirada del Reino Unido de la UE, en 2019, y resultó ser el asunto más delicado y complejo de las negociaciones. Con esta decisión, Londres pretende barrer de un plumazo gran parte de los controles aduaneros en la zona y elimina el papel supervisor en la región del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

La publicación del nuevo borrador legal consuma oficialmente una amenaza esgrimida por el Gobierno de Johnson desde hace meses, y prepara la rampa de salida de lo que puede ser un duro enfrentamiento con Bruselas, que derive incluso en una guerra comercial. En apenas 24 horas, el Ejecutivo británico puede acabar enfrentándose a la vez a siete rivales: todos los diputados conservadores furiosos con la idea de que su Gobierno se salte la legalidad internacional (la ex primera ministra Theresa May estaría en este grupo); los miembros independientes de la Cámara de los Lores, dispuestos a retrasar y enmendar el texto hasta que no tenga nada que ver con el original; las asociaciones empresariales de Irlanda del Norte, que quieren mejoras técnicas del protocolo, pero no la anulación de un texto que les brinda lo mejor de ambos mundos, con acceso al Mercado Interior de la UE y al del Reino Unido; la oposición laborista, preparada para cuestionar con dureza en la Cámara de los Comunes la legalidad de la decisión; y, finalmente, un buen número de abogados activistas en disposición de dar la batalla en los tribunales.

“Restablecer el equilibrio”

“Lo único que pretendemos con esta ley es restablecer el delicado equilibrio que impuso en Irlanda del Norte el Acuerdo de Viernes Santo”, ha dicho Johnson a primera hora de la mañana a la emisora LBC. “Sería una reacción brutalmente exagerada por parte de la UE lanzar ahora una guerra comercial frente a unas correcciones que pretenden acabar con una burocracia excesiva”, ha advertido el primer ministro británico.

Con este movimiento, Johnson pretende satisfacer a la corriente interna del Partido Conservador que le aupó al poder hace tres años y que puede ayudarle a sobrevivir en estos momentos: el Grupo de Estudios Europeos (ERG, en sus siglas en inglés), que reúne al ala dura de los diputados euroescépticos que hicieron del Brexit su estandarte de guerra. A pesar de los intentos del propio Johnson y de sus ministros por edulcorar la decisión, y sobre todo, defender su legalidad, resulta evidente que los cambios propuestos en la nueva ley van todo lo lejos posible para contentar a los tories más beligerantes con la UE.

El Protocolo mantuvo dentro del Mercado Interior comunitario a Irlanda del Norte. Se evitaba así tener que imponer controles aduaneros o sanitarios en medio de la isla, que crearan la impresión de una nueva frontera y pusieran en riesgo la paz alcanzada en 1998. Desde que entró en vigor, surgieron problemas burocráticos, pero sobre todo políticos. La demarcación entre el Reino Unido y la UE se establecía, simbólicamente, en el mar de Irlanda. Resultado: muchos de los productos originarios de Gran Bretaña, cuyo destino último era Irlanda del Norte, se vieron afectados por nuevos trámites aduaneros y supervisiones sanitarias que encarecían y dificultaban el comercio interno entre regiones del Reino Unido. Bruselas supo entender estos problemas técnicos sobrevenidos, y propuso soluciones que llegaban a reducir en un 80% los controles de mercancías. No convencieron al Gobierno de Johnson, que ha ido mucho más lejos con los cambios de la nueva ley.

“Acabará con una situación insostenible, en la que los ciudadanos de Irlanda del Norte eran tratados de un modo diferente a los del resto del Reino Unido, y protegerá la supremacía de nuestros tribunales y nuestra integridad territorial”, ha afirmado la ministra británica de Exteriores, Liz Truss. Ella es la principal negociadora con Bruselas, y a primera hora de la mañana comunicaba a su contraparte comunitaria, Maros Sefcovic, que la nueva ley comenzaba su andadura parlamentaria. Truss ha insistido en que el Gobierno de Johnson “sigue dispuesto a solucionar la situación a través de conversaciones con la UE”, pero acusa a la vez a las instituciones comunitarias de negarse a realizar cambios en el protocolo.

Sefcovic, vicepresidente de la Comisión Europea, ha dado acuse de recibo a la decisión a través de Twitter, a la vez que lanzaba una advertencia sobre su gravedad: “La UE siempre ha prestado la mayor atención al impacto del Brexit sobre Irlanda del Norte, y ha ofrecido soluciones prácticas. Una decisión unilateral daña la confianza mutua y es una fórmula para la incertidumbre”, ha señalado.

En primer lugar, el texto crea dos vías de acceso para los productos que viajen desde Gran Bretaña a Irlanda del Norte. Un “pasillo verde”, para aquellos cuyo destino final sea el territorio norirlandés, que estarían libres de controles aduaneros y sanitarios. Y otro “pasillo rojo” para los que van dirigidos a la República de Irlanda, a los que se impondrían las normas del protocolo.

“Creo que la UE está siendo inflexible en su planteamiento, pero el Gobierno británico debería insistir en convencer a través de diplomacia y negociaciones”, ha dicho Tony Danker, director general de CBI, la principal patronal del Reino Unido. “Es bastante incendiario saltarse de modo unilateral una obligación internacional, y regresar a una retórica política inflamada, cuando todas estas propuestas de pasillos verdes o rojos podrían abordarse por los equipos técnicos de ambas partes”, ha reclamado Danker.

En segundo lugar, la nueva ley permitiría que las empresas norirlandesas pudieran escoger libremente las normas de calidad de sus productos, para adaptarse a la regulación comunitaria o a la británica.

En tercer lugar, se impondría una armonización fiscal entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. Es decir, si Londres decidiera reducir su impuesto sobre el valor añadido (VAT, en sus siglas inglesas), también lo haría en territorio norirlandés, a pesar de estar dentro del Mercado Interior de la UE. Si el Gobierno de Johnson quisiera además ofrecer ayudas y subvenciones a determinadas empresas, podría hacerlo sin contar con el consentimiento de Bruselas.

Y finalmente, la disposición más incendiaria de la nueva ley: el Tribunal de Justicia de la UE perdería su papel supervisor de las reglas del Mercado Interior en territorio norirlandés. Para el ala dura euroescéptica de los conservadores, era el principal caballo de batalla. No toleraban la idea de un tribunal “extranjero” interfiriendo en territorio británico, aunque el TJUE tuviera sobre todo un papel técnico y garantista. Nada que ver con una supuesta usurpación de soberanía o jurisdicción.

Mecanismo de arbitraje

Londres propone ahora un mecanismo de arbitraje que sustituya la función del tribunal, una solución similar a la que se adoptó en el Tratado de Libre Comercio negociado por ambas partes, que evitó un Brexit duro.

El movimiento del Gobierno de Johnson agita la amenaza de una guerra comercial con la UE, y está por demostrar que tenga algún beneficio. El Partido Unionista Democrático (DUP) mantiene bloqueadas las instituciones autonómicas de Gobierno. Culpa al protocolo, una nueva “traición” de Londres que acerca más la posibilidad de una reunificación de Irlanda, de sus problemas internos. A principios de mayo, los republicanos del Sinn Féin, durante décadas el brazo político de la organización terrorista IRA, obtuvieron una histórica victoria en las elecciones de Irlanda del Norte. Según lo establecido en el Acuerdo de Viernes Santo, el partido más votado ocupa la silla de ministro principal, pero el puesto de viceministro principal corresponde al segundo partido. Era el modo de asegurar un reparto equitativo de poder y un equilibrio entre republicanos y unionistas, o desde otra perspectiva algo menos vigente, entre protestantes y católicos.

A pesar de la rotunda oposición del DUP al protocolo, su visión no es la predominante en Irlanda del Norte. Una mayoría de sus diputados autonómicos, 52 de 90, ha enviado una carta a Johnson en la que le acusa de ir en contra, con su decisión, “de los deseos de la mayor parte de empresas y de ciudadanos norirlandeses”. Los firmantes del texto son miembros del Sinn Féin, del Partido Laborista y Socialdemócrata y de Alliance. Esta última formación, la tercera más votada en mayo, no se define por ninguno de los bandos.

El Gobierno de Johnson ha intentado arañar el compromiso de la formación unionista de que volverá a colaborar, ayudará a elegir un nuevo presidente de la Asamblea Autónoma y designará un viceministro principal, a cambio de que Downing Street impulse en el Parlamento la ley que desguaza el Protocolo de Irlanda del Norte. Contentar al DUP sería contentar también a los euroescépticos, firmes defensores de la integridad territorial del Reino Unido. Pero ni siquiera ese compromiso está claro, porque el DUP es muy consciente de que la ley tiene por delante un trámite que puede prolongarse un año, y muchos obstáculos parlamentarios y judiciales por delante. “Queremos ver cómo avanza el texto legal en el Parlamento antes de tomar una decisión”, ha indicado el líder del partido, Jeffrey Donaldson. En la Cámara de los Lores, muchos de sus miembros afilan ya los cuchillos para frenar un texto que consideran tremendamente dañino para la reputación internacional del Reino Unido.

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