“Estamos preocupados por Perú: si no se dialoga habrá más violencia”
Stuardo Ralón, vicepresidente de la CIDH, observa un deterioro del debate público y una estigmatización hacia un sector de la población
Desconfianza hacia las instituciones, deterioro del debate público y estigmatización hacia un sector de la población son algunos de los apuntes con los que el comisionado Stuardo Ralón describe los días de terror en el Perú. Entre el 11 y el 13 de enero, junto a una delegación, pudo visitar las regiones más afectadas por la represión de las fuerzas del orden como Juliaca, Ayacucho y Cusco. La misión: escuchar a todas las voces —desde la presidenta Dina Boluarte hasta los familiares de las víctimas — y establecer un diagnóstico para acabar con este clima de violencia que se ha cobrado la vida de más de 50 peruanos, y ha ocasionado cerca de 700 civiles heridos, y 442 policías con lesiones. El conflicto se inició el 7 de diciembre con la detención y la destitución de Pedro Castillo como presidente del país tras dar un autogolpe.
Pregunta. ¿Con qué sensación se fue de Perú?
Respuesta. Percibimos mucho dolor. Estuvimos con familiares de víctimas y personas heridas. Hay muchas pérdidas de vidas por arma de fuego y también un sentimiento de que ha existido un abandono hacia las regiones del sur, donde hay concentradas muchas condiciones de pobreza y falta de infraestructura. Ellos no creen en las autoridades. Por otro lado, estamos muy preocupados en que han habido actos de violencia que han tenido una escalada. Hay heridos en las fuerzas de seguridad, y quema de sedes del ministerio público. Pero esta parte violenta no representa la mayoría de las personas que están protestando. Es importante que se investigue y se pueda detener la violencia en Perú.
P. ¿Cómo se alcanza la unidad y la paz? Se lo pregunto porque hay quienes creen que se consigue con el uso de indiscriminado y desproporcionado de la fuerza.
R. La manera de salir de esta crisis es una ruta donde haya un diálogo amplio donde se escuchen todas las voces. El producto de ese diálogo tiene que ser algún tipo de acuerdo. Acuerdos jurídicos, políticos. Y siempre debe respetarse el Estado de Derecho. Esas salidas de diálogo son una fórmula para que la violencia termine, para que las propuestas se abran paso. Nosotros como Comisión no damos en sí una ruta política de alguna decisión que se tenga que tomar, pero instamos a un urgente diálogo amplio donde estén los representantes de las comunidades indígenas, campesinas, regionales más otros actores como gremios empresariales, partidos políticos. Todas las voces. Es un momento muy complicado para Perú. De no darse ese diálogo, lo que se ve venir son más escenarios de violencia y enfrentamiento.
P. Durante las primeras conclusiones de su visita expuso una carencia que arrastramos en justicia. El déficit de fiscales especializados en Derechos Humanos. ¿Cuántos tenemos y cuántos deberíamos tener?
R. Serán fundamentales las investigaciones que se realicen sobre lo ocurrido. Y son investigaciones que deben hacerse con un enfoque de derechos humanos. Sin embargo, no existe una cobertura nacional de fiscalías con enfoque de derechos humanos. Hay una deficiencia de cobertura de personal especializado. Y sobre esa base serán las autoridades nacionales las que deberán hacer cumplir protocolos en la toma de testimonios. Verificar que los protocolos fueron respetados al realizar las necropsias. Además, viene una etapa muy importante que son los protocolos de las tomas de pruebas balísticas para establecer de qué armas salieron los proyectiles.
P. Pero lo cierto es que tenemos poca capacidad operativa para investigar cada una de las muertes durante las últimas protestas.
R. En este momento la capacidad está instalada en Lima y tendrían que desplazarse y dar apoyo a lo ocurrido en las regiones. La Fiscalía de Derechos Humanos no tiene la cobertura a nivel nacional. No está en Juliaca, donde hubo 19 fallecidos. Se requiere un esfuerzo extraordinario y es algo de lo que estaremos solicitando información. Y también verificando y denunciando para garantizar la independencia de las investigaciones.
P. ¿Podría afirmar que se ha vulnerado el derecho a la protesta en el Perú?
R. Podemos afirmar en este momento es que son múltiples las denuncias de un excesivo uso de la fuerza. Tienen que investigarse los hechos. Y con relación a la protesta se debe separar la violencia que hemos condenado, que no es la mayoría, del derecho de protesta y manifestación pacífica que debe ser garantizado y que los estados de excepción que se impongan no deben tener como finalidad silenciar las voces. Se han dado 477 acciones de protestas, donde han habido 68 hechos graves de violencia.
P. ¿La Comisión ha identificado una estigmatización hacia los protestantes por el lugar donde nacieron, sus apellidos y el color de su tez?
R. Sí, lo hemos condenado y señalado. Hay un deterioro en el debate público, en el discurso, hay generalicaciones donde se utilizan los términos terroristas, terrucos, senderistas, incluso indios como un descalificativo de estigmatización y discriminación que alimentan la violencia y dañan a ciudadanos peruanos que desarrollan sus proyectos de vida que están alejados de cualquier situación contraria a la ley. Se sienten ofendidos. Estos factores étnico-raciales de estigmatización están presentes y nosotros hacemos un llamado a que se detengan este tipo de expresiones porque más que pacificar, alimentan conflictos y son una conducta totalmente condenable.
P. En ese sentido, ¿percibió poca atención o cobertura de los medios de comunicación hacia las muertes de los peruanos del sur del país?
R. Vimos una cantidad de medios que no enfocaban sus primeros pronunciamientos respecto de las muertes, sino a un tipo de análisis político o de enfoque de seguridad, invisibilizando la situación del drama humano que se vive en el interior. No son todos los medios. Pero nos llamó la atención que hay dos grupos de medios: unos que están más atentos a lo que pasa en las comunidades, en los sepelios, en el dolor, en los reclamos y otros que lo analizan desde una perspectiva de seguridad, de análisis político. Existen dos enfoques diferentes para la misma realidad. Es muy marcado.
P. ¿Lima debe escuchar más a las regiones?
R. Tiene que haber una escucha entre las partes. Que no se vea a Lima como algo ajeno a lo que está pasando. En ese diálogo amplio se debe saber escuchar y respetar. Nosotros no señalamos esta ruta política. La escucha debe ser sincera, de buena fe, que finalice con acuerdos que permitan descompresionar la alta tensión y clima de posibles hechos de violencia.
P. Hubo una visita antes de la CIDH entre el 20 y 22 de diciembre. Ya había fallecidos. ¿En ese momento era optimista respecto al conflicto? O sea, ¿creyó que el fuego cesaría?
R. Siempre ha estado la preocupación de que la violencia va en incremento. En diciembre el escenario que se veía venir era complicado. Y le digo: después de haber terminado esta visita nosotros estamos sumamente preocupados porque en el mismo desarrollo de la visita hubo situaciones en Cusco que generaron que dos personas perdieran la vida. Si no se abre el diálogo pueden haber más vidas que lamentar.
P. Se reunió con los familiares de las víctimas. Esa debe ser la parte más sentida de su labor indudablemente. ¿Qué fue lo que más le impactó de esos encuentros?
R. Las descripciones de los testimonios y el testimonio de vida que dejaron hacen notar que eran personas que se dedicaban a sus estudios o a ganarse la vida en el trabajo diario. Esa es la caracterización de las víctimas. Esto se dio en un ambiente de dolor e indigación. Los familiares nos dijeron: en Lima dicen que todos somos terrucos, violentistas. Eso no es cierto. Queremos que nuestra voz se escuche. Ese fue el tipo de testimonios que recibimos.
P. Convengamos que ese terruqueo no es una exclusividad del Perú, sino en varias partes de la región...
R. Hay un clima complicado en la región. El problema son las generalizaciones. Señalamientos que buscan dañar y silenciar ciertas voces. Si hubiera un grupo específico que quisiera socavar la institucionalidad, una organización criminal, pues para eso están los procedimientos de investigación. Pero no se puede generalizar a toda una región por pensar de distinta manera.
P. El mismo dia que la comision de la CIDH se marchaba, por la noche la presidenta pidió disculpas a la ciudadanía por el manejo de la crisis. Pero se tardó más de un mes y no lo hizo directamente hacia los familiares de las víctimas. ¿Qué opina de ello?
R. En la conferencia de prensa que dimos el viernes nos hicieron la pregunta si la presidenta debería disculparse. Nuestra respuesta inmediata es que efectivamente como representante de la unidad nacional es lo que le corresponde. Debe tener empatía con las víctimas y disculparse no es aceptar una responsabilidad directa como tal, pero sí establecer los lazos de empatía básicos para un posterior diálogo.
P. ¿Se llegó a reunir con la presidenta?
R. Sí, fue una extensa reunión de una hora y media. Nos hizo una explicación de su interpretación de los acontecimientos. Fue un espacio de escucha para nosotros.
P. No sé si tocaron el tema de una forma tan directa. Pero en todo caso, ¿la presidenta les aseguró que no habrían más muertos?
R. La presidenta nos aseguró que ella no había dado ninguna orden de disparar armas de fuego. Y lo otro es que las fuerzas de seguridad actuarían en el marco de los estándares interamericanos. Es decir, legalidad y proporcionalidad. Fue algo que se habló mucho, pues en esa reunión hubo varios ministros.
P. No sé si estuvo al tanto, pero algunos voceros, como el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, afirmó que la CIDH se ha convertido en “un órgano político de la izquierda en el continente”, y que por eso él no asistió a estas reuniones porque para él “es una pérdida de tiempo conversar con ustedes”. ¿Le sorprenden esas declaraciones?
R. Solo puedo indicar que la labor que realizamos es una labor totamente objetiva, haciendo referencia a lo que escuchamos de ambas partes, y siendo lo más ponderada posible.
P. En las últimas horas se han detenido a personas por supuestamente integrar una nueva facción de Sendero Luminoso. Como parte de ese operativo se ha buscado en las bibliotecas de estos sospechosos libros de Marx, Lenin o Stalin. ¿Qué opina de que haya regresado la persecusión contra los libros?
R. Cada persona es libre de elegir el tipo de lectura que le agrada o las ideas que comparte. Deben haber investigaciones serias.
P. Claramente, la sociedad peruana no se está escuchando entre sí. Pero esta es una grieta desde los inicios de la República. ¿Por qué ahora tendría que ser distinto, señor Ralón?
R. Los Estados deben ir buscando fortalecerse sus democracias. Cuando no hay diálogo lo que existe es violencia. Existe un costo muy grande de no atender la amplia necesidad del sur y de otras regiones del Perú. Costo en vidas, costo en posibilidades de desarrollo integral, de proyectos de vida de la ciudadanía. La situación amerita que el Estado haga funcionar sus instituciones para atender el bienestar de todos los ciudadanos y especialmente de los que han sido excluidos y abandonados por muchos años.
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