La Misión de la ONU continuará investigando violaciones de derechos humanos en Venezuela

Los miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas decidieron el viernes renovar dos años más el mandato de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela, a pesar de las amenazas del chavismo de condicionar las relaciones bilaterales con los países que lo apoyaran. Los tres informes que ha emitido la misión han sido de los golpes más fuertes que ha recibido el Gobierno de Nicolás Maduro, que lucha por abrirse a la comunidad internacional tras la condena por su deriva autoritaria.

Con 19 votos a favor, cinco en contra y 23 abstenciones se ha aprobado la resolución que semanas atrás propuso Paraguay y acompañaron Brasil, Canadá, Chile, Guatemala, Perú y Ecuador. El Gobierno de Maduro obtuvo el apoyo de sus aliados habituales: China, Cuba, Bolivia, Eritrea y su propio voto de rechazo a dar continuidad de las investigaciones que una semana atrás el representante de Venezuela, Héctor Constant, calificó de “fake news”. Entre las abstenciones se encuentran algunos de los países latinoamericanos que han virado su posición sobre el arrinconado chavismo. Entre ellos destacan Argentina, que preside el consejo, México y Honduras, con gobiernos que recientemente han retomado relaciones plenas con Miraflores, luego de que llegaran al poder mandatarios de izquierda.

En la resolución se expresa la preocupación por las continuas y graves violaciones y abusos de los derechos humanos en Venezuela y señalan su “impacto desproporcionado en los derechos de las mujeres, los niños, los pueblos indígenas, las personas mayores y las personas con discapacidades”, y que “más de 6,8 millones de personas se han visto obligadas a abandonar el país” por la profunda crisis. Los firmantes se acogen a los informes presentados por el Alto Comisionado de Derechos Humanos y exhortan a Venezuela a cumplir las recomendaciones de los tres informes de la misión.

La renovación del mandato ha tenido respaldo entre las ONG que documentan la situación de los derechos en Venezuela y el mundo. “Es un paso importantísimo para mostrar que existe un consenso en las democracias del mundo de que la gravedad de la situación en Venezuela continúa”, dijo a EL PAÍS Tamara Taraciuk, subdirectora para Américas de Human Rights Watch. “A pesar de los esfuerzos del régimen por torpedear su trabajo, la misión logró establecer evidencias muy importantes y fue justo después de los dos primeros informes sobre las evidencias de crímenes de lesa humanidad y la complicidad del sistema de justicia en esas violaciones que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional decidió abrir su investigación sobre Venezuela. La justicia es lenta, pero los esfuerzos por documentar violaciones eventualmente rinden frutos”.

Taraciuk reprocha, sin embargo, la posición abstencionista de Argentina durante el Consejo, que en otro tiempo promovió las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela. “No todos los gobiernos están dispuestos a basarse en los hechos. Pero estamos hablando de derechos que son universales y no deberían importarnos sus ideologías”.

La representante de HRW destaca que los dos años en los que la misión continuará su mandato coinciden con el período preelectoral, “en los que en el pasado se ha visto como aumentan las violaciones de derechos humanos”. La comunidad internacional y la oposición, después de varios intentos por lograr anticipadamente la salida de Nicolás Maduro del poder, han puesto en 2024 la fecha para un posible desenlace al conflicto que también ha propiciado una emergencia humanitaria en la que están atrapados la mayoría de los venezolanos.

“El futuro de la democracia va a estar dado por una negociación política entre autoridades y la oposición, pero si miramos atrás el Gobierno ni se ha sentado a negociar ni ha dado concesiones voluntariamente. Lo ha hecho solo con presiones internacionales y la amenaza sobre un proceso penal real ha sido fundamental para crear estas condiciones”, agregó Taraciuk.

La próxima semana se cumple un año desde que se paralizaron las conversaciones que las delegaciones del chavismo y la Plataforma Unitaria que reúne a varios sectores de la oposición iniciaron en México con auspicio de Noruega. Los representantes de Maduro decidieron levantarse de la mesa, luego de la extradición del empresario colombiano Álex Saab a Estados Unidos, quien es señalado como un testaferro del entorno del mandatario venezolano.

Tanto Washington como Bruselas han continuado presionado para que se retomen las negociaciones, pero han rebajado la presión hacia el país petrolero, en un contexto en el que mercado energético mundial está trastocado por la guerra de Rusia contra Ucrania. Las últimas semanas Maduro se ha apuntado algunas victorias en la pugna geopolítica al lograr la liberación de dos sobrinos de su esposa Cilia Flores condenados por narcotráfico en Nueva York, que fueron intercambiados por prisioneros estadounidenses, en una inusual negociación de la Administración de Joe Biden, así como el levantamiento de sanciones para otro de sobrino, alto funcionario de su gabinete. El restablecimiento de las relaciones con Colombia, tras el triunfo de Gustavo Petro, y su designación como garante en las negociaciones de ese país con la guerrilla del ELN también han reconfigurado la imagen de Maduro, al tiempo se le ha señalado en el reciente informe de la ONU como ordenante de detenciones arbitrarias y torturas contra la disidencia venezolana.

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