Míchigan, el laboratorio en el que se juega el futuro del aborto en Estados Unidos

Loren Khogali iba de un lado a otro el domingo pasado por un criminalmente tranquilo suburbio de Plymouth, a media hora de Detroit. “Sí a la Propuesta 3. Restauremos Roe”, rezaba su sudadera morada. Armada con un taco de folletos y un teléfono móvil en el que consultar las direcciones de votantes registrados para saber qué puertas tocar, sorteaba los montones de hojas secas de una casa unifamiliar engalanada para Halloween a la siguiente. Probaba con demócratas y republicanos por igual. Las de los vecinos sin historial de voto quedaban descartadas. También las viviendas con carteles contra el aborto en el porche o el jardín. “Prefiero no perder un tiempo que podría aprovechar con un indeciso”, explicó. “Lo primero es asegurarnos de que piensan acudir a votar y que entienden lo que está en juego, y luego darles la información necesaria. A veces se producen interesantes intercambios de opiniones”. Al término de una breve conversación con cada vecino que abría la puerta, la activista deslizaba un folleto con la forma de una de esas advertencias de “No molestar” de los hoteles, y seguía su camino.

Khogali es directora ejecutiva en Míchigan de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU son sus siglas en inglés). Junto a Planned Parenthood Advocates of Michigan, brazo de la principal proveedora de servicios de salud reproductiva en Estados Unidos, la ACLU es una de las organizaciones progresistas asociadas en la coalición Libertad Reproductiva para Todos. Defienden la Propuesta 3, que promueve una enmienda a la Constitución del Estado para, entre otras cosas, proteger el derecho de las mujeres a decidir. Si prospera en las urnas el 8 de noviembre, cuando se vota el referéndum junto a los cargos (de gobernadora a fiscal general) que están en juego en las reñidas elecciones legislativas, evitaría que entre en vigor una ley de 1931 que prohibe totalmente el aborto, también en los casos de incesto, violación y amenaza para la salud de la madre (solo permite intervenir si la vida de la gestante está en peligro).

La propuesta persigue garantizar que “toda persona” pueda disfrutar de su “derecho fundamental a la libertad reproductiva”. Eso incluye blindar el aborto, deseado o espontáneo, sí, pero también la libertad para elegir sobre la atención prenatal, el parto, la atención posparto, la anticoncepción, la esterilización y los tratamientos de infertilidad. También da poder a los legisladores para prohibir o regular la interrupción del embarazo tras la viabilidad del feto, pero les impide perseguir cualquier aborto que un médico considere necesario para “proteger la vida o la salud física o mental” de la embarazada después de ese límite (supuestos que se dan en el 0,2% de los casos, según las asociaciones médicas).

Quienes se oponen a la Propuesta 3 se agrupan en una coalición llamada Ciudadanos en apoyo de las mujeres y niños de Míchigan y consideran que es “confusa” y “demasiado extrema”. “Va muy lejos”, según explicó el lunes por teléfono una portavoz. Advierten que el cambio constitucional afectará a 41 leyes estatales, que tocan asuntos como “el consentimiento paterno, la prostitución o la clonación humana”. También consideran que es peligrosa porque habla de “individuos”, lo cual incluye a los menores de edad, y que “podría acabar con las normas que fijan una edad mínima para mantener relaciones sexuales”. Uno de sus folletos dice: “El abuso infantil podría dejar de ser un crimen. Además, extiende los mismos derechos de los niños a abortar a las terapias de cambio de sexo. Si tu hijo quisiera empezar a tomar píldoras para bloquear la pubertad, podría hacerlo sin que lo supieras”.

Lo cierto es que el texto no es confuso. Más bien al contrario: resulta bastante claro (para ser un texto legal). Y no habla de estupro, prostitución o clonación. Los defensores de la propuesta acusan al Partido Republicano de “desinformación”. “Son todo mentiras, y lo saben”, explicó Khogali.

Antes de que se permitiera la celebración del referéndum, el congreso y el senado estatales, con una estable mayoría republicana desde hace cuatro décadas, estaban dispuestos a sacar la vetusta norma de 1931 del cajón en el que terminó tras la sentencia Roe contra Wade con la que el Tribunal Supremo reconoció en 1973 el derecho federal al aborto hasta la semana 24, cuando los médicos fijan la viabilidad del feto. En junio pasado, la más alta instancia judicial de Estados Unidos tumbó ese precedente de medio siglo y dio libertad a los Estados para legislar sobre el tema. La gobernadora demócrata Gretchen Whitmer, que se juega el cargo, bloqueó, junto a los tribunales, su entrada en vigor. La movilización ciudadana, que reunió firmas para forzar el voto, hizo el resto.

Si los electores dicen sí, este Estado, junto a Illinois y Minnesota, se convertirá en un oasis en mitad del desierto antiabortista del Medio Oeste. Planned Parenthood cuenta con 14 clínicas en Míchigan, según confirma Gabriela Sullen, que está dedicada a los programas de movilización de la organización sin ánimo de lucro y trabaja con especial atención a las comunidades no blancas. Los centros de salud, dijo, han visto cómo “crecía el número de pacientes llegados de otros lugares”. “Por suerte”, añadió, “las listas de espera se han reducido a dos semanas, pero llegaron a ser de cuatro”.

Sullen atendió a EL PAÍS el sábado en la sala de ensayo de la banda del instituto del noroeste de Detroit en el que Barack Obama ofreció un mitin en apoyo de Whitmer y otros candidatos demócratas. A su lado estaba Nicole Wells Stallworth, directora ejecutiva de Planned Parenthood Advocates of Michigan, el brazo de la filial dedicado a la acción política y la abogacía. “La ley de 1931 prevé penas de hasta 14 años a quien practique un aborto”, aclaró esta, “y eso incluye a los se traten un aborto espontáneo. Implica privar a la gente de Míchigan de un derecho sanitario fundamental, pero también de la privacidad sobre sus decisiones médicas. Y dejará a los doctores en un limbo legal, sin saber cómo actuar ante las complicaciones que se pueden dar en cualquier embarazo”. Stallworth recordó que empezaron la campaña el pasado mes de enero, recogiendo firmas y trabajando para fijar el texto para que pudiera ser sometido a votación. Cuando se filtró en mayo el borrador de la sentencia que tumbó el aborto, apretaron el acelerador. Finalmente, presentaron 753.759 firmas en julio. Habría bastado con 425.059. Según las últimas encuestas, un 64% votará a favor de la Propuesta 3.

Míchigan no es el único lugar en el que el próximo martes se celebra un referéndum al respecto: California, Kentucky, Montana y Vermont también tienen previsto hacerlo. Pero, precisamente por esa movilización sin precedentes, esta es, sin duda, la elección más trascendental del país, una especie de laboratorio que puede dar una idea del futuro del aborto en Estados Unidos. Tanto, como lo fue en agosto la de Kansas, que votó por blindar su protección en un Estado decididamente republicano. Ambas partes han aportado aquí unos 57 millones de dólares (una cantidad similar en euros) para convencer a los suyos, según datos oficiales. Todo un récord: es más que la suma de lo invertido en el resto de los enfrentamientos que se dirimirán en las urnas.

Más allá de los lugares en los que se vota específicamente, el aborto es uno de los temas decisivos de estas elecciones, en las que está también en juego el control del poder legislativo (se renuevan los 435 escaños del Congreso y un tercio de los del Senado), así como el futuro de la Administración de Joe Biden, que podría quedar amortizada a mitad de camino si los republicanos recuperan ambas cámaras, o solo la baja. Antes del verano, las perspectivas demócratas eran aún más sombrías, pero la sentencia que tumbó Roe les brindó una valiosa oportunidad. El partido quiere creer que la libertad reproductiva movilizará a los votantes, especialmente a las mujeres. Una fuente demócrata, que pidió no ser citada por su nombre, deslizó recientemente la siguiente teoría: “Las elecciones de medio mandato siempre son una manera de castigar a quien está en el poder. Pero hoy en día este país lo dirige en gran medida el Supremo, así que esperamos que el voto sea contra ellos”. El tribunal tiene una supermayoría conservadora de seis jueces contra tres, gracias a que Donald Trump consiguió colar tres magistrados en solo cuatro años. Otro récord.

Lo cierto es que una encuesta tras otra viene a desmentir esa ilusión demócrata. La inflación, y la situación económica en general, es la principal preocupación de los votantes estadounidenses. En eso coinciden todas, vengan de un lado o de otro. ¿El aborto? Depende: la última, de la venerable Gallup, lo sitúa en el segundo puesto de las inquietudes de los electores, pero hay otras que lo relegan a puestos más bajos. Los republicanos llevan toda la campaña tratando de evitar el tema y de poner el foco en la economía y la criminalidad y, repentinamente, muchos candidatos han escondido o suavizado sus posturas contra la libertad de elección, que pueden resultar contraproducentes también entre una parte de sus simpatizantes.

Para combatir esa retórica, la gobernadora Whitmer ha tratado de subrayar la importancia del aborto más allá de los aspectos sanitarios. La última vez lo hizo el sábado en el mitin en el que recibió el apoyo de Obama. “Quien no piense que también es un asunto económico es que no tiene útero”, sentenció Whitmer, que se enfrenta a Tudor Dixon. Dixon es una feroz antiabortista, recibió el apoyo de Donald Trump en las primarias y cree firmemente en las teorías, que se han demostrado una y otra vez falsas, del fraude electoral en 2020. Las encuestas dan ventaja a la demócrata.

Stallworth abundó después en esa idea: “Por supuesto que es un tema económico. Un embarazo en este país puede costar hasta 30.000 dólares si careces de seguro médico. Decidir ampliar la familia o no también afecta al bolsillo de la gente, sobre todo en las zonas rurales y entre las personas de color. O puede sencillamente significar que tengas que interrumpir tus estudios”.

Dixon ofreció el sábado por la tarde su propio mitin, más modesto, en una iglesia católica albanesa en la ciudad de Southfield. Lia Joseph, de 30 años, acudió al acto acompañada de su marido, tocado por una gorra roja con el acrónimo MAGA (el eslogan trumpista Make America Great Again), y sus cinco hijos. “Sin ninguna duda, estoy en contra de la Propuesta 3″, dijo. “No solo pretende establecer el aborto en el Estado, sino que es muy radical a la hora de quitar la libertad de decisión de los padres sobre sus hijos. El texto está lleno de subterfugios”, dijo. “El resumen que ofrecen en la papeleta es muy amable, pero solo es un truco”, argumentó Bill Lobur, que llevaba una camiseta con la efigie de Ronald Reagan, junto a una cita del expresidente: “Cualquiera que apoye el aborto no se da cuenta de que ha nacido”. “[En la Propuesta 3] no se contemplan restricciones de ningún tipo, e irá directo a nuestra constitución, de modo que será muy difícil de revertir. Tengo una hija que, si hubiese sido por la madre, habría sido abortada, pero entonces no era posible en Míchigan. Ahora no viviría. Así que para mí esto también es personal”.

A las puertas del mitin, un camión de la campaña de Dixon escupía canciones patrióticas a todo trapo y reproducía en un luminoso mensajes antiabortistas que sugerían que con la nueva ley los menores podrán esterlizarse o cambiar de sexo sin el consentimiento paterno. A su lado, una docena de mujeres portaban carteles en favor del derecho a decidir y se quitaban la palabra las unas a las otras para dejar claro que “la propuesta no dice nada de todo eso”. “Son putas mentiras”, añadían. Una de ellas, Julie Campbell, explicó que se había implicado en la recogida de firmas desde el invierno pasado, “cuando todo estaba aún cubierto por la nieve”: “Saben que somos muchos más los que rechazamos que este país retroceda en el tiempo, y por eso recurren a esas falsedades. Queremos los mismos derechos para nuestras hijas y nietas que tuvimos nosotras, es así de sencillo. Estamos hablando de derechos humanos”.

Al día siguiente, mientras Khogali consultaba su móvil para averiguar qué puerta tocar a continuación, una mujer mayor se asomó a su balcón y le preguntó si sabía lo que decía realmente la Propuesta 3. “Yo me he leído las 30 páginas, y he visto que permite que los niños vayan al colegio un día y decidan tomar medicamentos [de reasignación de género] que cambiarán sus vidas para siempre”, agregó. “No, señora, el texto no dice nada de eso”, contestó Khogali. “¿Está segura?”, siguió la vecina. “Al 100%”, repuso la activista. “Pues yo estoy segura de lo que he leído”.

Claramente, no fue uno de los “interesantes cambios de opiniones” a los que se refería Khogali. “Pues muy bien, como en esta comunidad no está permitido el proselitismo creo que deberíais marcharos inmediatamente, o llamaré a la policía”, amenazó la mujer. “Estupendo muchas gracias”, contestó Khogali sin perder la compostura. Y siguió su camino.

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