Las vallas dividen a Europa: radiografía de los muros con los que la UE trata de contener la migración irregular

El viejo fantasma de los muros acecha de nuevo a Europa. Tres décadas después de la caída del muro de Berlín, resurge un polémico debate: ¿Debe la Unión Europea levantar vallas y alambradas para proteger sus fronteras exteriores? La realidad es que ya lo está haciendo —en los últimos ocho años los Estados miembros han construido más de 1.700 kilómetros de murallas— aunque no para protegerse de tanques o soldados, sino de migrantes y refugiados. Pero la clave ahora es quién lo paga, si los fondos europeos deben financiar las barreras de cemento, acero y cuchillas, como ya financian la compra de radares o drones. La discusión es agria, pero las conclusiones de la última cita del Consejo Europeo, el pasado 9 de febrero, sugieren que los partidarios de la mano dura también ganan terreno en este debate.

La Comisión Europea, y países como España o Alemania, se resisten a que el dinero comunitario sirva para levantar más muros, creen que hay herramientas más efectivas para frenar la inmigración irregular. Pero el bloque a favor, con el grupo de Visegrado a la cabeza —República Checa, Polonia, Eslovaquia y Hungría— y el respaldo de Italia, Grecia y Austria, recurre a la lógica doméstica: hay que construir puertas para poder cerrarlas. En el fondo, el asunto es mucho más trascendente. Se trata de hacia dónde se dirige Europa ante el desafío migratorio, presente y futuro, y de si va a seguir endureciendo sus políticas para abordarlo. De momento, todo apunta a que sí.

La tentación de dividir el mundo en parcelas de tierra y mar nunca ha dejado de estar presente en la Unión Europea, que se ha construido eliminando fronteras internas mientras fortificaba las externas. El nerviosismo resurge con cierta frecuencia. Acaba de hacerlo, pero el anterior episodio fue tan solo poco más de un año antes, cuando en octubre de 2021 los ministros del Interior de 12 países se dirigieron por carta a la Comisión Europea reclamando que debía ser una “prioridad” estudiar cómo financiar “barreras físicas” para las fronteras exteriores.

Las barreras físicas protegen parte de la frontera exterior europea desde hace décadas. Las de Ceuta (1993) y Melilla (1996) fueron de las primeras, pero se han multiplicado hasta cubrir más de 2.000 kilómetros. Bulgaria, por ejemplo, el país más pobre de la Unión, mantiene una valla que cubre el 98% de su frontera con Turquía. La crisis de los refugiados de 2015, con la llegada de más de un millón de personas que huían, sobre todo, de la guerra de Siria, justificó un nuevo ímpetu en construir muros para frenar a quien intentaba entrar en el continente. Las vallas se multiplicaron en Hungría, Letonia, Eslovenia, Austria y hasta en Francia.

Años después, con los flujos migratorios en cuotas relativamente bajas, Europa vio cómo socios y vecinos explotaban la inmigración como arma para desestabilizar el continente y reclamar concesiones. Ocurrió en 2020 cuando Turquía abrió fronteras y amenazó con la llegada de millones de refugiados o cuando Marruecos dejó que más de 10.000 personas se colasen en Ceuta en mayo de 2021. El último episodio, bautizado en términos bélicos como “amenaza híbrida”, se vivió en el verano y otoño de 2021, cuando Bielorrusia promovió la entrada de decenas de miles de personas en Polonia, Lituania y Letonia. La respuesta fue construir o ampliar nuevos muros de cientos de kilómetros entre los tres países y Bielorrusia. Ahora, la guerra en Ucrania ha resucitado los temores de algunos países a que Moscú añada la inmigración como arma contra Europa. Finlandia, el país con la frontera más extensa con Rusia, ya ha anunciado sus planes de construir una valla que lo separe del país soviético.

La Unión Europea no duda en invertir grandes sumas de dinero para frenar los flujos migratorios y sirven como ejemplo los 6.700 millones de euros que la Comisión ha destinado para la gestión de fronteras desde 2021 a 2027. Pero hasta ahora, pagar muros de acero coronados con concertinas era un tema tabú.

La directiva europea es ambigua y, aunque varias fuentes comunitarias consideran que no habría impedimento legal para hacerlo, la Comisión no quiere. El pasado 9 de febrero, la presidenta del Ejecutivo europeo, Ursula von der Leyen, volvió a insistir en que lo que se necesita es un “enfoque integrado” que implique la movilización —y refuerzo, ahí donde sea necesario— de Frontex, la agencia europea de fronteras, así como la financiación de infraestructura móvil y estática como torres con equipo de vigilancia o vehículos. Habla de infraestructuras, pero no de “muros” o “vallas” y se le tuerce el gesto cada vez que se los mencionan, como se pudo ver durante el último Consejo Europeo.

La Comisión no financia muros

Los muros, en cualquier caso, ya están dividendo ideológicamente a Europa. Von der Leyen diverge de las tesis de su familia política, el Partido Popular Europeo (PPE), uno de los principales partidarios de desempolvar el debate sobre las vallas. Pero el rechazo de la Comisión a destinar fondos europeos para erigir muros es también una posición pragmática, señalan fuentes comunitarias. Levantar vallados de miles de kilómetros costaría una fortuna que se podría dedicar a otros proyectos. Bruselas, cree, por ejemplo, que es mucho más eficaz invertir en acuerdos con los países de origen para que acepten el retorno de sus nacionales que entraron irregularmente en la UE.

Las tesis de quienes se oponen a apostar por los muros son similares: son caros, dividen y no solo no impiden que las personas los traspasen, sino que promueven la creación de nuevas rutas, más largas, más costosas y más peligrosas, con dos claros ganadores, las empresas que los construyen y los traficantes que los sortean. “Los muros y las barreras rara vez funcionan tan bien. Generan agravio e ira para los migrantes y brindan falsas esperanzas a las comunidades locales”, afirma Klaus Dodds, profesor de Geopolítica de la universidad londinense Royal Holloway. El experto cree que asumen “una importancia simbólica exagerada” y añade “los Gobiernos quieren que se vea que están haciendo algo, pero para las comunidades que viven a ambos lados de una frontera, como la zona fronteriza de EE UU y México, puede ser complicado, ya que las familias y las comunidades tienen vínculos con ambos lados y el muro actúa como una herida que no cicatriza”, mantiene Dodds, autor del libro Border Wars: The conflicts of tomorrow [Guerras fronterizas: los conflictos del futuro], aún sin traducción al español.

Gil Arias, exdirector ejecutivo de Frontex, también se declara un “escéptico” de las vallas. “Los obstáculos físicos nunca han tenido un efecto disuasorio radical. Ya lo hemos visto en Ceuta y Melilla a lo largo de estos años; si tienen la necesidad de saltar, lo hacen aun a riesgo de morir como ocurrió el 24 de junio en Melilla”, mantiene. Arias apuesta por que las fronteras se defiendan con Inteligencia y no con concertinas.

Los muros tienen también implicaciones directas en el respeto de los derechos y la dignidad de los migrantes y en su capacidad para pedir asilo cuando buscan protección. “Las vallas no distinguen entre personas que tienen derecho a pedir asilo o no”, lamenta Ainhoa Ruiz, investigadora del Centre Delàs, una entidad de análisis de paz, seguridad, defensa y armamentismo. “Financiar muros es una contradicción entre los valores que dice defender la UE y lo que realmente acaba haciendo”. Las tragedias, de hecho, se han sucedido en esas vallas, varias de las más trascendentes en las españolas. La última y más grave, el pasado 24 de junio, cuando al menos 23 personas murieron en su intento de cruzar la frontera de Nador con Melilla.

España se mantiene del lado de la Comisión y defiende que los muros no resuelven el desafío migratorio. Pero el discurso oficial español muestra, en la práctica, algunas de sus debilidades. A lo largo de los años, España no ha hecho más que invertir en reforzar y modernizar los casi 21 kilómetros de valla construidos en Ceuta y Melilla. La última inversión en el vallado acabó, por fin, con las concertinas que desgarraban la piel de los inmigrantes y adoptó un diseño que, según fuentes del Ministerio del Interior, haría imposible saltarlo. España esgrimió ante Europa que la nueva valla era más segura y menos lesiva, pero en paralelo Marruecos sembró de concertinas su lado de la frontera y cavó fosos de gran profundidad en los que los propios migrantes asumen que se romperán una pierna intentando traspasarlos. Aun con todo, en 2022, casi 2.300 personas sortearon irregularmente las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla. La tendencia al alza dura ya dos años.

En cualquier caso, los argumentos de Bruselas no convencen a aquellos países que piden mano dura. Se vio claro en la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Bruselas el pasado 9 de febrero. Liderados por Austria y Grecia, ocho países — incluidos Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania (que tiene la valla fronteriza más larga de Europa, 550 kilómetros a lo largo de su límite con Bielorrusia) y Malta— reclamaron avances “tangibles” para reforzar el control de la frontera común. Encima de la mesa estaba la petición, abanderada por Austria, de que la Comisión destinase 2.000 millones de euros de fondos de emergencia a reconstruir una valla más segura para la frontera de Bulgaria con Turquía. Y un contexto que genera nerviosismo: según Frontex, casi la mitad de las 330.000 entradas ilegales en territorio europeo durante 2022 se produjeron a través de la vía de los Balcanes occidentales desde Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Norte, Montenegro, y Serbia, un aumento del 136% respecto a 2022.

“No es lógico que la UE financie drones, tecnología o equipos de vigilancia, pero se niegue a financiar medios para defendernos; necesitamos un enfoque integrado y las vallas deberían ser incluidas en el paquete financiero”, dijo el primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis. “Austria es un país que considera que las barreras fronterizas son útiles”, apoyó el canciller Karl Nehammer.

El debate no se va a resolver fácilmente. Para el profesor Dodds el riesgo de esta discusión es que los muros y las vallas solo “inflamen aún más las pasiones” y se sigan aplazando debates más urgentes sobre el asentamiento a largo plazo de comunidades en todo el mundo afectadas por la guerra, los desastres naturales o el calentamiento global. Esa cuestión, que la Unión Europea debería abordar en su nuevo Pacto de Migración y Asilo, avanza a pasos mucho más lentos, en gran medida por las resistencias de quienes se sienten más seguros detrás de un muro.

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